7 de julio de 2015
Durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, por el Palacio de las Naciones pasan representantes de comunidades, de organizaciones no gubernamentales, activistas y defensores de los derechos humanos que vienen hasta la sede de las Naciones Unidas en Ginebra a denunciar la realidad que viven en el terreno y que, en muchos casos, difiere de la versión oficial de los Estados.
En el marco de la vigesimonovena sesión del Consejo, que tuvo lugar entre el 15 de junio y el 3 de julio de 2015, Panorama conversó con dos indígenas ecuatorianos de la nación shuar quienes acudieron a Ginebra para dar visibilidad a lo que ellos denominan una segunda colonización de sus territorios, esta vez por parte de las empresas mineras.
A la cita acudieron Benancio Ayui (foto arriba, derecha), presidente de la Asociación Shuar ARUTAM, y Domingo Ankuash, vicecoordinador de la Asamblea de los Pueblos del Sur. Hablamos de su situación actual, de empresas multinacionales y del papel del Gobierno del Ecuador tanto en el caso Chevron como en el de su comunidad.
-¿Cuál es la razón de su visita a Ginebra?
Domingo Ankuash: Venimos a denunciar que el Gobierno ecuatoriano está violando el derecho constitucional de las comunidades a la consulta. Nuestra Constitución Nacional garantiza que el Estado consultará a los pueblos indígenas sobre toda decisión que pueda afectarlos y eso no ha ocurrido con el pueblo shuar en el caso de la instalación de empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas en nuestro territorio, ubicado en el sur de la Amazonía ecuatoriana.
El Gobierno dijo al principio que el proyecto iba a quedar enterrado, pero ahora tomó la decisión de que hay que explotar y negociar todo el petróleo de la zona para que haya desarrollo.
Nosotros no lo aceptamos y en este proceso de lucha el Estado nos ataca como a subversivos, terroristas, guerrilleros, saboteadores. Hasta de narcotráfico nos acusan. Tenemos con el Gobierno una discrepancia ideológica y política fundamental.
-¿En qué consiste esa discrepancia?
D.A. Vemos el desarrollo y la naturaleza de maneras opuestas: el desarrollo del que hablan los occidentales es acumulación. Y para acumular los bienes hay que destruir, hay que robar, hay que matar.
Desde el punto de vista de nosotros, el desarrollo no es acumulativo: es explotar de acuerdo a la necesidad, vivir con dignidad dentro del territorio demarcado en que la naturaleza nos ha puesto, que las familias tengan una vivienda digna y una educación de acuerdo a sus usos y costumbres.
En la selva, que es nuestro mercado, no hay dólares: ahí tenemos plantas, medicamentos, animales. De eso vivimos. No pedimos al Gobierno que nos dé plata. Sí la necesitamos, pero ya vimos lo que pasó con esa explotación que Chevron hizo por 40 años en el norte de la Amazonía ecuatoriana que es donde peores han sido las consecuencias de la extracción.
Ellos les dijeron a los pobres indígenas que iban a erradicar la pobreza y lo que hicieron fue empeorarla. Y encima los dejaron con pueblos divididos, dirigentes sobornados, enfermedades, cáncer… Eso es lo que no queremos.
-¿Han intentado dialogar con el Gobierno ecuatoriano?
D.A. Nuestros líderes, como dueños ancestrales del territorio, han dialogado, sí. Pero lo importante es qué es lo que negociamos. Le pongo un ejemplo: yo en mi casa me pongo hablar con alguien que no es el dueño y que quiere instalarse, ¿de qué podemos dialogar?
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Con el Estado hay un atentado de entrada porque dice que es dueño del territorio y del subsuelo, entonces es todo contradicción: si destruyen el subsuelo, ¿dónde quedamos nosotros? Si lo acaban, nos hunden.
Y nuestro interés por la naturaleza no es exclusivo de nuestra política territorial: aquí estamos escuchando que el mundo pelea en defensa de la naturaleza, que hay normas internacionales: ¡las mismas empresas petroleras y el Estado dicen que la Amazonía es el pulmón del mundo! Sin embargo, la destruyen.
Nosotros somos aliados con la naturaleza porque sabemos que si ella desaparece, el ser humano desaparece. Por eso pedimos que nos dejen vivir con autonomía y ejercer nuestra autodeterminación.
Benancio Ayui. Sí hemos acudido a instancias nacionales pero allá no nos toman con demasiada importancia. Todos los poderes están en manos del Estado y no valorizan lo que nosotros decimos. Por esa razón nos hemos visto obligados a venir aquí a denunciar todos esos atropellos que se han cometido y a pedirles a ustedes que nos den una mano para poder vivir una vida como la que nos merecemos en nuestro campo, cultivando sin que nadie nos moleste.
