Una de las minas de oro más grandes de Latinoamérica ha atraído en el sur de México la codicia de dos grupos de la delincuencia organizada, que aterrorizan a las comunidades cercanas para aprovecharse de las ganancias de la explotación del mineral.
Se trata de la mina de la empresa canadiense Goldcorp, que produjo el año pasado unas 7.3 toneladas de oro y que está localizada en los límites de Mezcala y Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri del estado de Guerrero.
Los pobladores de Carrizalillo encontraron a principios de noviembre tres fosas clandestinas con cinco cuerpos. Dijeron que las víctimas eran producto de la violencia que ocasiona la disputa de dos grupos armados: Guerreros Unidos y Los Rojos.
Un supuesto integrante del cártel de los Guerreros Unidos reveló a los pobladores que en ese sitio había cuerpos enterrados. Ellos fueron a buscar y encontraron restos. Según afirmaron en noviembre pasado, podría haber dos macrofosas con más de 60 cuerpos. Estos datos, sin embargo, no se confirmaron.
El Gobernador Héctor Astudillo Flores ha reconocido que en Carrizalillo “hay un desencuentro entre dos grupos de ese pueblo”. Ha dicho que “es un lugar que se ha convertido en algo muy delicado y [al que] hay que ponerle mucho cuidado”.
Enrique Galindo, Comisionado de la Policía Federal, dijo a la agencia internacional Reuters que “la riqueza generada en Carrizalillo es la disputada de estos dos grupos”.
Galindo dijo que ha mantenido reuniones con directivos de la empresa y que éstos le manifestaron que la mina no presenta una situación de riesgo, por lo cual no le pidieron la presencia de la Gendarmería.
Una fuente de seguridad del Gobierno federal dijo a Reuters, bajo condición de anonimato, que la batalla entre Guerreros Unidos y Los Rojos en zonas como Carrizalillo ha ocasionado que las familias se alíen con uno y otro bando, desatando así un baño de sangre.
Michael Harvey, director regional para asuntos corporativos y seguridad de la minera, dijo a la agencia que “la violencia conlleva un costo humano terrible para las comunidades y un costo financiero para Goldcorp en la medida que estamos obligados a invertir en seguridad adicional”.
El complejo minero Los Filos-El Bermejal, que opera desde 2007, generó empleos directos e indirectos, pero también una fuerte pelea entre bandas delictivas que buscaban cobrar cuotas de extorsión, conocidas como “cobro de piso”.
El pasado 24 de noviembre, el comisario de Carrizalillo, Nelson Figueroa Peña, junto a los de las comunidades de Tenantla,Felipe Parra Rodríguez, y Amatitlán, Fernando Celso Cerón, se reunieron a puerta cerrada con el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, el priista Héctor Vicario Castrejón para demandar su intervención para que los gobiernos federal y estatal les envíen seguridad a sus localidades.
El vocero de las tres localidades, Nahúm Bravo Catalán dijo que las tres comunidades se quedaron sin vigilancia, pues los aproximadamente 60 militares y policías federales se retiraron del pueblo. Los pueblos pidieron al Congreso local seguridad, quieren que se establezca un destacamento de la Marina o de soldados de la 35 Zona Militar, al que pertenece el 50 Batallón”, dijo el vocero.
El 16 de noviembre, días después del hallazgo de las fosas clandestinas, ocho campesinos me’phaa de El Rosario, Atlamajalcingo del Monte, fueron atacados por sicarios en Carrizalillo donde trabajaban como jornaleros en la elaboración de mezcal. Tres de ellos murieron.
El 29 de octubre los habitantes de esa comunidad reaccionaron con coraje al retener a nueve policías federales que iban acompañados de un presunto halcón de los Guerreros con el propósito de detener al presidente del comisariado ejidal. Los agentes fueron liberados tras la intervención de las autoridades estatales.
Un mes antes, a principios de agosto, en la carretera entre Carrizalillo y Mezcala, un trabajador de la empresa minera Gold Corp fue asesinado tras ser perseguido por hombres armados. De acuerdo con El Sur, hombres armados persiguieron a balazos a un grupo de pobladores de Carrizalillo que iban a bordo de una camioneta Toyota Hilux, la cual quedó volcada en un barranco. Un hombre fue ejecutado y otros más resultaron heridos.
En 2014 autoridades de la localidad de Carrizalillo denunciaron que hombres armados ingresaron en el pueblo y buscaron a todos los que trabajaban en la empresa o recibían pagos por la explotación minera de sus tierras y comenzaron a extorsionarlos de manera constante.
“Decían que era un pueblo rico y por eso también iban a las tiendas a cobrarles por pisaje”, recuerda el comisario del pueblo, Nelson Figueroa. La pugna derivó en secuestros, asesinatos, enfrentamientos entre criminales y cientos de desplazados de sus comunidades.
El aumento de la presencia de sujetos fuertemente armados y sus rivalidades con un grupo antagónico obligaron a numerosas familias a huir de las comunidades de Carrizalillo, Amatitlán y Tenantla.
En octubre del año pasado, casi un mes después de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, un operativo de las fuerzas de seguridad hizo que salieran de la zona los sicarios que tenían a la población bajo su control.
Tan solo en los últimos dos años hubo una docena de asesinatos de personas ligadas a la minera, según afirman los habitantes.
En marzo “secuestraron a gente del pueblo que trabaja en la mina. Goldcorp negó los hechos y no hizo ninguna aportación de ayuda y unos días después los mineros aparecieron muertos en una barranca”, dijo el comisario de Carrizalillo.
En esa ocasión fueron tres los muertos. La empresa afirmó que los hechos se dieron fuera de la mina y que los trabajadores tampoco se encontraban realizando servicio de transporte, que era su ocupación.
“La minera se deslinda de los hechos que en ese lugar se han registrado aclarando que no han sido dentro del complejo, pues al interior de la mina se opera con los mayores protocolos de seguridad”, indicó la empresa a consulta de dpa.
Para casi todos los pobladores la actividad minera es una fuente de ingresos, ya sea porque trabajan allí o porque obtienen una renta por sus tierras. Y eso además los lleva a no querer abandonar sus pueblos.
El caso de Carrizalillo llamó la atención del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investiga en México el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.
“Los recientes hallazgos de Carrizalillo muestran la gravedad de los casos de personas desaparecidas y fosas comunes, así como el ambiente de control y miedo en el que sigue viviendo una parte de la población en el estado de Guerrero”, advirtieron.