Dos décadas y media de expansión minera obligan a pensar en generar nuevas tendencias y verdaderos escenarios de transiciones que permitan salir del actual modelo extractivo exacerbado y depredador que afecta derechos y produce una fuerte y creciente conflictividad social a nivel global. En los países latinoamericanos, en casi todos los casos se apuesta por economías profundamente dependientes del sector extractivo a pesar de los distintos signos políticos u orientaciones. El peligro es seguir sin tomar en cuenta los mensajes que nos vienen dando tanto la naturaleza como las poblaciones en las zonas de influencia de los proyectos. Las poblaciones expresan una abierta defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, frente a la presión de los modelos extractivistas imperantes en los países: los intentos que apuntan a sostener el extractivismo minero son cada vez más criticados y deslegitimados por amplios sectores de la sociedad.
Antecedentes y algunas de las principales tendencias de la minería
Una variable es la evolución de las inversiones mineras: mientras a inicios de la década del 90 apenas se invertía algo más de mil millones de dólares en exploraciones a nivel global, el año 2012 -momento pico de la expansión de las inversiones- se superaron los 20 mil millones de dólares solo en actividades de exploración.
Como se muestra en el siguiente gráfico, se pueden identificar hasta cuatro momentos en la evolución de los presupuestos de inversiones en exploración minera a nivel global: uno primero de clara expansión, que va desde inicios de la década del 90 y que termina en 1997 con el estallido de la denominada crisis rusa y asiática que influyó de manera determinante en la minería a nivel global; uno segundo, que cubre el período 1998-2002 que es una etapa de descenso y que coincide con los efectos de la mencionada crisis internacional, la consecuente caída de las cotizaciones internacionales de los minerales y la retracción de los presupuestos de inversión; una tercera etapa de recuperación y el inicio del denominado súper ciclo de los minerales y que tuvo dos picos, el año 2008 y el 2012 [1]. Y finalmente, todo indica que a partir del año 2013 se ha iniciado una nueva etapa de menor dinamismo y retroceso que muestra menores presupuestos de exploración a nivel global, mercados financieros restrictivos y caídas en las cotizaciones, tanto de los metales de base como de los preciosos.
¿Cuánto puede durar esta nueva etapa? Todo indica que se habría entrado a un escenario en el que la reducción de los flujos de inversión se explica por el lado de los fundamentos del propio sector minero a nivel global y que podría continuar algunos años más.
Pero las inversiones no solo se multiplicaron en miles de millones de dólares en diferentes momentos, sino que el número de países con minería también creció de manera notoria. Lo cierto es que en la actualidad cada vez se desarrolla minería en regiones más remotas o que eran hasta hace poco zonas protegidas: en Asia Central y África Occidental; desde Alaska hasta la Patagonia en las Américas, son algunas de las regiones que testimonian esta expansión.
Lo cierto es que las inversiones mineras hoy en día acceden a zonas que hasta hace muy poco eran consideradas restringidas: por ejemplo, Mongolia hace apenas unos años ha permitido el ingreso de inversionistas extranjeros a sus territorios para la exploración y eventual explotación de recursos naturales. Otro ejemplo son las zonas de frontera de los países en las que por motivos de seguridad nacional hasta hace un tiempo no se permitían inversiones de empresas privadas, sobre todo extranjeras.
Adicionalmente, las inversiones se relocalizaron desde mediados de la década del 90: si tomamos en cuenta los flujos de inversión en exploración a nivel global, América Latina se convirtió desde finales de la década del 90 del siglo pasado en el principal destino de la inversión minera, desplazando a América del Norte del primer lugar: mientras que a inicios de la década del 90, América Latina apenas recibía algo más del 10% del total de la inversión minera, en la actualidad y pese a la tendencia de reducción de los presupuestos de inversión, recibe el 25% superando a América del Norte, Oceanía, África y Asia. Además, entre los diez principales destinos de la inversión minera en el mundo, figuran regularmente cuatro países de la región: México, Chile, Perú y Brasil (ver gráfico) que concentran algo más del 80% de la inversión en América Latina.
La realidad cambiante en los países de América Latina
La llegada de estos flujos de inversión a América Latina se ha dado en contextos que también han ido variando en los países a lo largo de algo más de dos décadas de expansión: a diferencia de lo que ocurría en la década del 90, donde se presentaba una situación más homogénea en la región, caracterizada por la vigencia casi generalizada de códigos de minería aperturistas, en la actualidad se presentan escenarios notoriamente diferenciados: por un lado, tenemos la realidad de países como Colombia y Perú, que permanecen bajo los preceptos de las políticas liberales del consenso de Washington y en donde la promoción abierta de la minería y los hidrocarburos se sigue dando bajo el predominio y control predominante de las grandes consorcios y empresas transnacionales. En estos países, las empresas mineras desarrollan sus actividades en un escenario de abierta desregulación y los Estados tienen una mínima presencia y control de la expansión extractiva.
