San José (elpais.cr) – Tras dos años de silencio, un funcionario de la transnacional minera canadiense, dueña del proyecto Crucitas, acudió a un cuarto debate en menos de diez días, donde fue ampliamente cuestionado por los estudiantes de la Universidad Veritas.
Este Jueves 7 de octubre se organizó, a iniciativa del Departamento de Vida Estudiantil, un nuevo debate en la sede de la Universidad Veritas en Zapote, con video transmisión en la red social de dicha Universidad (Transmisión en vivo vía internet por VERITAS tv: http://www.veritas.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=198).
El foro se titulo esta vez: «MINERIA A CIELO ABIERTO EN COSTA RICA: ¿SI O NO?». Este cuarto debate viene después de tres anteriores (ITCR, 28 de septiembre, emisión de televisión de Canal 7 Siete Días del 27 de septiembre y el debate realizado en la Universidad Católica el viernes 24 de septiembre).
Con ocasión de este debate, moderado por Álvaro Jiménez, gestor cultural y deportivo de la Universidad Veritas, se contó con la presencia de Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), miembro de la Comisión Especial del Consejo Universitario de la UCR sobre el proyecto minero en Las Crucitas y por parte de la empresa minera canadiense, participó Juan Carlos Obando, Gerente Corporativo de Industrias Infinito.
En su intervención, Boeglin nuevamente se extrañó por esta «gran necesidad de la empresa de aparecer en debates públicos», y recordó que en 2 años (desde noviembre del 2008), «no habíamos nunca tenido esta posibilidad, con excepción de dos foros en la UPAZ en inglés».
«A todo esto, debo decirles que lastimosamente este tipo de debates ya llega muy, pero muy tarde, y sobre todo, este debate se hace con un gran ausente: el Estado, cuyas autoridades, desde noviembre del 2008 (foro en la UPAZ), sistemáticamente rehúyen debatir en un recinto universitario», recalcó.
El universitario presentó un análisis legal de la concesión y de la viabilidad ambiental otorgadas en plena vigencia de la moratoria minera, declarada por el ex Presidente Abel Pacheco y vigente entre junio del 2002 y junio del 2008.
Señaló además las graves irregularidades cometidas por las autoridades, tanto del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), al elaborar un informe en menos de 24 horas el 12 de febrero del 2009, así como de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), al revisar el cambio de diseño operado en diciembre del 2007 en menos de 6 semanas.
Sobre este punto enfatizó que durante la Vista de noviembre del 2009 ante la Sala IV, apareció un documento en el que la geóloga del «equipo multidisciplinario» de la SETENA a cargo de revisar el expediente certificaba nunca haber visto este expediente.
«Como lo pueden ver, ya el tema de la empresa pasa a un segundo plano, y lo que se está batallando con mucho éxito desde inicios de esta semana ante los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, es la serie de extrañezas y contradicciones, las cuales, sumadas a muchas más, evidencian un padrón muy grave de actuación irregular», al que la Sala IV no le prestó ninguna o muy poca atención.
Por su parte, la empresa enfatizó en el carácter amigable con el ambiente del proyecto y su preocupación en lo social. El abogado Juan Carlos Obando manifestó que al ser un «tema polémico», la empresa demuestra una gran apertura a debatir en público y en ofrecer información a comunidades universitarias y a colegiales.
Reiteró que los universitarios y estudiantes de la Universidad Veritas serían bienvenidos para conocer en detalle y en el terreno el proyecto minero.
Al presentar un historial del proyecto que lleva más de 16 años en Costa Rica, se refirió al período del Presidente José María Figueres Olsen (1994-1998) como uno en el que «no avanzamos como quisimos» dado el enfoque a lo ambiental y al desarrollo sostenible. Sin embargo el período posterior (1998-2002) del Presidente Miguel Ángel Rodríguez permitió «un enfoque en lo social en el que pudimos avanzar y logramos el otorgamiento de la concesión minera en el 2001 de Doña Elizabeth Odio Benito».
Recalcó que la zona de las Crucitas es una «de las zonas más pobres y más inhóspitas del país».
En su intervención, comparó el proyecto minero con proyectos existentes «que no han encontrado ninguna oposición, como los que tienen las cementeras en el Tajo Meco, de 70 m de profundidad y 1 km de extensión o el Tajo de Aguascalientes de 30 metros y caso 2 ,5 km de extensión».
Además, se refirió al dragado del río San Juan «el cual tampoco ha provocado ninguna protesta» de parte de los ambientalistas.
