En lo que va del conflicto en torno al proyecto minero Tía María, las torpes intervenciones de miembros del Ejecutivo no han cesado de echar más leña al fuego a un conflicto que cada vez se vuelve más complejo. Allí están las declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros en Arequipa y las posteriores intervenciones de los ministros de Agricultura, Energía y Minas y Ambiente
Está claro que a estas alturas el gobierno ha perdido toda iniciativa y capacidad de intervención en un conflicto que se le ha escapado de las manos. Luego de la llegada de tropas de militares a la provincia de Islay, el gobierno acaba de anunciar que el Ministerio de Economía y Finanzas ha tomado la decisión de congelar las cuentas de la alcaldía provincial de Islay y las distritales de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia.
¿El motivo de tan brillante decisión? La sospecha que estas comunas vienen financiando las protestas contra el proyecto Tía María. Hay que recordar que este es un modus operandi que ya fue empleado en Cajamarca y en la provincia de Espinar en Cusco y no está de más recordar que en estos casos, similares decisiones terminaron agudizando la confrontación y el conflicto.
Decisiones de este tipo muestran que el Ejecutivo no tiene en la actualidad ninguna capacidad para enrumbar el conflicto por la vía del diálogo. Se necesita urgentemente la intervención de terceros: la actuación de la Defensoría del Pueblo y el reciente comunicado de la Conferencia Episcopal dan luces para una renovada estrategia que necesita el respaldo y la colaboración de todos los actores involucrados