Y lo más triste: que todo lo hacen sin consulta, violando la constitución. Que alguna vez nos demuestren que el pueblo fue consultado. Claro que cogen a unos dos o tres o a veces al líder, pero lo que hacen es sobornarlos y ya: hablan entre los dos no más y eso lo muestran como una consulta. Pero el líder no puede tomar decisiones: el que toma las decisiones es el pueblo.
D. A. Digamos que el presidente Rafael Correa hiciera eso en su territorio, en su finca. ¡Que los ministros entreguen su tierra, su casa, pero que no nos vengan aquí a nuestro territorio a decir que esto es un derecho del Estado!
¿Quién es el Estado acaso? Somos el pueblo. Los 14 millones de ecuatorianos lo somos. No el Presidente con su gabinete: esa es simplemente una función otorgada por el pueblo para que lleve la administración por cuatro o seis años.
Este Gobierno, por ejemplo, ha estado administrando ya siete años, y no ha mejorado nada. Sí: mejoraría Guayaquil o Quito o Cuenca. Pero en las zonas rurales no va a encontrar nada bueno. Eso nos aqueja. Mire el caso Chevron: de toda la producción de los 40 años en los que explotaron, a la ciudadanía no le llega ni siquiera el 1%. La lógica detrás de eso es que como el indio vive de la caza y la pesca y no necesita dólares, hay que robarlo, hacerle daño, matarlo.
-¿No les retornan regalías por los proyectos extractivos?
D.A. Nada.
-¿Qué dice al respecto el presidente Correa?
D.A. Yo conversé con él cuando fue elegido. Me preguntó por qué digo que no a la empresa petrolera. Yo le dije que no fui yo, sino mi pueblo en sus asambleas el que dijo que no. A mí no me eligieron para recibir sobornos o para negociar con el Gobierno: a mí me nombraron para que los defienda. Las diez nacionalidades indígenas de la Amazonía dijeron no al petróleo, no a la minería, no a la tala de bosque, no a todo lo que es atropello de su territorio. Sin embargo, pasó por encima de todo, de manera inconsulta y pisoteando las leyes y normas jurídicas del Estado.
-¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno de Ecuador?
B. Ayui. Si los indígenas no quieren retirarse de los lugares supuestamente propiedad de las empresas, el Gobierno utiliza la fuerza pública para hacer los desalojos. Y si así no quieren salir, enseguida viene el juicio.
-¿Por qué un juicio? ¿De qué los acusan?
D.A. De sabotaje y terrorismo. Esas dos palabras suenan duro para nosotros que nunca andamos con armas, en contraste con el ejército que lo que hace, para mí, es terrorismo legalizado. Ellos vienen con cascos de guerra, chaleco antibalas, fusil, metralletas. Hasta con helicópteros artillados. Eso sí da terror. Y nosotros, por tapar una vía reclamando un derecho, somos terroristas. Toda una contradicción. Encima cuando vienen a requisarnos y a “incautar las armas”, lo que se llevan son nuestras herramientas: machetes, motosierras, etcétera.
Nuestros actos no son terrorismo: si tomamos acciones es porque han venido inconsultamente a molestarnos y porque las instituciones del Estado están violando la Constitución, las leyes, las normas jurídicas nacionales e internacionales y las declaraciones de la ONU.
Inclusive el Ministerio de Ambiente, que supuestamente dice no a la destrucción, certifica y da permiso a las empresas para que entren y extraigan devastando y después a los dueños de las tierras, que somos nosotros, no nos dejan ni siquiera ir a la playa con una batea a buscar oro cuando necesitamos un dólar para salud o para comprar una camisa.
-¿Cuántos procesados hay por cargos relacionados?
D.A. Actualmente hay más de 200 líderes indígenas enjuiciados.
-¿Y hay presos?
D.A. También, pero eso no es lo más grave. En los últimos años nos han matado a tres compañeros. Primero fue el profesor Bosco Wisum, en 2009, que hizo una marcha en defensa del agua. Los hechos se indagaron y las autoridades concluyeron que nos matamos entre nosotros y quedó en la impunidad.
Después mataron a Freddy Taish en 2013 durante una incursión del ejército. Y el último muerto fue José Tendetza, el año pasado. Él trabajo con la empresa ECSA [Ecuacorriente SA, propiedad de las empresas chinas Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co., Ltd. y China Railway Construction Corporation Limited] y, cuando se retiró, comenzó a pelearles porque supo lo que ellos iban a hacer.
