Con la norma, el Gobierno no alteraría el mecanismo de participación ciudadana y al mismo tiempo facilitaría el desarrollo de proyectos extractivos.
Portafolio estableció que la estrategia del Ejecutivo se formuló luego de que desestimara , por razones de tiempo, la presentación al Legislativo de una ley de concurrencia con la que se pretendía sincronizar las competencias del uso del suelo por parte de los entes territoriales y las del subsuelo, que le corresponden a la nación.
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