El 11 de agosto de 2016 la Amazonía Sur del Ecuador fue marcada en la defensa de sus derechos colectivos. En ese día el presidente de la Asociación de Centros Shuar Bomboiza fue sentenciado a un año de prisión por paralización de servicios públicos, al mismo tiempo, miembros de la policía nacional y del ejército desalojaban la población de Nankintz.
El territorio de la nacionalidad shuar del Ecuador se ha visto amenazado por el ingreso de empresas transnacionales mineras. A través de la historia, se han registrado varios eventos en los que este pueblo ha demostrado su resistencia. Pero los últimos diez años se han enfrentado a la arremetida de estas empresas que trabajan con aquiescencia estatal.
La empresa de capitales chinos EcuaCorriente S.A. (ECSA) mantiene una serie de concesiones para la exploración y posterior explotación de cobre en la Cordillera del Cóndor, la misma que se ubica entre las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, y considerado por la nacionalidad shuar como su territorio ancestral. De esta manera, ECSA, con apoyo de la fuerza pública, ya desalojó comunidades en la provincia de Zamora Chinchipe para desarrollar el proyecto de minería a gran escala y a cielo abierto “Mirador”, y su empresa filial Explorcobres, ha empezado el mismo proceso contra comunidades en la provincia de Morona Santiago, para dar paso al proyecto “Panantza-San Carlos” de las mismas características de “Mirador”.
Para demostrar sus descontento a esta situación los diferentes centros de la nacionalidad shuar, en asamblea, acordaron respaldar la decisión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE y unirse al levantamiento indígena de agosto de 2015, cerrando la vía Gualaquiza – Loja.
Según nos cuenta Tomás Jimpikit, presidente de la Asociación Bomboiza, el 14 de agosto de 2015 fueron desalojados de la vía y detenidas seis personas, quienes fueron juzgadas el día 11 de agosto de 2016 por el delito de paralización de servicios públicos. A criterio del abogado defensor, la fiscalía no pudo demostrar la participación de las seis personas en el delito que se les imputaba, por lo que sorprende que cinco sean absueltas y solo una condenada; todavía están a la espera de la sentencia escrita para conocer la argumentación del tribunal y poder ejercer el derecho a la apelación.
La CONAIE ha informado que son más de 100 personas las que han enfrentado y/o enfrentan procesos a partir del levantamiento indígena de agosto de 2015 y por lo tanto criminalizadas por defender el territorio1. Este es uno de esos casos. Considerando las sentencias emitidas en otras causas, se cree que la razón principal para sentenciar a Jimpikit, es su calidad de dirigente y de esta manera, amedrentar la lucha social.
Los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador históricamente han participado en medidas de hecho, como el cierre de vías, para exigir que se les escuche y se respeten sus derechos, sobretodo cuando los otros canales de diálogo se han restringido. En los meses previos al levantamiento indígena, el presidente de la Asociación Bomboiza, fue uno de los actores de la acción de protección en contra del Ministerio de Ambiente por la violación al derecho de NO consulta previa a las poblaciones indígenas que serán afectadas directamente por el proyecto minero Panantza-San Carlos2, la misma que fue rechazada por la justicia ecuatoriana.
De acuerdo a la acción, una de las poblaciones afectadas es Nankintz, comunidad desalojada el mismo día en que Tomás Jimpikit era sentenciado a un año de prisión. Videos que circularon en redes sociales y posteriormente, en los noticieros, dieron cuenta de la resistencia de la población3, la destrucción de casas4 y la restricción del paso hacia la comunidad por parte de la fuerza pública5.
El dirigente han manifestado: “Nosotros no vamos a permitir la entrada de las compañías extranjeras en nuestros territorio shuar, en particular de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Nuestra protesta profunda y rechazo total ante instancias nacionales e internacionales, porque se han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas. Exigimos la consulta libre e informada para la extracción de recursos tanto ahí como en Tundaymi”5.