El Movimiento Ecológico de Venezuela recolecta firmas contra lo que considera un “ecocida, etnocida y genocida” proyecto de explotación minera del Gobierno junto a empresas extranjeras en la zona del Arco del Orinoco.
Apenas el viernes, el presidente Nicolás Maduro firmó contratos valorados en 4.500 millones de dólares con compañías transnacionales, oficializando así el proyecto que amenaza la flora y fauna de los ecosistemas del 12% nacional.
Las ponencias de la reunión estuvieron a cargo de Pastora Medina, exdiputada, exalcaldesa de Caroní y dirigente nacional del Movev, y el diputado Américo De Grazia, quienes sostienen la inconstitucionalidad del decreto por la clara violación a las leyes ambientales que rigen el país. Luego de sus intervenciones se realizó una recolección de firmas ciudadanas que serán presentadas en la Asamblea Nacional para exigir la anulación de la explotación.
El gobierno, de la manera más irresponsable, ha dado partida a un plan que violenta toda la Constitución y pone en riesgo ecosistemas que tienen la flora y fauna más exuberante (…) Se quiere desarrollar la minería en las nacientes a cielo abierto de los ríos, lo cual causa sequía y su desaparición. Ya vivimos el racionamiento eléctrico y este plan pasa a 5 kilómetros de la cuenca de Guri” explicó Medina.
La reserva forestal de Imataca, la cuenca del río Orinoco (segunda más biodiversa en Latinoamérica, con 939 especies corroboradas) y la cuenca del río Cuyuní, con 186 especies corroboradas, también se encuentran en el área que abarca el Arco Minero del Orinoco.
“El Ministerio del Ambiente es un órgano nulo en todo este proceso”, afirmó Medina, por lo que se llevará esta situación a instancias internacionales como Parlatino, Parlasur, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, así como la red Global Verdes, integrada por partidos políticos ecológicos de todo el mundo.
Todo lo negativo
El diputado De Grazia, representante del estado Bolívar, hizo referencia a la violencia minera que se vive en la región, agregada a las causas ambientales y de defensa de los pueblos indígenas del sur, como uno de los principales problemas que representan un impedimento más para el establecimiento del decreto.
“Detrás de esto están las mafias del oro que buscan legitimar la presencia de los militares en las minas (…) Las minas se han convertido en áreas criminales y los enfrentamientos siguen latentes. Este decreto es ecocida, etnocida y genocida, porque habilita la operación para la liberación del pueblo y a las bandas que se han adueñado de los territorios”, declaró.
Como presidente de una comisión mixta de la AN que combina las áreas indígena, ambiental y de energía, petróleo y minas, De Grazia expresó que se hará seguimiento continuo al Arco Minero del Orinoco, notificando a entes nacionales, internacionales y a los países que han recibido concesiones del estatus inconstitucional de este.
“La lucha por la defensa del arco de vida del Orinoco trasciende los partidos políticos y la ideología. Que coincidas con Ana Elisa Osorio o Hector Navarro lo demuestran . En Venezuela hay un futuro, pero también radica en la defensa de nuestros recursos naturales
Fuente:http://www.diariodelosandes.com/index.php?r=site/noticiasecundaria&id=32507