Las organizaciones y procesos abajo firmantes vemos con preocupación cómo se están cerrando los espacios de expresión en regiones mineras, a las poblaciones que plantean objeciones al establecimiento de grandes proyectos extractivos en sus territorios. Cada vez que una comunidad manifiesta su desacuerdo, hace una denuncia sobre los impactos y los conflictos provocados por la minería, o sobre los malos manejos de los proyectos que la afectan, es objeto de estigmatización y persecución.
En ese contexto se destaca el llamamiento a juicio de cuatro militares el pasado 21 de septiembre, quienes son acusados de haber asesinado a Alejandro Uribe Chacón en 2006, reconocido líder del Sur de Bolívar en el Magdalena Medio, y de presentarlo como guerrillero muerto en combate. Las autoridades han determinado claramente que no se trataba de un delincuente y señalan que este dirigente recibió un disparo a sangre fría por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas. Los mismos informes de prensa señalan que se sospecha de la relación de este asesinato con las operaciones de la transnacional minera Anglo Gold Ashanti, ya que Uribe Chacón se destacaba por su férrea oposición a esa empresa en la región.
Anglo Gold Ashanti es una transnacional de origen surafricano, conocida en el mundo por financiar grupos paramilitares, como en el caso denunciado por Human Rigths Watch en la República Democrática del Congo, y por asediar y perseguir a las comunidades que obstaculizan la entrada de sus proyectos mineros.
Además de las delicadas acusaciones sobre su relación con el asesinato de líderes en el país y de su responsabilidad en la división de comunidades para favorecer sus intereses, Anglo Gold Ashanti ha ignorado las disposiciones legales ambientales nacionales. De hecho, el Ministerio de Ambiente le impuso una multa de 140 millones de pesos el pasado 30 de julio, por hacer labores de exploración minera en una zona de reserva forestal.
De acuerdo al informe de gobernanza de la propia empresa, solamente en un año (2008) se gastaron cerca de 330 mil millones de pesos en el proyecto de La Colosa, sin incluir los gastos de proyectos económicos y ambientales. En ese sentido, demandamos tanto de la empresa como de las entidades estatales competentes, transparencia en la información, de manera que las comunidades conozcan la destinación de esos dineros.
A pesar de todo lo anterior, siguen en curso múltiples proyectos mineros en Colombia a cargo de la Anglo Gold Ashanti, de los cuales el más reconocido es el de ‘La Colosa’ en Cajamarca, Tolima. Las comunidades han señalado que este proyecto aurífero, que sería la mina a cielo abierto más grande en el país, acabaría con importantísimas fuentes de agua superficial y subterránea, significaría el desplazamiento de comunidades enteras y la ruptura definitiva del tejido social en la zona. También denuncian sus pobladores que la empresa ha venido comprando terrenos, en algunos casos a través de testaferros. Denunciamos este hecho como un avance de los procesos de extranjerización de la tierra, que podrían provocar graves conflictos sociales, ambientales y políticos.
Consideramos muy delicada la realidad que estos hechos develan y hacemos un llamado a las autoridades para que lleven hasta las últimas consecuencias la investigación judicial relacionada con la muerte de Alejandro Uribe Chacón, de manera que no solamente se condene a los autores materiales, sino que también se conozca la verdad sobre la motivación de este crimen y sus determinadores.
Exigimos también que se investiguen los procedimientos y prácticas de Anglo Gold Ashanti en las más de 300.000 hectáreas sobre las que reconoce tener títulos; que se respete la voluntad popular de las comunidades que ya han expresado su negativa rotunda a la entrada de los proyectos mineros de esta empresa; y que se suspendan todas sus actividades a lo largo y ancho del país, hasta tanto no haya claridad sobre las denuncias a las que hemos hecho referencia.
De la misma manera, solicitamos apoyo nacional e internacional para vigilar de cerca las acciones de la Anglo Gold Ashanti en Colombia y evitar así violaciones a nuestra soberanía, al Estado Social de Derecho, a la organización social y al medio ambiente.