Las presidencias municipales de la Sierra Gorda y la Reserva de la Biosfera se sumarán a la lucha mundial contra la explotación del mercurio, por lo que se reunieron hace unas semanas con personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tendrán otro encuentro con la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
La diputada local por la sierra queretana, Atalí Sofía Rangel, informó que la próxima reunión con la delegación del Trabajo pretende ordenar operación de unas doce minas, de todo tipo, con permisos en la sierra y disminuir la clandestinidad en la que operan otras minas pequeñas.
Sin embargo, el gran reto es apegar a la sierra a las restricciones mundiales de la explotación del mercurio, que existen desde el año 2002, por el riesgo que representa este metal líquido y por eso se realizó un encuentro con la ONU hace algunas semanas en Ciudad de México.
La diputada señaló que durante el encuentro sobre las restricciones de la explotación del mercurio, al que también asistió personal de la Reserva de la Biosfera, “se les notificó (a los asistentes) de esa actividad mundial que en cierto momento nos va a tocar atender”.
En la sierra queretana existen por lo menos cuatro grandes minas de mercurio, ubicadas en San Joaquín, Peñamiller y Pinal de Amoles. Tan solo las minas ubicadas en estos dos últimos municipios tienen incidencia en por lo menos 20 comunidades.
“El llamado era a eso, a cerrar filas en torno a la explotación, se tiene que ver de manera muy responsable, en la sierra muchas familias viven de esa actividad”, insistió la diputada local.
Uno de los problemas de la explotación con el mercurio o cualquier otro metal es la contaminación de los mantos acuíferos, por lo que la diputada solicitó a la Comisión Estatal de Aguas que “existan dos plantas que pueden filtrar metales pesados”.
Aunque cada planta tendría una inversión de más de 200 mil pesos, adecuar las que ya existen “nos sale alrededor de 60 mil pesos, poquito más de 60 mil pesos, solo es cuestión de voluntad”.
El próximo 12 de febrero habrá una junta con la delegación federal de la Secretaría del Trabajo y las presidencias municipales serranas, para iniciar acciones y poner orden en la totalidad de las minas, ya que solo hay doce con permisos y diferente tipo de explotación, pero se estima que hay muchas más sin regulación y representan un riesgo.