1/08/07
La Patria
El ministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú, manifestó ayer su disposición para conversar con los ejecutivos de la empresa Minera San Cristóbal (MSC), que la semana pasada advirtieron que el megaproyecto sería inviable con las nuevas reglas impositivas que propone el Gobierno para este sector.
´Estamos dispuestos a conversar con ellos, con San Cristóbal. No hay ningún problema´, sostuvo el ministro, quien luego aclaró que todavía no se puso una fecha para este encuentro.
La autoridad adelantó que “se está evaluando la situación del proyecto minero San Cristóbal”, que este año empezará a producir plata, plomo y zinc.
El viernes, el vicepresidente de la MSC, Gerardo Garrett, expresó su preocupación por los cambios al sistema impositivo minero propuestos por el Poder Ejecutivo y afirmó que no fueron consultados para estas reformas. La MSC, a través de la Asociación Nacional de Mineros Medianos (ANMM), tuvo limitada participación en reuniones meramente informativas sobre los cambios propuestos, pero nunca tuvo la oportunidad de reunirse a discutir, negociar o acordar los cambios, señalaba un informe de la empresa.
´Los acuerdos de estabilidad tributaria son necesarios y vitales para atraer inversión directa extranjera y para asegurar a los inversionistas la recuperación de sus inversiones´, indicaba.
Para el ejecutivo de la compañía minera, el régimen impositivo propuesto por el Gobierno significa una participación del Estado de un 70 a 90 por ciento de las utilidades sobre la vida útil del proyecto minero.
Este sistema resulta de la combinación de un impuesto adicional a las utilidades del 12,5%, con la eliminación de la acreditabilidad del Impuesto Complementario Minero (ICM) contra el IUE (acreditabilidad que ahora sólo se daría a precios muy bajos de los metales).
A esto se suma la intención del Gobierno de eliminar los Cedeims (certificados de devolución impositiva) al sector minero exportador, mediante un proyecto de ley que actualmente se encuentra en el Congreso, con lo que ´provocaría la inviabilidad del proyecto´, hacía referencia el documento.
Ante esta situación, Garrett afirmó que la empresa completaría la inversión de 900 millones de dólares para iniciar sus operaciones, pero advirtió que no se harían otras inversiones si el sistema impositivo cambia de forma anticompetitiva.
El Vicepresidente de la MSC señaló que podría respaldar la posibilidad de compartir con el Estado boliviano el 50% de las utilidades antes de impuestos.
Recordó que la empresa contrajo importantes empréstitos financieros e innumerables costos para la construcción del proyecto San Cristóbal, los mismos que necesitan ser totalmente considerados para la correcta evaluación al momento de la distribución de utilidades.
Por otra parte, el informe de esta compañía también señalaba que ´Apex Silver (Estados Unidos) y Sumitomo (Japón), como accionistas de la MSC, desean seguir invirtiendo en Bolivia. Sin embargo, este deseo y las políticas de apoyo a gestiones del Gobierno se encontrarían en riesgo, si la actual inversión resulta económicamente inviable a consecuencia de cambios y políticas desfavorables en la legislación impositiva minera, que se ejecutaría justo después de que la inversión en el proyecto San Cristóbal ha sido realizada´.