A tan sólo diez kilómetros de Aznalcóllar (Sevilla), Cobre Las Cruces, la mayor mina a cielo abierto de Europa, se traslada esta semana al juzgado. Cuatro responsables de la empresa, encabezados por el consejero director general, Francois Fleury, están citados mañana y pasado en calidad de imputados por supuestos delitos contra el medio ambiente y daños al dominio público valorados en 322.381 euros.
Según la fiscalía, que presentó una querella a raíz de las denuncias de Ecologistas en Acción, las perforaciones ilegales de pozos y el desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección causaron una «grave alteración del curso de las aguas» y contaminaron con arsénico un acuífero del que se abastece la población.
Por esos hechos, la Junta de Andalucía paralizó la mina, que fue posteriormente abierta tras aprobar un nuevo plan de trabajo, también denunciado por los ecologistas y considerado ilegal por el Defensor del Pueblo Andaluz. Pero hace sólo unos meses, la Consejería de Medio Ambiente abrió otro expediente a la compañía por incumplir una condición fundamental de ese nuevo plan: compensar el agua extraída del acuífero. Isidoro Albarreal, responsable de minas y canteras de Ecologistas en Acción-Sevilla, resume sus denuncias con un ejemplo: «Es como si pillan a un conductor con el doble de alcohol, cambian la ley para que entre dentro de lo permitido y luego vuelve a incumplir el límite ya ampliado».
Según Medio Ambiente, el déficit asciende a unos 800.000 metros cúbicos. La empresa asegura que, para compensar esa pérdida, ha adquirido derechos de agua a propietarios del entorno por valor superior a 1.200.000 metros cúbicos y denuncia una campaña de falsedades. «Ecologistas en Acción utiliza la palabra contaminación de un modo gratuito e irresponsable, sin el menor rigor y sin datos que lo corroboren», afirma Cobre Las Cruces.
Comparación con Aznalcóllar
¿Se plantea la Junta revocar la licencia de la mina o paralizar los trabajos nuevamente? Preguntada por Público, la Consejería de Innovación, el órgano competente para ello, no respondió. La organización ecologista considera «bochornoso» que la Administración se dedique «a maquillar las graves afecciones que esta empresa produce sobre el medio ambiente» y compara la situación con Aznalcóllar en 1995, tres años antes de producirse el desastre. «Nadie nos hacía caso cuando denunciábamos a Boliden, que sigue, por cierto, sin pagar por los vertidos», zanja Albarreal.