El expediente estaba durmiendo, pero se despertó en las últimas semanas. Finalmente, el titular del Juzgado Federal 2 de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, decidió llamar a indagatoria al gerente general y a dos ex ejecutivos de la minera chilena Los Pelambres por la escombrera que la empresa trasandina creó sin autorización en San Juan. Son más de 52 hectáreas en los que Los Pelambres arrojó entre 2007 y 2012 unas 55 millones de toneladas de rocas capaces de generar drenaje ácido de roca, y casi medio millar de neumáticos gigantes, también potencialmente contaminantes.
La causa fue iniciada por las autoridades a la mina argentina El Pachón, en cuyos terrenos fue instalado el botadero.
En la mira están el actual gerente general de Minera Los Pelambres, Robert Andrew Mayne-Nicholls Secul, y sus antecesores, Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerda Mery, que deberán prestar declaración indagatoria el 19, 20 y 21 de octubre.
Los Pelambres había alegado que la Justicia argentina no tiene jurisdicción para actuar en el caso y perseguir penalmente a los ejecutivos chilenos, pese a que los delitos por los que finalmente fueron imputados se cometieron en suelo sanjuanino. Son tres: contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas. Sin embargo, la semana pasada la Cámara Federal de Mendoza rechazó la petición, lo que abrió el camino al llamado a indagatoria.
El mapa muestra que la casi la mitad de la escombrera está en territorio argentino. El mapa muestra que la casi la mitad de la escombrera está en territorio argentino.
El Pachón tiene mala fama en San Juan, sobre todo en el sector minero, porque nunca empezó a explotarse. Tanto en el gobierno provincial como en Antofagasta Minerals –la empresa que controla Los Pelambres– están convencidos que sus dueños (primero Xstrata y luego Glencore, ambas firmas de Suiza) dejaron que la escombrera creciera para negociar su venta a la compañía chilena. Cuando esa operación se cayó -dicen- iniciaron la acción penal que ahora avanzó y una demanda civil en la que persiguen la remoción del botadero y un indemnización.
Por lo pronto, el gobierno de San Juan y Antofagasta Minerals firmaron un acuerdo para que el botadero sea aislado, pero no removido. Alegaron que el juicio podría terminar en la Corte Suprema y que esto es sólo un piso, que nada impide que la Justicia luego falle a favor de su traslado a Chile.
Aún así, desde el sector ambientalista cuestionaron el convenio. Por eso, esta semana viajará San Juan el senador Fernando «Pino» Solanas para impugnar el acuerdo.
En paralelo, avanza en el Senado un pedido de interpelación a la canciller Susana Malcorra para que brinde explicaciones en la cámara alta. Según confirmó Infobae, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Julio Cobos, aceptó una propuesta de Solanas, que preside la Comisión de Medio Ambiente, para convocar a un plenario de los dos cuerpos y avanzar con la convocatoria a la Ministra.
Hasta ahora se sabe que hubo un reclamo formal al gobierno chileno. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó recientemente que se pidió al Ejecutivo de Michelle Bachelet que informe «cómo propone la restitución de las cosas a su estado anterior».