Declaración Pública de la Red Ambiental del Norte | Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina

Copiapó 12 de Diciembre de 2010:
Luego del Encuentro “Construyendo Justicia Ambiental frente a la Expansión Minera”, realizado entre los días 10 al 12 de diciembre 2010 en Copiapó, convocado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, la Mesa Social contra la Termoeléctrica Castilla y la RAN, que contó con la participación de gran parte de las organizaciones que integran nuestra red, declaramos que:

La expansión minera está realizando saqueos indiscriminados y el agotamiento de nuestros recursos naturales o bienes comunes, contaminando el ambiente, disminuyendo los cursos de agua, destruyendo el paisaje y demandando grandes cantidades de energía, para lo cual presionan la construcción de numerosos proyectos hidroléctricos y termoeléctricos con fuerte oposición ciudadana. La expansión minera daña profundamente a todas nuestras comunidades y pueblos originarios del norte; apropiándose no sólo de sus territorios, sino también de los elementos culturales, utilizando diversas estrategias con el fin de engañar y dividir a las comunidades para posicionarse en estas y lograr debilitar la oposición.

Las empresas responsables promueven la corrupción de las autoridades y la destrucción del medioambiente e intentan limpiar su imagen apropiándose de espacios culturales y ciudadanos.

La nueva ley ambiental 20.417, publicada el 26 de enero de 2010, facilita y favorece aún más el procedimiento de aprobación de proyectos mineros y energéticos, lo que permite, por ejemplo, aumentar las emisiones de las termoeléctricas en zonas ya contaminadas, poniendo así, en peligro la vida de los seres humanos y de la naturaleza de nuestro norte, del país y del mundo entero, lo que queda en evidencia con las graves afectaciones a la salud que lamentablemente vemos a diario, como el cáncer, las malformaciones congénitas y otras disfunciones sistémicas.

Dicha ley, vuelve a dejar en manos de algunos pocos (en su mayoría corruptos), la decisión de aprobar proyectos de inversión que provocan efectos irreversibles a la vida, violando el derecho a la participación informada y abierta por parte de los habitantes de las distintas localidades y pueblos originarios afectados directamente, limitándola a un ámbito consultivo en vez de vinculante, es decir, una participación que no es considerada en la decisión final.

La extracción masiva de minerales por parte de empresas extranjeras provoca destrucción del medio ambiente y de las comunidades, dejando poco o nada de beneficio para el país, y entregando a las futuras generaciones un país devastado y sin recursos. Denunciamos que la falta de voluntad política y de planificación territorial participativa y a largo plazo, produce contradicciones como la desafectación de áreas protegidas para permitir su explotación, vulneración de derechos humanos fundamentales y una falta de sentido común y respeto por la vida. Esta contradicción se refleja en el: “Yo me voy a oponer a todas las plantas termoeléctricas que atenten gravemente contra la naturaleza, las comunidades y la calidad de vida”, discurso de campaña del actual presidente de la República.

El modelo económico impuesto, además de generar grandes inequidades económicas, sociales y políticas, provoca una injusticia respecto de la distribución de los impactos que traen los distintos proyectos asociados a la expansión de la minería, siendo las comunidades más vulnerables las que cargan con una mayor parte de los daños. Tomamos la justicia ambiental como una línea de trabajo unificadora, adoptada por diferentes organizaciones en Chile y América Latina para la defensa del ambiente y los derechos socioambientales.

Proteger la cordillera y los bienes comunes es un desafío que nos toca a las comunidades, sobre todo considerando que se proyecta una inversión de cincuenta mil millones de dólares en los próximos siete años en proyectos mineros.

Promovemos la defensa de la vida, el respeto de la cultura, de nuestro patrimonio natural y en especial de las áreas protegidas, ya que creemos que nuestro territorio no es moneda de cambio para el desarrollo que dicen necesitamos como país.

Solidarizamos con todas las comunidades que hoy, al igual que nosotros, se encuentran enfrentando conflictos ambientales en distintas zonas de nuestro país; el modelo forestal, la salmonicultura y la pesca industrial, hidrocultivos, centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y geotérmicas, la industria de la celulosa, la privatización de las semillas, la contaminación electromagnética entre muchas otras.

Invitamos a sumarse a la Red, para construir una sociedad más justa, basada en valores como la verdad, la tolerancia, el respeto, la vida en armonía con la naturaleza y a construir nuestro propio modelo de desarrollo, con identidad y participación.

RED AMBIENTAL NORTE

Organizaciones de la RAN, de Norte a Sur:

Surire Comunidad

Uma Auquina

Comunidad Indígena Ancestral Sucesión Blanco, del Territorio “Lago Chungara”

Red por la Defensa del Medio Ambiente Arica y Parinacota

Saskimarka

Coordinadora de Defensa de la Madre Tierra CODEMAT, Iquique

Consejo de Pueblos Originarios Calama

Movimiento del Tatio

Agrupación Sociocultural de Atacama

Comunidad Colla El Torín