Derivado del reportaje publicado hace unas horas por la Agencia Internacional de Noticias REUTERS, en el sentido de que la Minera Peñasquito, perteneciente a la transnacional canadiense Gold Corp e instalada desde el 2008 en el municipio de Mazapil, ha ocultado desde hace tres años los altos niveles de contaminación por selenio y otros metales, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) exige una investigación internacional a fondo tanto a la empresa como a las dependencias federales mexicanas, pues es claro que hay un contubernio y corrupción porque no se ha cumplido con el reglamento preestablecido en la Ley Ambiental.
Felipe Pinedo Hernández, a nombre de la CNPA y del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), aseguró que existe un contubernio histórico entre la transnacional y sus filiales en México con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otras instancias encargadas de regular el medio ambiente.
“Siempre hemos tenido la razón al estar denunciando la forma de explotación, porque Peñasquito no sólo ha contaminado desde hace años con selenio, sino con arsénico, plomo, mercurio y flúor, lo que significa que el método que utiliza en sus lixiviados ha rebasado los niveles permitidos y está matando a la gente”, reiteró.
Por ello se observan diversos problemas de salud, como la caída del pelo, de uñas y de dientes entre la población de aquella región, así como daños severos a la tiroides y el sistema inmunológico y daños al duodeno, al aparato digestivo, el hígado y los pulmones, a causa de la selenosis e ingesta crónica.
Pinedo Hernández afirmó que estas son las consecuencias que han derivado de la explotación a cielo abierto que siempre ocultaron, pues el selenio es peligroso con altos niveles de daños permanentes a la salud.
Aseveró que se ha extendido la contaminación a los mantos freáticos, sobre todo los que están cerca de la presa de jales en las comunidades Cerro Gordo, Cedros, Matamoros y El Vergel, que convergen a la minera y que rodean el agua con un alto riesgo contaminante.
Por ello, se exige una investigación profunda a la minera y a las instancias de protección ambiental. Ello, en función de varios acuerdos internacionales para prevenir la contaminación, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Trabajo de la Mesa del Atlántico Norte, entre otras.
En este sentido, Felipe Pinedo advirtió que el peor de los casos, de no tomarse medidas drásticas internacionales, será la muerte masiva de la gente de las comunidades del semidesierto zacatecano.
“Hacemos responsable a la empresa porque de los jales desemboca en un colapso de riesgo total de muerte a la población, por la principal fuente de contaminación a causa de los métodos equivocados de la explotación de metales pesados y peligrosos que contaminan las aguas fósiles de la región”, advirtió Felipe Pinedo.
Finalmente, dejó en claro que la CNPA exige la indemnización y cumplimiento para litigar en el impacto ambiental y que se informe de los riesgos a la población, porque no es posible que durante tres años apenas salga a la luz esta información que agudiza el riesgo latente de contaminación y daños severos a los habitantes, y que generará un efecto multiplicador negativo y trágico.