Por otro lado se encuentra el grupo de países con gobiernos que promueven un mayor control de los recursos naturales desde el Estado. Los denominados gobiernos progresistas de la región que implementan políticas post neoliberales, han apostado por el control de la renta extractiva como uno de los aspectos más saltantes de sus administraciones: “el Estado juega un papel más activo y logra una mayor legitimación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes generados por ese extractivismo…” [2]. En este grupo, aunque con diferencias y matices, se ubican los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, El Salvador, Uruguay.
Por lo tanto, pese a las orientaciones políticas distintas en casi todos los casos se apuesta por economías profundamente dependientes del sector extractivo: el extractivismo conservador y predominantemente transnacional de Colombia y Perú y el neo extractivismo de los denominados gobiernos progresistas o post neoliberales con mayor control desde el Estado de los procesos que se impulsan.
Quizás un punto en común entre ambos bloques de países son los problemas sociales y ambientales que enfrentan y que no han dejado de estar presentes pese a cambios en el marco legal e institucional. En Ecuador y Bolivia, el movimiento indígena denuncia que preceptos constitucionales importantes como los que definen los derechos de la naturaleza o el derecho a la consulta previa libre e informada, vienen siendo revisados y cuestionados por leyes específicas como la de minería y la de recursos hídricos (Ecuador) y la del Órgano Electoral Plurinacional (Bolivia). En Venezuela se denuncia que algunos estados, como el de Zulia, “se han convertido en una zona de sacrificio minero petrolero” [3] y en Argentina se cuestionó proyectos de envergadura como el de Pascua Lama que afectaba toda una zona de glaciares. En Brasil el manejo de las grandes inversiones en zonas sensibles como la Amazonía y la flexibilización de las normas ambientales han provocado crisis políticas, como la que terminó con la renuncia de la entonces ministra del Ambiente, Marina Silva, en el primer gobierno del presidente de Lula da Silva.
En Perú y Colombia, los conflictos ambientales vinculados al sector extractivo no han cesado de aumentar en número e intensidad. En ambos países la apuesta de sus gobiernos sigue siendo por la denominada locomotora minera y el objetivo de concretar una larga lista de nuevos proyectos de inversión, pese a la fuerte resistencia en algunas zonas sobre todo de poblaciones rurales e indígenas.
El contexto actual y las perspectivas del modelo extractivo
No es poco lo ocurrido en los últimos 25 años en cuanto a la extracción de recursos naturales. La expansión de la frontera extractiva, minera, petrolera, gasífera, entre otros tipos de extracción, ha sido una tendencia global en la que América Latina ha ocupado y sigue ocupando un lugar destacado.
Andrés Barreda, científico social mexicano y profesor de economía de la Universidad Autónoma de México, describe lo vivido en América Latina y sobre todo en el sur del continente de la siguiente manera [4](Cochabamba 2012): hay regiones en el mundo que tienen gas, hay otras que tienen petróleo, otras poseen recursos minerales e incluso importantes reservas de agua dulce; sin embargo, quizás la única zona en el mundo que tiene todo eso junto es la que se ubica en el pie de monte andino-amazónico en América del Sur.
Por lo tanto, la presión ha sido enorme en las dos últimas décadas y seguramente lo seguirá siendo, pese a las fluctuaciones recientes de los precios internacionales de los principales commodities y las tendencias identificadas de menores inversiones. Lo cierto es que la historia de economías como las latinoamericanas muestra lo gravitante de las actividades extractivas, tanto en épocas de bonanza como en las de crisis.
El peligro es que se pretenda seguir haciendo extracción de recursos naturales sin tomar en cuenta los mensajes que nos vienen dando tanto la naturaleza como las poblaciones en las zonas de influencia de los proyectos. Naomi Klein nos recuerda que «la naturaleza intenta decirnos que necesitamos un modelo económico radicalmente diferente» y, por otro lado, las poblaciones expresan una abierta defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, frente a la presión de los modelos extractivistas imperantes en los países: los intentos que apuntan a sostener el extractivismo minero son cada vez más criticados y deslegitimados por amplios sectores de la sociedad.
Por lo tanto, el reto sigue siendo como recuperar los equilibrios necesarios y como se construye una verdadera gobernanza territorial. Dos décadas y media de expansión minera obligan a pensar en generar nuevas tendencias y verdaderos escenarios de transiciones que permitan salir del actual modelo extractivo exacerbado y depredador que afecta derechos y produce una fuerte y creciente conflictividad social a nivel global.
[1] En esta etapa se registró un breve intervalo, el año 2009, luego de la crisis financiera del año 2008 que fue rápidamente superada.
[2] Eduardo Gudynas: Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. En La Maldición de la Abundancia: Alberto Acosta. Septiembre 2009.
[3] Eduardo Gudynas. Op. cit.
[4] No es cita textual.