4 de octubre 2010
Se está proyectando en Uruguay un nuevo emprendimiento que involucra una inversión millonaria por parte de una empresa transnacional, minería a cielo abierto para la extracción de hierro. Teniendo en cuenta que estas empresas invierten para obtener sus ganancias, sin tener en cuenta los costos sociales y ambientales del proceso, y que la minería en nuestro país es una actividad que recibe poca atención por parte de la sociedad y de quienes toman decisiones, cabe entonces preguntarnos si se trata de un negocio tan conveniente para nuestro país como lo describen los principales involucrados.
Nuevamente desembarca en nuestro país una empresa extranjera con un negocio millonario: la minería de hierro a cielo abierto. Como en otros casos, el gobierno uruguayo ha mostrado su beneplácito por este mega-emprendimiento de gran impacto sobre el PBI. No obstante, una vez más se ha mostrado omiso en plantearse los posibles efectos de este tipo de inversiones en el pasivo ambiental nacional, como resultado de las externalidades derivadas de esta actividad. Este pasivo puede ser definido como el costo ambiental causado por la manifestación simple, sinérgica y/o acumulativa de uno o varios impactos ambientales derivados de una actividad específica, la cual desencadena externalidades en terceros, diferentes a los recepcionadores del beneficio derivado de esa actividad.
La meta de promover el crecimiento económico y de atender las necesidades básicas insatisfechas de la población, a través de la urgente captación de inversión, determina que su enfoque político se fundamente en preceptos de tipo económico como estrategia para competir con el resto de la región. De esta forma, el desarrollo del país viene siendo interpretado desde esa perspectiva economicista, lo cual se contrapone con la legislación ambiental vigente, cuya óptica es bastante diferente. Hoy día, ésta incluye en sus interpretaciones del desarrollo una perspectiva social y ambiental, y no sólo económica. Es decir, establece como principio básico de toda propuesta de inversión la preservación del ambiente, tomando en cuenta los factores naturales de producción afectados, sean materias primas o no, renovables o no renovables.
El desplazamiento de esta industria extractiva y transformadora hacia nuestra región, tiene generalmente como trasfondo la creciente obligatoriedad de internalizar sus externalidades ambientales y planes de ordenamiento territorial, cada vez más exigentes, que no las admiten en áreas rurales de otros países (generalmente países desarrollados). En el caso de nuestro país, la minería ha sido considerada como una actividad marginal, y por ende, excluida mayormente del debate político y legislativo, lo cual ha traído como consecuencia que un emprendimiento minero quede, en la práctica, bajo una administración pública no siempre idónea en el tema. Este y otros factores confluyen en un marco de condiciones políticas y socioculturales particulares que tornan aún más riesgoso este tipo de emprendimientos.
Cualquiera sean los motivos, el proyecto Aratirí de la transnacional Zamin Ferrous se ha presentado ante el estado uruguayo interesado en la explotación del hierro. La zona de interés abarcaría las inmediaciones de Pueblo Valentines, Cerro Chato y Paraje Las Palmas, por lo que la extracción de hierro comprendería canteras (unas 2.000 ha) en los Departamentos de Treinta y Tres, Florida, Durazno y Cerro Largo. La información disponible en los distintos medios, aunque abundante, no está exenta de contradicciones. De ahí que omitiremos precisar detalles en cuanto al origen de la inversión o características de las operaciones en terreno. Sí puede decirse, a modo de ejemplo, que los requerimientos de energía serían de 250 MW (equivalentes al consumo de más de 150.000 hogares). En cuanto al uso de agua para la producción y transporte de 10 millones de toneladas anuales de roca hasta la costa oceánica, a través de un “acueducto”, requerirían el equivalente al consumo de agua de una población de 100.000 habitantes. No obstante, algunas versiones señalan que parte de la misma sería reciclada, aunque no ha sido precisado el procedimiento. Asimismo, cabe observar que estas rocas pueden contener otros recursos minerales, de ahí que la solicitud realizada ante DINAMIGE haya también incluido a metales como oro, plata, plomo, zinc, cromo, platino, níquel y paladio.
Su cara visible, el Ing. Fernando Puntigliano, ex jerarca de la Administración Nacional de Puertos, ha declarado que “Aratirí invertirá entre 750 y 1.500 millones de dólares, generando un impacto transformador en esa zona del país». Por su parte, la vocera de la Empresa, Lic. Helga Chulepín, ha manifestado el interés de los inversores de contar con una terminal portuaria de aguas profundas, ubicada en el Este. Algunas versiones indicarían que el mismo sería emplazado en un predio militar ubicado entre La Esmeralda y La Serena (Dpto. de Rocha, en las cercanías de Santa Teresa). Como generalmente sucede en otras partes del mundo, los productores agropecuarios de las localidades afectadas por el proyecto han expresado su total desacuerdo. Los trabajos iniciados por la Empresa, de prospección y exploración, para evaluar las reservas del depósito de magnetita han sido ya motivo de conflictos con los lugareños. El ruido de máquinas y el resplandor de reflectores en la noche, así como la invasión de predios para realizar esas tareas generan preocupación acerca del destino de esas tierras en las que sus antepasados también han producido y vivido. Esta realidad ha de traducirse en la emigración y abandono de la actividad rural y la fragmentación del paisaje social y cultural de estas zonas. Los vecinos agrupados en torno a este conflicto expresaron su sentir por la ausencia de las autoridades del gobierno. Como respuesta, sólo se les ha trasmitido que “el tema es muy nuevo” y que el Código de Minería no protege en absoluto al propietario de la tierra afectada.
La minería a cielo abierto es una actividad insostenible por definición, en la medida en que esta explotación del recurso supone su agotamiento. En consecuencia, constituye un uso temporal del suelo, lo que exigiría un mayor control de sus efectos ambientales negativos en relación con otros emprendimientos. Así, entre sus impactos negativos sobre el medio físico cabe destacar la transformación drástica del entorno paisajístico, la pérdida de suelos, el incremento de procesos erosivos, el cambio del escurrimiento superficial, el transporte y deposición-colmatación de sedimentos en cursos de agua, la contaminación atmosférica con polvo y gases, entre otros.
Como uruguayos preocupados en el desarrollo verdadero, la salud ambiental y humana y el derecho de la población a opinar y participar de los procesos de decisión que afectarán directamente sus vidas y medio de supervivencia, nos preguntamos: ¿cómo se conjuga el Uruguay Natural al que apuesta el gobierno con un emprendimiento minero de tal envergadura?, ¿cuán grande será el beneficio en términos económicos para nuestro país si se tienen en cuenta el daño social y ambiental irreversibles?, ¿qué pasará con esas tierras una vez que la empresa se retire?, ¿esto está incluido en los cálculos?
Sería entonces oportuno reflexionar sobre lo siguiente: dado que las externalidades son los costos de una actividad productiva que no son asumidos por la empresa inversora sino que ésta los transfiere a la sociedad (como por ejemplo las pérdidas en la productividad por deterioro de los suelos y el consecuente aumento en los costos por programas de recuperación de los mismos), lo que en ocasiones tiene como consecuencia que no sea tan buen negocio para el país, entonces ¿es realmente necesario para Uruguay aceptar este tipo de inversiones?
Quizás sea el momento de dejar de marchar al son de las empresas transnacionales y ser nosotros quienes establezcamos las pautas para la planificación y la gestión, y tomemos la decisión final. Así, podremos comenzar a transitar un camino de desarrollo a escala humana y que permita que las futuras generaciones puedan vivir en y de esta misma tierra.