(España).-Varias organizaciones ecologistas y plataformas, así como el alcalde de Villavieja de Yeltes, han acusado a la empresa Berkeley España de estar «especulando» con la construcción de una mina a cielo abierto de uranio en la provincia de Salamanca, un proyecto que, según indican, es «inviable económicamente» y generará graves consecuencias para el medio ambiente y la salud de la región.
La ONG de conservación de especies Grefa ha organizado este miércoles una visita a las localidades de Villavieja de Yeltes y Retortillo, donde Berkeley pretende construir una instalación radiactiva de nivel 1, que incluye una explotación minera de uranio y una planta de tratamiento y un almacén de este material.
En el encuentro han participado varias organizaciones locales contrarias al proyecto, entre las que figuran La Plataforma Stop Uranio, Ecologistas en Acción, el partido Equo, así como varios vecinos y el alcalde de la localidad de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez.
Según han sostenido todos ellos, el proyecto de construir la mina (que tiene el soporte de algunas localidades de la zona, como la de Retortillo) fue rechazado por Enusa cuando Berkeley presentó hasta cuatro informes de viabilidad porque, según dicen, estimaba el precio del uranio «muy por encima» de su precio de mercado en la actualidad.
«Berkeley es una empresa especuladora de recursos mineros. No es una empresa minera y no tiene ninguna explotación de ninguna mina en Europa. A lo que se dedica es a conseguir con ayuda de políticos los permisos y autorizaciones para venderlo a terceros, como empresas chinas y rusas, que vienen a destrozar el campo», denuncian desde Ecologistas en Acción, que inciden además en la necesidad de acabar con la energía nuclear para apostar por fuentes de energía renovables.
Además de la inviabilidad económica de la explotación, entre los argumentos que esgrimen los detractores del proyecto figuran sobre todo el impacto sobre el medio ambiente que, según dicen, tendrá la mina, que será construida en espacios protegidos por la Red Natura 2000 y que, según sostienen, son esenciales para especies protegidas como el galápago europeo y la cigüeña negra, así como para otros animales endémicos de la zona.
Junto con ello, inciden en los efectos de los vertidos de materiales peligrosos que creen generará la explotación minera en el río Yeltes (un río que, según explican, ya está en un estado «peor que bueno»), así como las partículas en suspensión de uranio y radón que generará la explotación y que podría afectar a la población y a la actividad ganadera y agrícola de la zona, según argumentan.
«La Junta de Castilla y León ha reconocido que tanto el río Yeltes como las especies de peces que contienen están en serio peligro de conservación. Es algo un poco incompatible con aprobar la explotación de uranio en esta zona», denuncia la bióloga Graciela Gómez Nicola, autora de un informe sobre los efectos del proyecto en la zona.
Además, los detractores del proyecto lamentan el apoyo de algunas administraciones a una explotación minera que durará solamente unos años pero que, según dicen, «hipotecará el suelo para otros usos» como la ganadería o como el balneario que hay en la zona y por los cuales, a su juicio, «se debería apostar».
ASEGURAN QUE NO TIENEN TODAVÍA PERMISOS SUFICIENTES
Por otra parte, pese a que la construcción de la carretera incluida en el proyecto de la mina fue paralizada en el mes de enero, según su versión, debido a una denuncia del Seprona, los responsables del proyecto siguen talando árboles en las dehesas en las que se ubicará la explotación y las instalaciones vinculadas a la misma.
En este sentido, la Plataforma Stop Uranio denuncia que el proyecto original que fue aprobado no incluía la construcción de una planta de tratamiento de uranio ni un almacén –algo que la empresa niega– y subrayan que la paralización el pasado mes de enero de la construcción de la carretera y de una excavación aledaña apoya la versión de que la empresa no tenía todavía permiso para llevar a cabo estas obras.
Además, se han mostrado convencidos de que el socavón de 25.000 metros cuadrados excavado frente a las oficinas de Berkeley España en el terreno no es, como dice la empresa, únicamente para extraer materiales con que construir la carretera y señalan que inicialmente iba a ser solamente una «cata de terreno», luego pasó a ser una extracción de material para la carretera y creen que luego albergará «un depósito de agua cruda» para la explotación minera.
Para las ONG y la plataforma contra la explotación minera, así como para el alcalde de Villavieja de Yeltes, la empresa ha actuado hasta ahora con la «connivencia» de otras administraciones y con el apoyo de la Junta de Castilla y León que, según dicen, «ha modificado la ley tres veces» para adaptarla a las necesidades del proyecto, incluyendo un cambio en la prioridad de la actividad minera en terrenos declarados como suelo rústico.
Igualmente, señalan que la UE «no ha recibido información» suficiente para valorar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista medioambiental y aseguran que, además de que en el terreno hay varios programas financiados por la UE para la recuperación del medio ambiente, el proyecto minero «vulnera al menos dos directivas europeas: la directiva marco de aguas y la directiva de hábitats» que «hay que cumplir sí o sí».
«Yo no digo que vaya a haber cadáveres por los campos pero el nivel de salud de la comarca se va a ver deteriorado. No entiendo por qué tenemos que pagar ese precio para que se enriquezca una empresa privada», ha concluido el alcalde de Villavieja de Yeltes.