Una masa crítica en resistencia y sublevación instaló la trama oculta de tratados de entrega y despojo y, casi una década después, aparecen técnicos y especialistas interpretando a la cordillera andina en peligro y la sanción de la ley protectora de glaciares requerida por campesinos, productores agropecuarios, regantes y vecinos autoconvocados.
Es cierto que no hubo sector del campo popular, que en plena confrontación con el poder de las mineras, no se haya sorprendido por esos dos votos de diferencia. La posibilidad de una derrota casi segura, también alimentaba la esperanza de un triunfo debido a un activismo que se llevó a cabo en varios frentes, y que jamás admitió la adversidad proveniente de instituciones dominadas por políticas proclives a la entrega del patrimonio nacional.
Durante las dos últimas semanas previas a la votación en el senado, las partes pujaron en audiencias públicas y en los medios de difusión, y se cruzaron desafiantes en los pasillos y oficinas con parlamentarios que fluctuaban su pronunciamiento. Las solicitadas pagadas por las cámaras mineras, por gobernantes asociados a la actividad extractiva, sometidos por el soborno de las transnacionales del sector, regaron de infundios los medios de prensa y la incertidumbre siempre estuvo hasta el último segundo de aquella madrugada histórica del 1° de octubre, cuando el último voto sentenció la ley de protección de glaciares y ambiente periglacial, aprobada semana antes en la Cámara de Diputados. Un triunfo notorio que se inició en las calles de pequeñas poblaciones de ambos lados de la cordillera andina, ante la inminente destrucción de las nacientes del agua.
Costó casi una década instalar el tema en la conciencia nacional, concebir una ley protectora de los glaciares y discutir la cuestión minera. En ocho ocasiones el Congreso aprobó esta ley que soportó veto y modificaciones y, de manera inevitable, el lobby transnacional minero, mayoritariamente con sede y asiento bursátil en Toronto, Canadá, deberá aceptar normas protectoras de glaciares y el rechazo popular de la licencia social que demanda esa actividad.
Fueron muchos los habitantes de las provincias amenazadas (y las que ya padecen la actividad minera) venidos a Buenos Aires para apoyar la militancia local.
La movilización para defender la ley de glaciares frente al congreso nacional había sido convocada por los movimientos sociales, agrupaciones indigenistas del norte y del sur del país, de las provincias de Buenos Aires y del litoral, y decenas de colectivos en lucha contra la contaminación, destrucción territorial y saqueo de los bienes comunes, congregados por la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y el movimiento que produjo el bicentenario de los pueblos, “el otro bicentenario”.
En doce días hábiles y en sucesivas reuniones en espacios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, decenas de compañeros comulgaban con la organización de una concentración frente al Congreso Nacional el 29 y 30 de septiembre, durante el tratamiento parlamentario de la ley.
A poco aparecieron ideas y propuestas que remataron una fuerte concentración frente al congreso nacional, mesas de exposición y debates, espectáculos promovidos por agrupaciones de músicos comprometidos con la convocatoria que exhortaban desde el escenario a apoyar las luchas de las distintas corrientes sociales. Se emularon glaciares en el centro de la Plaza de los Dos Congresos y se levantó una gran carpa convertida en símbolo de esas acciones, en tanto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires desconocía el acto y prohibía con fuerte presencia policial el acampe.
La decisión y la participación popular ignoraron las amenazas represivas y la hostilización climática, de modo que el proyecto de carpa, concentración y escenario nadie lo pudo impedir. Nada ni nadie pudieron paralizar las voces de las jornadas por la ley de glaciares.
El continuo desfile de auto-convocados de todo el país concluyó el día 30 bajo la gigantesca carpa, con una asamblea evaluativa de la ley votada, las acciones que ayudaron a conseguirla, el futuro que se avecina y la inmediata aplicación de la norma legal. El momento fue oportuno para reafirmar la convocatoria de la próxima UAC en Andalgalá, a los pies del Cordón del Aconquija, en Catamarca, los días 12, 13 y 14 de noviembre, al mismo tiempo que se analizó la situación crítica de la regiones del noroeste, Cuyo y Patagonia . Se anunciaron acciones contra la mega minería a cielo abierto en todas las zonas del país, se advirtió de nuevos cateos y se hizo hincapié en las persecuciones de pueblos y de militantes indígenas en ambos lados de la Cordillera de los Andes: dirigentes mapuche de la IX° Región de Chile efectuaron durante la mañana fuertes denuncias con movilizaciones en la embajada de ese país; se trata de más de ochenta días de huelga de hambre de presos políticos mapuche, revalidados en la conferencia de prensa frente al parlamento argentino y en defensa de los glaciares.
Fue numerosa la participación de integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas y conmovedor los que llegaron de provincias como las de San Juan, La Rioja y Catamarca, en realidad feudos de inocultables sociedades con las corporaciones mineras, dominados por los Gioja, Beder Herrera, Brizuela del Moral y otros. De modo que asambleístas de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy y Valles Calchaquíes, intercambiaron experiencias con los de Gualguaychú, Concepción del Uruguay, del norte y sur del litoral.
Hubo también gestos memorables que posibilitaron costear fletes, sonido, escenarios y gastos menores y el altruismo de aquellos que aportaron las utilidades de los alimentos que cocinaron en el lugar.
La referencia de vecinos auto convocados y asambleas se reflejó en estandartes, carteles pegados en los enrejados de la plaza, mesas ofreciendo libros, artículos regionales, artesanías y pancartas de todos los rincones del país. No faltó región alguna, y eso hizo que la magnitud de la convocatoria y de las jornadas vividas significara el hecho político de la fecha. La unidad logró una ley deseada cuya aplicación habrá que exigir con rigor e inmediatez, porque ahora hay un instrumento legal para defender los glaciares.
UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS (UAC)