Alcalde de El Castillo confirma: Mina causaría una catástrofe en el río Ediles de la cuenca del San Juan se reunirán de urgencia para tratar el peligro que amenaza desde Las Crucitas
Centro Humboldt advirtió por carta al gobierno de lo que podía ocurrir, pero no hubo reacción alguna Tatiana Rothschuh y Valeria Imhof 
La exploración minera a cielo abierto a tres kilómetros del nicaragüense río San Juan, precisamente en el sector de Las Crucitas, sería catastrófica y de graves consecuencias para la flora y fauna en una ilimitada extensión, según el alcalde del municipio El Castillo, Francisco Díaz, quien junto a otros ediles promueve iniciativas para hacerse escuchar por el gobierno costarricense.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua fue advertido desde febrero pasado sobre las nuevas pretensiones de la empresa canadiense Vannessa Venture Limited para la exploración y explotación minera en las riberas del San Juan, pero ninguna autoridad se ha pronunciado hasta el momento.
Según el alcalde que gobierna el área fronteriza con Las Crucitas, la alerta del periodista Marco Tulio Araya, líder del grupo ambientalista Unión Norte por la Vida”, de Costa Rica, sobre un nuevo impulso de la empresa Vannessa Venture para explotar oro en ese sector, llevará a los ediles a suscribir una carta y el lunes próximo se personará en Cancillería nicaragüense para que sea elevada “nuestra preocupación” ante su homólogo en Costa Rica, y a la vez ante la Presidencia.
A juicio del edil, propondrán la realización de mayores estudios técnicos para determinar los efectos negativos, y, precisamente, la contaminación que causará en las aguas del San Juan. “Sabemos las consecuencias de la exploración y explotación a cielo abierto, mientras si se realiza a 700 pies de profundidad, no nos afectarían”, apuntó.
El jefe de la comuna de El Castillo dijo que con la alcaldesa de San Carlos, Marisol McRea, han convenido promover una reunión con los alcaldes fronterizos de Los Chiles y Santa Rosa, que también desaprueban el proyecto minero a cielo abierto, lo que conllevaría a una unidad binacional para incidir en el gobierno costarricense, que según la alerta del líder ambientalista tico, los concesionarios del proyecto minero aseguran que anulará la moratoria minera decretada en junio de 2002 por el ex presidente Abel Pacheco. Mutismo En una carta con fecha del 12 de febrero del presente año, el Centro Ambientalista Alexander Von Humboldt le comunica al presidente Daniel Ortega su “preocupación sobre los riesgos ambientales y la amenaza que se cierne sobre el río San Juan, que serían generados por el proyecto minero conocido como Las Crucitas”.
“Nuestra preocupación vuelve a motivarse en que esta zona posee una gran diversidad biológica que puede verse afectada, además que dentro de ella se encuentran las áreas protegidas del sureste de Nicaragua”, dice parte de la misiva enviada al Presidente, que hasta hoy no ha tenido respuesta.
La carta fue enviada con copia al canciller Samuel Santos; a la ministra de Ambiente de ese momento, Amanda Lorío; al procurador general de la República, Hernán Estrada, así como a organismos ambientalistas nicaragüenses y costarricenses, y funcionarios de ese país.
“Queremos hacer un llamado al gobierno para que se pronuncie al respecto, al igual que se realicen las acciones correspondientes de acuerdo a las normativas ambientales nacionales e internacionales”, indica.
EL NUEVO DIARIO intentó durante todo el día de ayer conocer la posición de la Cancillería, pero la respuesta fue: “No hay información oficial” al respecto.
Angélica Alfaro y Felipe Ortiz, del área de incidencia del Centro Humboldt, lamentaron el mutismo del gobierno ante este tema, y reiteraron que un proyecto minero a cielo abierto es una amenaza para el río San Juan.
“Instamos especialmente a la Cancillería de la República para que tome acciones, porque la empresa está anunciando nuevas concesiones”, dijo Alfaro.
Ortiz agregó que es contradictorio que el pasado 12 de junio se haya creado la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hídrica del Lago Cocibolca y el río San Juan, para el mejor aprovechamiento del agua, cuando del otro se está gestando un proyecto que va a traer graves consecuencias para el medio ambiente.
“Desde 2004 le estamos dando seguimiento a este caso, hemos recomendado a los gobiernos dar seguimiento a esta concesión minera, y hasta el momento no hemos visto ninguna acción”, dijo Ortiz.
La alerta de los ambientalistas se originó luego de que la compañía Vannessa Ventures difundió en Internet una exploración de 60,000 hectáreas nuevas que serían concesionadas por el Ministerio de Energía y Minas de Costa Rica (MINAE) y dos cerros (Botija y Fortuna) que serían convertidos en un enorme foso minero para explotar un nuevo yacimiento: la roca dura. Extraña explicación En una entrevista brindada a una publicación de la Universidad de Costa Rica, el vocero de Industrias Infinito, Andrés Soto, afirmó que esta empresa no desarrolla en la actualidad ninguna actividad de exploración o explotación, en acatamiento de la moratoria que existe desde 2002.
“Sí se está aprovechando este tiempo para adelantar –por ejemplo– el diseño de los planos de una planta procesadora de metales, para que “una vez que tengamos los permisos de construcción correspondientes, hayamos adelantado esta tarea”, declaró.
Dijo que la empresa está confiada en que los tribunales de justicia resolverán a su favor, y que posteriormente se le dará el visto bueno a la concesión, para continuar con el proyecto.
Respecto de los contenidos de su página web, el vocero de Industrias Infinito, subsidiaria en Costa Rica de Vannessa Ventures, explicó que esos materiales los usó en Canadá un funcionario ejecutivo en una presentación que hizo hace algunos meses a personas que ya tienen inversiones con esa firma, y como algunos no asistieron, entonces colocaron el archivo en su página, el cual ya fue quitado. Alerta por contaminación En días recientes, autoridades del departamento surcaron el torrente y extrajeron muestras en los sitios del San Juan, donde desemboca la quebrada El Descubrimiento, después de producirse la denuncia en la Fiscalía Adjunta del II Circuito de Alajuela, Costa Rica, sobre la supuesta contaminación de la quebrada El Descubrimiento, en Las Crucitas, zona norte de San Carlos, por posibles afectaciones en las aguas del río San Juan.
Las muestras fueron recogidas por el ingeniero Haslam Jarquín, coordinador de Áreas Protegidas de la Reserva de Biosfera Indio-Maíz, del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena); por el procurador ambiental Luis Alberto Pineda; por el fiscal ambiental Sergio Pérez; por el capitán Eddy Lagos, del Destacamento Militar Sur del Ejército, y por el Sistema de Atención Integral a la Salud (Silais) el higienista Juan Carlos Navarrete, las que fueron entregadas al Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos (CIRA).
Pero también el director general de Fundación del Río, Antonio Ruiz, dispuso otra iniciativa para examinar las aguas, pero esta vez lo hizo un especialista del CIRA acompañado con miembros de esa organización ambientalista y del Destacamento Militar Sur del Ejercito Nacional.