La empresa canadiense Greystar Resources, que adelanta trámites para iniciar operaciones del megaproyecto de oro Angostura, no descarta la posibilidad de hacer una segunda audiencia pública en la zona
La empresa canadiense Greystar Resources, que adelanta los trámites para iniciar operaciones del megaproyecto de oro Angostura, ubicado en el departamento de Santander, no descarta la posibilidad de hacer una segunda audiencia pública en la zona, ajustándose a las indicaciones que en ese sentido le ordenen las autoridades locales. Aunque ya cumplió con tal requisito, una acción de tutela le implicaría repetir el ejercicio, lo que alargaría más sus planes.
“Hay una demanda en curso y sabemos que el Ministerio (de Ambiente) quiere que se hagan más reuniones para determinar cómo funciona el proyecto”, dijo el presidente de la compañía, Steve Kesler.
El interés de la empresa está en explotar un yacimiento de oro y plata, cuya producción total se calcula en 7,7 millones de onzas. Por año, la mina alcanzaría 511.000 onzas de oro y 2,3 millones de onzas de plata en un plazo de 15 años.
Para obtener la licencia ambiental, la empresa tuvo que realizar reuniones informativas en los municipios de Vetas y California, que hacen parte del área de influencia del proyecto. Después, el 21 de noviembre pasado, llevó a cabo una audiencia pública con la comunidad -con la asistencia de unas 1.800 personas según la empresa-, a la cual representantes de organizaciones no gubernamentales en Bucaramanga manifestaron no poder asistir por las malas condiciones de la vía.
Por esa razón, mediante acción de tutela, las ONG acudieron al Tribunal Administrativo de Santander para que ordenara a la empresa una nueva reunión. Hasta el martes pasado, la compañía no había sido notificada de decisión alguna, pero Kesler dijo que la situación como tal generó sorpresa, tanto a los directivos de la compañía como a sus inversionistas, pues se daba por cumplida, y a satisfacción de los interesados, la reciente reunión.
Greystar también se mantiene a la espera de que el Minambiente dé su aval al estudio de impacto ambiental. El tema ha sido objeto de discusión por un pedido que hizo la entidad estatal para que la compañía ajustara todas sus instalaciones de la mina por debajo de los 3.200 metros sobre el nivel del mar, según las disposiciones de la Ley de Páramos que fue expedida en febrero de este año, casi dos meses después de que la empresa entregara formalmente su solicitud de explotación ante el Ministerio.
Recientemente, la ministra de Ambiente, Beatriz Uribe, reiteró en el Congreso que la minería en páramos estaba totalmente prohibida y por este motivo hay que estudiar la zona.