Entonces lo enjuiciaron, destruyeron su casa y tuvimos que defenderlo y denunciar. Nos faltaban cuatro días para viajar a Lima a hacer diligencias judiciales cuando lo encontraron muerto. La investigación y el proceso de juicio están estancados.
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¿Ustedes saben quién los mató?
D.A. Esas muertes son un crimen de Estado. Antes de que vinieran las empresas estábamos bien y ningún ejército venía a ponernos problemas en nuestro territorio. Ahora, cuando nos dicen que nosotros nos matamos, yo pregunto ¿cómo se dio la presencia del ejército? Nosotros no fuimos a buscarlos al cuartel: son ellos los que entraron en nuestro territorio.
Por eso queremos que el mundo llegue al Ecuador: que vaya la ONU, los periodistas y vean lo que pasa. Ya hemos hablado con más de diez actores presentes en el Consejo de Derechos Humanos, y a todos los hemos invitado para que vengan a ver la realidad. Porque el Gobierno dice que en Ecuador los indígenas estamos bien: que nos tratan bien, que comemos y dormimos bien, pero no es así. Hay persecuciones. Y no pueden mentirle al mundo, tienen que ser sinceros. Si nosotros fuéramos los que mentimos no hubiera habido tres muertos ni más de 200 líderes enjuiciados o en la cárcel.
-¿Cómo se explican el papel de Ecuador que es muy activo en el caso contra Chevron pero es lo opuesto con ustedes?
D.A. En el caso de Chevron hay en juego millones de dólares que no están siendo reclamados exactamente para hacer la justicia social. El Estado hace tiempo tendría que haber enjuiciado a Chevron, pero fueron los campesinos quienes iniciaron el proceso. Y eso yo lo felicito y si el Gobierno los apoya, también agradecemos esa partecita.
También nos han dicho que proponen el instrumento vinculante a nivel internacional. O sea, el Gobierno allá no acepta y aquí presenta. Es una trampa.
B. Ayui. Yo me pongo a pensar, si el Gobierno está apoyando el proceso por la destrucción que hizo Chevron, ¿por qué quiere ocasionar otra con la explotación de la minería de gran escala a cielo abierto? Debería darse cuenta de que ya es suficiente con la mala experiencia que se tuvo.
Dicen que van a usar tecnología de punta, pero ¿de verdad creen que van a dejar intacto el territorio? Pues no, y todos esos impactos ambientales vamos a sufrirlos nosotros, no el presidente. La gente de las ciudades no va a sufrir: ellos antes se verán beneficiados de toda la explotación, pero nosotros somos los que vamos a quedar con enfermedades, sin hogar y sin un sitio a donde ir. Porque si yo acepto ser reubicado en un pueblo, ¿qué voy a hacer allá? ¿De qué voy a vivir?
En el caso de nosotros yo creo que estamos todavía a tiempo de impedir la devastación porque las actividades mineras no están realizándose a fondo. Estamos pidiendo que las actividades autorizadas se suspendan para poder hacer estudios y llevar a cabo la consulta. Aunque estoy seguro de que vamos a decir que no porque no tenemos opción: no podemos aceptar. Tenemos que vivir en nuestro territorio.
-Finalmente, ¿cómo está el movimiento indígena de la nación shuar en este momento?
B. Ayui. Desde el Gobierno están trabajando para desarticular nuestras organizaciones utilizando a nuestra propia gente: ellos están siendo sobornados y son como un cáncer que va progresivamente dañando todas las comunidades.
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D.A. Y han comenzado a hacer decretos, como el 016 de 2013 llamado “Reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas”, que atenta contra el derecho a la resistencia consagrado en nuestra Constitución.
Pero dejamos en claridad política: nosotros vamos a defendernos. Tengamos o no tengamos nada.
Cuando llegaron los españoles, comenzaron a saquear el oro y fue tanta la ambición que tenían que el pueblo shuar, ante todos sus desmanes, cogió el oro caliente y se los hizo tragar. Entonces tenemos una historia de años en que hemos rechazado la minería.
Y todo esto que está pasando nos hace decir que ya no más. Tal vez al pueblo shuar tendrán que exterminarlo para quedarse con el territorio. Porque lo hemos intentado por las buenas y por las malas y es como una bomba que va hinchándose. En algún momento va a explotar, y no queremos llegar a eso.
Algunos compañeros preguntan qué pasa si viene el ejército. Yo digo que si no nos van a dejar en paz en nuestro territorio, lo mejor es que nos exterminen. Preferible no existir que ver problemas de salud para los nietos y las próximas generaciones.
Por Carmen Lucía Castaño
Fuente: panorama.ridh.org