El grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos, encabezada por Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, acusó a Grupo México de ser arbitrario
y no respetar normas ambientales ni laborales, y al gobierno federal de ser incapaz de hacer cumplir la ley por su urgencia de atraer inversiones.
En su informe más reciente, el grupo de trabajo determinó que la empresa propiedad de Germán Larrea Mota Velasco y las autoridades federales se acusan mutuamente para eludir la urgente remediación de los daños causados por el derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre al río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, que afectó a más de 22 mil personas.
Sulyandziga y Pesce afirmaron que solicitaron a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) interponer una querella contra la minera, pero la dependencia alegó que sólo podría asesorar o hacer recomendaciones.
El organismo señaló que el tanto el gobierno como las empresas violaron los derechos humanos al no vigilar el diseño y la ejecución de proyectos de gran escala y tampoco reparar los daños causados.
El Estado mexicano, sujeto a los intereses de empresas
El equipo de la ONU visitó Sonora en septiembre pasado, después de escuchar los argumentos de las partes involucradas. Se reunieron con los titulares de dependencias estatales y federales, directivos de Grupo México, organizaciones civiles y pobladores de la ribera del río Sonora.
Determinaron que ni el consorcio minero ni las autoridades federales están comprometidas para remediar los daños, a pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Profepa detectaron 55 irregularidades en las actividades de la empresa.
El Estado está sujeto a los intereses de las empresas. No se aplican políticas ni se cumplen compromisos de remediación
, apuntaron en el informe.
Las violaciones a los derechos de los pobladores de las localidades cercanas al río Sonora, indicó el grupo de trabajo, consisten en la nula remediación, reparación y compensación por daños económicos y ambientales, así como en los problemas de salud causados por el derrame.
Recordó que, a fin de evitar demandas penales y administrativas, Grupo México se comprometió a instalar 28 plantas de tratamiento del agua con tecnología de filtración de metales pesados y a construir una clínica para tratar a los afectados, pero no ha cumplido.
Subrayó que las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos, con independencia de la capacidad o voluntad de los estados.