La Cumbre Agraria, que se realizó en Quito el pasado mes de julio, resolvió como una de sus prioridades fortalecer la autonomía y autodeterminación de los territorios y su defensa , lo que implica también la defensa de la soberanía como principal objetivo para encaminar y vigorizar la resistencia frente a los proyectos mineros, petroleros y multipropósitos que se han incrementado en todo el territorio nacional en estas últimas décadas.
En este tiempo, las comunidades y pueblos han palpado el avance ilegítimo de la frontera petrolera y minera, mayoritariamente en la Amazonía, y ven que los permisos (servidumbres) a nombre de compañías extranjeras son fácilmente entregados por parte del gobierno y las autoridades del ramo, mientras los pueblos originarios pierden sus territorios ancestrales y son vulnerados los más elementales derechos.
En el 2008, la Asamblea Constituyente daba un nuevo respiro a la Amazonía y a sus pueblos indígenas y campesinos, con el nacimiento del Mandato Constitucional 06, o Mandato Minero, que dispuso expresamente la “extinción” de las concesiones mineras, entregadas sin previo proceso, que afecten a la biodiversidad, a la vida humana y sus formas culturales. En ese marco y para fortalecer la lucha de los pueblos, también reconoció los derechos de la naturaleza.
El Mandato Minero dispone la “extinción” de toda concesión que se encuentre sobre: fuentes de agua, sobre área protegida, sobre zona de amortiguamiento de las fuentes de agua, sobre zona limítrofe, y previa consulta a los pueblos afectados, principalmente; y por lo tanto miles de hectáreas concesionadas debieron revertirse al Estado por estar en zonas donde no se podía realizar ninguna actividad extractiva. Eso quedó sellado con los derechos de la naturaleza y el reconocimiento a los ciclos de vida de la madre naturaleza que constan en la Constitución.
Sin embargo, los intereses y la codicia del capital extranjero rompieron barreras, y para el 2009 el gobierno aprobó el texto de la Ley de Minería, que ha sido reformada por el Ejecutivo y Legislativo oficialista en innumerables ocasiones, a medida de las necesidades empresariales, dando apertura en forma agresiva a la minería a gran escala y a las transnacionales canadienses inicialmente, y chinas en la actualidad.
Gloria Chicaiza, miembro de Acción Ecológica, señala que la decisión de empujar los cinco proyectos mineros “estratégicos” para el gobierno se refieren a los siguientes: Fruta del Norte, en manos de la canadiense Kinross; Mirador, a cargo de la EXSA, de capital chino; y Pananza San Carlos, del grupo chino Tonling y CRCC. El Proyecto de Río Blanco, Molleturo, Kimsacocha, de capitales chinos, también constituye un retroceso para los derechos humanos y ambientales, gracias a las reformas a la Ley Minera aprobada en el 2009 y al irrespeto del Mandato Minero.
Chicaiza señala que este Mandato tiene como objetivo el respeto de derechos, por lo tanto no puede ser derogado o desconocido por intereses particulares, o por la Ley de Minería, que no tiene asidero jurídico, ya que “en aplicación de este Mandado la Contraloría General del Estado emitió el primer informe del estudio realizado al proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe, en el que constaba que Mirador está asentado sobre 250 fuentes de agua, y en zona de amortiguamiento de fuentes de agua; está en zona limítrofe, sobre un área protegida y nunca fue consultado el pueblo. Y según el Art. 3 del mismo Mandato, la concesión debió ser extinguida, pero nada han hecho las autoridades para frenar tantas arbitrariedades, y por el contrario, han aprobado ilegalmente todo tipo de permisos y licencias. En el mismo caso está ahora Fruta del Norte, antes en poder de la Kinross, y Pananza San Carlos, en Morona Santiago, parte de la Cordillera del Cóndor”, señala.
“Con la aprobación del Mandato, en la práctica murieron las concesiones, y con la Ley del 2009 pretenden (el gobierno) dar vida a un muerto. El nuevo marco legal ecuatoriano quedó en la indefensión, ya que está bajo el poder total del Ejecutivo”, señala Chicaiza.
Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, cree que esta agresiva expansión minera en distintas provincias no es una coincidencia, sino una sincronización de tiempos y acciones para entregar territorios a cambio de recursos frescos. Dentro de estos planes ocurrio “el mismo día en que se firmaban contratos como el Proyecto de Río Blanco con una transnacional china y, a la par, se entregaba al grupo CRCC, Toiling y otras empresas chinas el proyecto Pananza San Carlos, en Morona Santiago; en esos días llegaron también los diez mil fusiles de alta calidad como cooperación y solidaridad con el gobierno ecuatoriano, lo que nos lleva a comprender que la megaminería será impuesta a fuego y sangre”, señala.
Romanticismo ambiental o negación de la realidad social
“Creemos en las luchas de los pueblos, reivindicamos las utopías, en la Amazonía ecuatoriana está un pueblo que ha sobrevivido a la colonización española y que está siendo atropellado. La Amazonía es poseedora de una riqueza biológica invaluable y que es considerada un regulador ambiental; eso no es romanticismo ambiental sino pensar en lo concreto, en la gente y en la vida, en la pérdida de biodiversidad, de territorios, de reguladores ambientales que se traducen en bosques, en energía; parámetros que son concretos y no romanticismo”, dice la activista.
Para Chicaiza, en este avance de la minería se contraponen dos modelos y dos corrientes, el uno que busca esos territorios y recursos, a través de atropellos de los derechos humanos, de desalojos, de indigencia, de desaparición de pueblos y aparición de otros con una geografía totalmente distinta, para reproducir el capital; y por el otro lado esta la gente que trata de recuperar estos territorios para la reproducción de la vida y la defensa de los derechos. En todo esto se encaja lo ocurrido en Tundayme y ahora en Nankints.
En ese marco de lucha, Carlos Pérez señala que la Ecuarunari y otras organizaciones han decido acogerse a la resistencia frente a todas las formas de ataques del régimen, pues el derecho al agua está en peligro por el extractivismo y porque pretenden (el Estado) apoderarse de los sistemas comunitarios de agua”. “Son las acciones (gubernamentales) que tendrán reacciones”, añade.
El representante indígena compara a estos gobiernos supuestamente revolucionarios” con los de derecha de la región, porque son igual de extractivistas. “la megaminería es colonial y capitalista; hace años nos quitaron las mejores tierras, nos quitan el oro negro, y ahora vienen por el dorado (oro)”.
No queremos que se repita la historia de La Oroya, que es la quinta ciudad más contaminada del mundo, en donde el 80% de niños tiene niveles muy altos de plomo en la sangre y cáncer.
El aspecto económico
Carlos Pérez menciona que el tema económico es lo que ha empujado al gobierno a entregar los proyectos mineros, pues una recuperación del precio del petróleo no ayudaría al régimen, ya que los yacimientos se encuentran hipotecados por varias décadas a China y otras empresas transnacionales.
William Sacher, catedrático y estudioso del tema minero, señala que: “El crédito es una herramienta del capital para someter, para sobornar a los gobiernos que hacen los préstamos; esto ocurre desde los años 70 y a través de estos créditos el extractivismo se ha devorado la selva amazónica -en el caso del Ecuador-. Esto es un avance del capitalismo asociado con las transnacionales. Solo se ha cambiado de prestamista, antes eran anglosajones, hoy son chinos, pero finalmente el resultado es el mismo: la devastación, la explotación de los territorios de la naturaleza, la destrucción de los modos de vida”.
En números
El territorio ecuatoriano está dividido en bloques mineros, distribuidos en 15 provincias, según los datos que se publican en el catastro minero de la Agencia de Regulación y Control Minera, ARCOM, y se están subastando 432.251 hectáreas, distribuidas en zona Norte, 109.668 has; zona Centro, 131.404 has; y en la zona Sur 191.179 has del país. Adicionalmente están en trámite de concesión aproximadamente 1´378.069 has, divididas de la siguiente manera: en la zona Sur (Sierra y Amazonía) aproximadamente 279.199 has y 828.555 has; y entre en la zona norte aproximadamente 270.315 has.
Por lo tanto, se puede decir que: al finalizar la gestión del gobierno de Correa se habrían concesionado cerca de 1´810.320 hectareas; esto es, aproximadamente el 7% del territorio nacional.
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Fuente: SERVICIO INFORMATIVO OPCIÓN