“Las demandas de las empresas mineras Pacific Rim y Commerce Group violentan la soberanía y la autodeterminación salvadoreña”, sostuvieron destacos expertos y defensores del medioambiente, en el Foro Internacional “Empresas Mineras en Mesoamérica: ¿Desarrollo Sostenible o Amenaza a la Soberanía?”, realizado este miércoles 14 de abril en San Salvador.
En el evento participaron Marcos Orellana, del Center for International Environmental Law (CIEL), de Washington; Jamie Kneen, de Mining Watch, de Canadá; Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Manuel Pérez Rocha, del Institute for Policy Studies (IPS), de Washington; Yuri Melini, del Centro Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS); y varios representantes de organizaciones ecologistas de México y Centroamérica.
Los ponentes analizaron las implicaciones de los arbitrajes que las compañías extractivas canadienses y estadounidenses impulsan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), a través del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
Pacific Rim exige al Estado salvadoreño una indemnización de 100 millones de dólares por haberle negado el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas). Commerce Group también pide un pago similar por la suspensión de su licencia de operación en La Unión, donde contaminó el Río San Sebastián.
Pacific Rim logró permiso de exploración, pero no de explotación; por tanto, no adquirió derechos. La minera canadiense “no puede reclamar violación a derechos que nunca tuvo”, señaló Marcos Orellana, de CIEL, refiriéndose a la posibilidad de presentar un amicus curie (amigos del jurado), un recurso que permite a la sociedad civil presentar elementos adicionales en los arbitrajes con el propósito de incidir en una decisión justa del tribunal.
Para Manuel Pérez Rocha, del IPS, la demanda de Pacific Rim –amparada en principios como la expropiación indirecta y cláusulas de solución de divergencias del CAFTA-DR– confirma que estos acuerdos comerciales benefician a las empresas transnacionales en detrimento de los Estados.
Por su parte Jamie Kneen, de Mining Watch, criticó la actuación delictiva de las mineras de Canadá y Estados Unidos en los países mesoamericanos, incluido El Salvador, donde contaminan afluentes, corrompen a funcionarios y generan conflictos sociales. Estas compañías violentas las leyes nacionales, convenios internacionales y hasta sus propios códigos de conducta.
Mientras tanto, Alejandro Villamar, de REMA, informó sobre la demanda de 800 millones de dólares de Blackfire contra el Estado mexicano. Esta compañía extractiva canadiense procesa su demanda a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Yuri Melini, de CALAS, comentó sobre las acciones legales y sociales contra las empresas mineras, principalmente canadienses, que realizan las organizaciones ciudadanas en Guatemala. Por su labor ambientalista, este abogado ha sufrido varios atentados y en 2008 sobrevivió a ocho impactos de bala.
Finalmente Ángel Ibarra, en nombre de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, abordó la problemática minera en El Salvador, destacando las injustas demandas de Pacific Rim y Commerce Group, la conflictividad minera en Cabañas, la falta de una ley prohibitiva de la minería y la posible contaminación del Río Lempa debido a proyectos mineros en Guatemala.
La Mesa reitera la urgencia de que la Asamblea Legislativa apruebe una normativa que prohíba definitivamente la minería de metales, que el Ejecutivo interceda ante su similar de Guatemala para revertir la mina Cerro Blanco y que la Fiscalía General de la República investigue a los autores materiales e intelectuales de todas las amenazas, atentados y asesinatos en Cabañas.
San Salvador, 14 de abril de 2010.
Demandas de empresas mineras atentan contra soberanía de El Salvador
“Las demandas de las empresas mineras Pacific Rim y Commerce Group violentan la soberanía y la autodeterminación salvadoreña”, sostuvieron destacos expertos y defensores del medioambiente, en el Foro Internacional “Empresas Mineras en Mesoamérica: ¿Desarrollo Sostenible o Amenaza a la Soberanía?”, realizado este miércoles 14 de abril en San Salvador.
En el evento participaron Marcos Orellana, del Center for International Environmental Law (CIEL), de Washington; Jamie Kneen, de Mining Watch, de Canadá; Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Manuel Pérez Rocha, del Institute for Policy Studies (IPS), de Washington; Yuri Melini, del Centro Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS); y varios representantes de organizaciones ecologistas de México y Centroamérica.
Los ponentes analizaron las implicaciones de los arbitrajes que las compañías extractivas canadienses y estadounidenses impulsan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), a través del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
Pacific Rim exige al Estado salvadoreño una indemnización de 100 millones de dólares por haberle negado el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas). Commerce Group también pide un pago similar por la suspensión de su licencia de operación en La Unión, donde contaminó el Río San Sebastián.
Pacific Rim logró permiso de exploración, pero no de explotación; por tanto, no adquirió derechos. La minera canadiense “no puede reclamar violación a derechos que nunca tuvo”, señaló Marcos Orellana, de CIEL, refiriéndose a la posibilidad de presentar un amicus curie (amigos del jurado), un recurso que permite a la sociedad civil presentar elementos adicionales en los arbitrajes con el propósito de incidir en una decisión justa del tribunal.
Para Manuel Pérez Rocha, del IPS, la demanda de Pacific Rim –amparada en principios como la expropiación indirecta y cláusulas de solución de divergencias del CAFTA-DR– confirma que estos acuerdos comerciales benefician a las empresas transnacionales en detrimento de los Estados.
Por su parte Jamie Kneen, de Mining Watch, criticó la actuación delictiva de las mineras de Canadá y Estados Unidos en los países mesoamericanos, incluido El Salvador, donde contaminan afluentes, corrompen a funcionarios y generan conflictos sociales. Estas compañías violentas las leyes nacionales, convenios internacionales y hasta sus propios códigos de conducta.
Mientras tanto, Alejandro Villamar, de REMA, informó sobre la demanda de 800 millones de dólares de Blackfire contra el Estado mexicano. Esta compañía extractiva canadiense procesa su demanda a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Yuri Melini, de CALAS, comentó sobre las acciones legales y sociales contra las empresas mineras, principalmente canadienses, que realizan las organizaciones ciudadanas en Guatemala. Por su labor ambientalista, este abogado ha sufrido varios atentados y en 2008 sobrevivió a ocho impactos de bala.
Finalmente Ángel Ibarra, en nombre de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, abordó la problemática minera en El Salvador, destacando las injustas demandas de Pacific Rim y Commerce Group, la conflictividad minera en Cabañas, la falta de una ley prohibitiva de la minería y la posible contaminación del Río Lempa debido a proyectos mineros en Guatemala.
La Mesa reitera la urgencia de que la Asamblea Legislativa apruebe una normativa que prohíba definitivamente la minería de metales, que el Ejecutivo interceda ante su similar de Guatemala para revertir la mina Cerro Blanco y que la Fiscalía General de la República investigue a los autores materiales e intelectuales de todas las amenazas, atentados y asesinatos en Cabañas.
San Salvador, 14 de abril de 2010.
