La Mesa Nacional frente a la Minería en El Salvador-MNFM— desarrolla este día el Foro Público “El Salvador: Culpable o Inocente en el caso de la minera Pacific Rim/ Oceana Gold”, con el propósito de plantear los posibles escenarios ante la decisión que tomará el Centro de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones-CIADI— contra el Estado salvadoreño por la demanda que interpuso la transnacional minera en el año 2009.
La demanda de la empresa Pacific Rim/ Oceana Gold se hizo amparándose en el capítulo de inversiones contemplado en el Tratado de Libre comercio Centroamérica y Estados Unidos, conocido como CAFTA-DR y en la ley de inversiones de El Salvador, específicamente en el articulo 15 relativo a la solución de controversias entre el estado y las empresas, sin embargo, el CIADI consideró improcedente darle curso a la demanda en el marco del CAFTA-DR, dada que la empresa era considerada como empresa canadiense, pero decidió continuar el proceso a partir de la ley de inversiones.
Durante estos 7 años que se prolongó este arbitraje, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica insistió en que la demanda millonaria contra el Estado salvadoreño por 300 millones de dólares, ha . sido un mecanismo de chantaje para obligar al gobierno de la república a otorgarle la licencia de explotación del proyecto minero El Dorado, sin importarles la vulneración de los derechos humanos de la personas y desconociendo la voluntad soberana y legitima del pueblo salvadoreño de no permitir la minería metálica en nuestro país.
Sabemos que El CIADI es un tribunal que desde su instalación en el seno del Banco Mundial ha actuado a favor de las empresas transnacionales, sin embargo, y dado que en los próximos días darán a conocer su decisión respecto a la demanda, es conveniente visualizar por lo menos dos posibles escenarios.I. Que el Estado gane la demanda, por consiguiente se libera al estado salvadoreño de pagar a la empresa Pacific Rim/ Oceana Gold el monto exigido como compensación.
II. Que la transnacional gane la demanda. Esto implicaría que el Estado deba pagar un monto que finalmente decidiría el CIADI, que como se ha dicho tiene como referencia el monto de 300 millones de dólares.
Este escenario podría tener como consecuencia adicional, que otras empresas mineras no solo presionen al Gobierno para que les otorguen más permisos de explotación, sino que además recurran al CIADI para interponer más demandas contra el Estado Salvadoreño.
En ese marco, independientemente de cual sea la decisión del CIADI, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, reitera el llamado al Gobierno para que realice una revisión crítica y un análisis sobre la conveniencia de mantener leyes tan permisivas y atentatorias contra la soberanía como la Ley vigente de Inversiones.
Asimismo, insistimos en que el Estado debe declarar ilegítimo el CIADI y retirarse del mismo por al menos dos razones.
Primero, para cerrar de forma definitiva toda posi-bilidad de que más empresas transnacionales sigan demandando al país.
Y segundo, para no permitir que el desarrollo del país y el futuro de las y los salvadoreños se decidan en tribunales extranjeros creados para el beneficio de las multinacionales que no reconocen la soberanía y el derecho del pueblo a decidir sobre su destino.
Demandamos:
Al gobierno central a emitir un decreto ejecutivo prohibiendo la minería metálica mientras no se apruebe la ley que la prohíba definitivamente la minería metálica en El Salvador.
Que la asamblea Legislativa, someta a discusión y una pronta aprobación de la nueva ley que prohíba la minería metálica en El Salvador.
Mesa Nacional frente a la Minería en El Salvador-MNFM