El Ministro del Interior, Pérez Guadalupe, ha señalado en el Congreso de la República que la actuación de un efectivo policial no puede manchar a toda la institución. También ha anunciado que Inspectoría del Ministerio del Interior ya se encuentra en la zona investigando los hechos. Estamos de acuerdo y esperamos conocer los resultados de la investigación. Sin embargo, todo indica que no estamos frente a hechos aislados. Tampoco se trataría de decisiones que han sido tomadas por un policía a título individual. ¿O el ministro piensa que la decisión de sembrar el arma punzocortante en la mano del poblador Antonio Coasaca, fue una inspiración del momento del policía que aparece en el video que ha dado la vuelta al mundo?
Estando en el valle del Tambo, recibimos varios testimonios de pobladores que contaban lo mismo: “me detuvieron y la policía me colocaba en los bolsillos hondas, verduguillos, etc.”. En el mismo sentido ¿la decisión de colocar en su uniforme el seudónimo de FILOSOFE XXX -en lugar de su nombre como indica el reglamento- la tomó el efectivo policial? ¿Era el único que había reemplazado su nombre en el uniforme? ¿Quién es FILOSOFE XXX? En Islay se reproduce un tipo de comportamiento de la policía que es sumamente preocupante. Se vio en Cajamarca, Espinar, Pichanaki y ahora se repite en Islay. El ministro del Interior ha señalado que lo ocurrido en el valle del Tambo no mancha a toda una institución. Le podemos dar la razón. Pero lo que si mancha a toda la institución son los convenios de prestación de servicios que la Policía Nacional ha firmado con varias empresas mineras y que terminan desnaturalizando la labor de esta importante institución de Estado que debería encargarse de velar por la seguridad de todos los peruanos y no comportarse como vigilante particular y casi exclusivo de las empresas en varios territorios. Un excelente mensaje para el país sería que el ministro de por concluidos estos convenios para que la policía recupere su independencia y credibilidad, sobre todo en las zonas de influencia de actividades mineras. Además se deberían revisar y derogar los dispositivos legales que permiten esta “prestación de servicios.