En cuanto al tema de drenaje ácido, apunto que no existe riesgo alguno y que la tecnología usada evacúa todas las dudas que sobre posibles daños.
En la parte de preguntas y respuestas, Obando denunció que «en Costa Rica estamos en deuda moral con el ambiente y con los visitantes que vienen atraídos por la imagen verde del país: vean los ríos, las montañas, la basura, ¿de qué país o modelo verde estamos hablando?» preguntó.
Anunció que al final de la operación de la mina, la empresa entregará a una universidad el sitio para instalar ahí una estación experimental de observación de la biodiversidad.
Señaló que no es cierto que la empresa se limitará al 2% sobre las ganancias como lo establece el canon minero del código de minería, sino que «el aporte al Estado rondará el 30%».
Además, «nuestra empresa, a diferencia de la minera en Bellavista, no optó por el régimen de zona franca que efectivamente limita los aportes al Estado, y voluntariamente se sometió al régimen fiscal aplicable a las empresas».
Reconoció que «ningunos de los spots de publicidad nuestra buscan convencer», sino informar a la población sobre la otra lectura de este proyecto minero.
Por su parte, Boeglin citó estudios de la bióloga de la UCR, Yamileth Astorga, e invitó al auditorio a leer los informes del EIA del 2002 en el que «la misma empresa advierte que no se puede bajar a más de 15 metros de profundidad por riesgo de drenaje ácido».
Al contestar a las preguntas, Nicolás Boeglin advirtió del «intento de la empresa de desviar el debate hacia otros temas: nos hablan hoy de cementeras, de extracción minera en general, de dragado del río San Juan, en un intento claro de confundir a la gente: lo que está en la mira con Crucitas, no es la minería en general, ni los problemas del Rio San Juan».
«El debate gira alrededor de la minería química a cielo abierto por lixiviación con cianuro: el problema es que es muy largo colocar tantas palabras en una calcomanía», ironizó el académico.
Invitó a la audiencia a aprovechar de la próxima operación de rescate de los mineros en Chile para que comparen el tipo de paisaje en esta zona minera de Chile y la que hay en Crucitas.
«Son dos mundos totalmente diferentes: por un lado viento y roca, y un paisaje desértico, sin agua; y por otro vida por doquier, una riqueza en biodiversidad y condiciones de suelos y climatológicas únicos como en Las Crucitas».
Durante el debate con los expositores, los estudiantes hicieron ver que las tomas aéreas de la empresa privilegian una vista aérea inclinada donde se ven potreros y zonas poco boscosas en primer plano, mientras que las fotos usadas por los oponentes dan una dimensión más real al ser fotos verticales del proyecto minero.
Varias preguntas hicieron ver a la empresa que su publicidad «juega con la ignorancia de la gente» y «trata de confundirnos».
Uno de los profesores de la Universidad Veritas denunció que «no hacen creer en su publicidad que es una zona de pobreza extrema, y esto no es cierto» a lo cual respondió Obando que eran opiniones que iban a tomar muy en cuenta.
Los opositores al proyecto reclamaron nuevamente que los consultores que realizaron los estudios técnicos en el marco del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y otros estudios contratados por la empresa firman una cláusula de confidencialidad que les impide dar declaraciones sobre el contenido de estos estudios en público.
«Yo insto nuevamente, lo he hecho ya anteriormente, a que la empresa envíe una carta a cada consultor explicitándole claramente que las clausulas de confidencialidad quedan sin efecto» declaró Boeglin.
«Se trataba de una relación jurídica privada empresa-consultor, pero al ser declarado el proyecto de conveniencia nacional a partir de octubre del 2008, me parece que estos deberían de tener la oportunidad de externar criterios libremente sobre sus consultorías».
En sus palabras de cierre, Obando reiteró su agradecimiento a la Universidad Veritas a este foro, y recordó que la empresa está haciendo esfuerzos para que su proyecto sea sostenible y amigable con el ambiente, que la campaña publicitaria no busca convencer sino informar, e instó a los estudiantes a visitar el proyecto en Cutris de San Carlos para que se hagan una idea más completa de la realidad de esta zona.
Boeglin, por su parte, arremetió citando declaraciones de John Thomas en la Extra de este miércoles en que el Gerente canadiense afirma: «Estamos ante un momento crucial, confiados en que el sistema legal costarricense nos dará la razón sin necesidad de tener que buscar instancias internacionales para resolver el conflicto». (http://www.diarioextra.com/2010/octubre/07/nacionales04.php).
«Preguntémonos a qué vienen este tipo de declaraciones a tan solo tres días de haberse iniciado este proceso contencioso administrativo», finalizó.