24 / 05 / 2016
Los megaproyectos de inversión y las industrias extractivas continúan generando
conflictividad en Centroamérica, teniendo como desenlace graves violaciones a los derechos
humanos de la ciudadanía: El derecho de consulta es omitido deliberadamente, el acceso al
agua y la conservación de la vivienda es amenazada, los territorios indígenas son usurpados,
los derechos laborales vulnerados, y el medio ambiente es afectado. Aparte de los impactos
ambientales, sociales y económicos que generan las industrias extractivas y mega proyectos,
existe una nueva modalidad que está perjudicando a los países de la región, a saber: las
demandas nacionales e internacionales hechas por las transnacionales contra los Estados para
obtener réditos millonarios sin ningún tipo de inversión.
Después del Golpe de Estado del 2009 en Honduras se han otorgado aceleradamente
concesiones a industrias nacionales e internacionales para la explotación de minerales; a
pesar de que esto genere a la postre criminalización de la protesta y de personas que
defienden derechos. El pasado 9 de mayo, en el marco de una campaña para exigir justicia por
el asesinato de Berta Cáceres, miembros del COPINH fueron reprimidos por militares y
policías, dejando como resultado a personas lesionadas y otras temporalmente capturadas. En
el marco de la exigencia de las comunidades indígenas, la CIDH ha ofrecido al gobierno de
Honduras la conformación de una comisión especial con el propósito de esclarecer los
crímenes contra defensores de derechos humanos.
En Guatemala, a pesar de que existe una resolución judicial emitida por la Corte
Constitucional por medio de la cual se suspende la explotación minera de la empresa
EXMINGUA en San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo en el proyecto minera “El Tambor”,
ésta sigue operando de manera ilegal, sin que tenga mayor control institucional al respecto. A
pesar de que se han registrado capturas de trabajadores por continuar operando en dicho
proyecto minero, no se identifican detenciones de ejecutivos de la referida empresa.
Por otra parte, la ampliación del Canal de Panamá anunciada para junio 2016 podría generar
focos de conflicto en la ciudadanía, como lo está generando el megaproyecto denominado “El
Gran Canal Interoceánico” en Nicaragua.
Los gobiernos de El Salvador y Costa Rica han promovido vedas de hecho para la explotación
minera generadas por los casos de los proyectos el Dorado y Crucitas respectivamente, lo que
ha traído consigo demandas millonarias contra los Estados. A lo anterior se suma, la
demanda en contra de Panamá ante el CIADI, interpuesta en abril recién pasado, por la norenovación de la concesión de extracción minera de la empresa norteamericana Dominion
Minerals , en territorio indígena del Pueblo Ngäbe Buglé, por no cumplir con los requisitos
ambientales, la demanda alcanza un monto $ 268 millones. Lo anterior denota que las
empresas mineras en Centroamérica están redefiniendo su estrategia para obtener
“ganancias” sin operar, constituyendo una nueva forma de saqueo de los países del istmo.
Por lo anterior:
Resulta preocupante, que los diferentes gobiernos de la región centroamericana continúen
otorgando licencias de exploración y explotación minera, y al desarrollo de megaproyectos de
inversión a sabiendas de las graves violaciones a los derechos humanos y la conflictividad que
lo generan.
Los parlamentos de Centroamérica deben de derogar la legislación que permite la exploración
y la explotación minera, con el propósito de proteger los derechos humanos de la ciudadanía;
y promover leyes que de forma definitiva prohíban dicha actividad.
Condenamos la represión de la protesta social en Honduras realizada en el marco de exigir
justicia por el asesinato de Berta Cáceres, violaciones de derechos humanos derivadas de la
imposición de mega proyectos de inversión. Además, el gobierno de Honduras debe de
acceder a conformar un organismo internacional que investigue los asesinatos cometidos
contra ambientalistas, entre los que se enumeran el de Berta Cáceres y Nelson García, con el
propósito de que los familiares de las victimas sepan la verdad y obtengan justicia y
reparación.
Al Órgano Judicial de Guatemala y de manera particular a la Corte Constitucional le hacemos
un llamado a que cree mecanismos de verificación de la sentencia emitida en el caso de la
mina “El Tambor” para garantizar su correcta aplicación en cuanto a la paralización de la
explotación minera y la garantía del derecho de consulta de la población. De igual forma, al
Ministerio Público a que Investigue el personal ejecutivo de la empresa EXMINGUA quien
opera en el proyecto minero “El Tambor” por desobedecer una resolución judicial que
suspendía la explotación de minerales en el referido lugar.
EQUIPO REGIONAL DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DERECHOS HUMANOS
EN CENTROAMÉRICA
Por Guatemala: Grupo de Apoyo Mutuo (GAM); por Costa Rica: Iglesia Luterana Costarricense (ILCO); por
Nicaragua: Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); por Panamá: Comisión Nacional de
Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA); por Honduras: Centro de Investigación y Promoción de los
Derechos Humanos (CIPRODEH) y Centro de Desarrollo Humano (CDH); por El Salvador: Fundación de
Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).