Lucas Salaberría murió el 13 de noviembre en una expedición en Cachi. Su familia denunció a las empresas que lo contrataron.
El 13 de noviembre un estudiante de Geología de la UNSa murió cuando realizaba un trabajo de exploración para una empresa minera en una zona montañosa ubicada a 4.00 metros de altura cerca de Palermo Oeste en Cachi. Se llamaba Lucas Salaberría, tenía 27 de años y sólo le faltaba la tesis para recibirse de geólogo, además bailaba tango. Su papá, Roberto, tomó fuerzas y la semana pasada en la Oficina de Denuncias de Poder Judicial asentó su demanda contra la empresa Cardero Argentina S.A que es subsidiaria de Centera Minig Corporation -Canadá-, que contrató a su hijo para el trabajo, por “homicidio culposo, abandono de persona y falta de asistencia”. La causa pasó a la Fiscalía Nº 2 de Graves Atentados, a cargo del fiscal Pablo Paz.
Roberto Salaberría fundamenta su denuncia con diferentes episodios que Lucas vivió durante su viaje. Le contó a LA GACETA que a su hijo lo contrató la empresa Cardero S.A, que a su vez es contratista de la minera canadiense, para realizar trabajos de exploración para un proyecto minero llamado “El quemado”. La expedición, a cargo de un geólogo e integrada por Lucas, una compañera de la universidad y cuatro baquianos, partió llegó el 7 de noviembre a Cachi, pasó la noche allí y al día siguiente inició el ascenso a la montaña. Aquí, Salaberría denuncia la primera negligencia. “Cada persona o grupo que está por realizar un ascenso en la zona tiene que registrarse en la policía o en la municipalidad de lugar, es decir tiene que brindar datos sobre tipo de trabajo, el recorrido, etc. Ellos no lo hicieron según constante en la comisaría”, relata el hombre.
Por otro lado, el hombre contó que la expedición no viajaba con tubo de oxígeno y que a su hijo le practicaron respiración boca a boca. “Una persona no se puede descompensar a las siete de la mañana y morir al mediodía. Acá hubo un proceso de varios días que nadie atendió. Lucas se llevó un botiquín con diferentes medicamentos y cuando me entregaron todo vi que había un faltante de antibióticos que me dio el indicio de que comenzó a medicarse antes porque no sentía bien. Incluso su compañera, con la que hablé muy poco, contó que el sábado mi hijo se quedó en el campamento porque no se sentía bien”, relató. También destacó que el grupo contaba con comunicación satelital y “podrían haber llamado a un servicio de emergencia”.
Además, Salaberría dijo que hubo irregularidades en los términos del contrato laboral. “Tanto mi hijo como su compañera firmaron el contrato antes de subir sin la posibilidad de que una persona con conocimiento legal lo revise. Además era un contrato de asistencia y capacitación estudiantil con un incentivo de $15.000 de ayuda para sus estudios. Esa supuesta práctica profesional fue un verso para dibujar una relación laboral irregular”, indicó. “Quiero que al menos la tragedia de mi hijo ayude a que las empresas no se aprovechen de los chicos que están desesperados por trabajar”