Por Miguel Gómez
La trayectoria política de Néstor Kirchner estuvo marcada desde muy temprano por su compromiso con los pulpos mineros.
Kirchner gobernador
Cuando Menem, a mediados de la década del ’90, modificó el régimen del subsuelo, autorizando su explotación a los pulpos mineros a través de contratos de concesión, dos fueron las provincias que pican en punta: Catamarca y Santa Cruz. En Catamarca se instala Minera Alumbrera y en Santa Cruz se construyó la mina Cerro Vanguardia, que comienzó a operar en 1997. Con una peculiaridad: la Anglo Gold se asoció con Pérez Companc para explotarla, pero el 7,5% de las acciones quedó en manos un organismo provincial, Fomicruz.
Kirchner gobernador apoyó y convalidó los 30 años de estabilidad fiscal para la minería, las regalías con un tope del 3%, pero sobre el valor bocamina y en base a las declaraciones de los pulpos mineros. Además del aval político de Fomicruz, les otorgó un plus: si exportan por puertos patagónicos, tendrán un reembolso que supera el valor de las regalías. Como Cerro Vanguardia produce oro y plata, que se cotiza por onza (aproximadamente 30 gramos), la «exportación por puerto patagónico» es un curro. Las pocas toneladas que se producen por año conviene enviarlas por avión, con lo cual el trayecto de los barcos que salen de los «puertos patagónicos» termina en Montevideo o Punta Arenas, desde donde reembarcan en avión a su destino final.
La crisis de 2001 y la devaluación significaron un enorme negocio para los pulpos mineros (a esta altura, Pérez Companc ya le había vendido su parte a Anglo Gold). La devaluación la capitalizaron completa. Duhalde, siguiendo a De la Rúa, había mantenido los privilegios impositivos para la minería, a la que se le aplicaba cero retención y ni siquiera estaban obligados a liquidar las divisas en el país como el resto de los exportadores. Con salarios e insumos en pesos (sobre todo combustible y energía, dos insumos claves para la minería que quedaron prácticamente congelados), sus ganancias se multiplicaron. La provincia de Santa Cruz, a través de Fomicruz como socia minoritaria avalaba todo este desfalco en medio de un país en crisis y defol.
Kirchner presidente
A poco de asumir como presidente, Kirchner anunció desde el Salón Blanco el plan Minero nacional 2004-2006. Reivindicando todo lo hecho por Menem, De la Rúa y Duhalde, declaró a la minería política de Estado. Además de los gobernadores de Catamarca (radical) y Santa Cruz (kirchnerista), lo acompañaron los de Salta (gobernada por el menemista Romero) y San Juan (Gioja). Un indicador de esta continuidad es que mantuvo al secretario de Minería nombrado por Duhalde a sugerencia de Gioja, dado que es oriundo de San Juan. Lo acompañó todo su mandato y siguió con CFK hasta hoy.
El plan se lanzó cuando los precios de los metales habían comenzado a subir. El oro, la plata y el cobre ya habían incrementado su valor en más del 50% y esto era sólo el comienzo. En 2004 se construyó Veladero, el gigantesco yacimiento de oro explotado por la Barrick Gold en la alta montaña sanjuanina. En los años siguientes, se abrieron minas en Santa Cruz (San José y Manantial Espejo), se reabrió Sierra Grande en manos de capitales chinos, dos nuevas minas en San Juan (Gualcamayo y Casposo) y Pirquitas en Jujuy, entre las más grandes.
Pero el plan minero nació con el signo de la tragedia. En Mayo de 2004, una explosión en el yacimiento de Río Turbio dejó 14 mineros muertos. La mina había sido privatizada por Menem al grupo Taselli, que con la complicidad de la gobernación de Kirchner no realizó ni la más elemental prevención de los riesgos del trabajo. La mina fue renacionalizada, es dirigida por interventores designados por el gobierno, pero sigue con enormes riesgos como bajo Taselli (ver PO Nº 1.151). Peralta, antes de asumir como gobernador, era interventor en Río Turbio.
Cristina presidenta
Bajo el gobierno de CFK, los pulpos mineros siguieron de jolgorio. Los precios de los metales se triplicaron y en algunos casos se multiplicaron por 5 (el caso del oro) desde el 2002. Cristina les aplicó una módica retención del 5% para el oro y del 10% para el cobre, lo que fue apelado por las mineras. La corte que reclama «seguridad jurídica» falló a favor de Cerro Vanguardia. Cristina y Néstor, sobre esto, guardaron prudente silencio.
Pero lo que marcó al gobierno de Cristina fue el veto en 2008 a la ley de protección de glaciares y el esfuerzo descomunal realizado este año para vaciar el nuevo proyecto de todo efecto práctico. Por algo se lo conoce como el veto Barrick, dado que su proyecto Pascua Lama, en la alta montaña sanjuanina y compartido con Chile, era el más amenazado. Cristina no se anduvo con chiquitas y, en medio del debate de la ley, almorzó en Toronto con los directivos de Barrick y de otras mineras que operan en el país, dando un aval explícito al saqueo minero.
Con los pulpos mineros, Néstor y Cristina han sido consecuentes. Quince años de apoyo continuado.