Nos solidarizamos y apoyamos al pueblo de El Salvador que quiere decidir su propio futuro.
El Salvador atraviesa una crisis multifacética del agua [1] que podría empeorar aún más [2]. Desde 2008, el Gobierno no ha concedido ninguna licencia minera para preservar el agua y el medio ambiente, medida apoyada por un amplio consenso apoyado por sindicatos, partidos políticos, la iglesia, y las comunidades.
La empresa minera australiana OceanaGold Co, por intermedio de su subsidiaria Pacific Rim Mining Co, presentó una demanda de 301 millones USD contra el Gobierno de El Salvador tras serle denegada su solicitud de explotación minera a causa de los enormes daños medioambientales que ocasionaría.
A continuación se detallan los hechos:
• Desde 2002 Pacific Rim Mining ha venido explorando una zona en Cabañas, cerca del río Lempa, principal recurso hídrico de El Salvador. Durante la fase de exploración las aguas del río al parecer resultaron contaminadas.
• Cuando la compañía quiso empezar a explotar los depósitos, el Gobierno no le extendió la licencia necesaria. Entre otros problemas, se encontró que la solicitud de licencia de la empresa no cumplía una serie de requisitos para, entre ellos la obtención del permiso ambiental [3].
• La compañía no recurrió a los tribunales nacionales para resolver la disputa. Tras varios intentos fallidos de llevar al Gobierno a un arbitraje internacional, la corporación estableció una filial en Nevada para poder hacerlo amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica (CAFTA) [4].
• Pacific Rim presentó originalmente una demanda contra el Gobierno reclamando 70 millones USD en concepto de daños y perjuicios, pero después de que la empresa fuese adquirida por OceanaGold Co en 2013, el monto reclamado se incrementó a 301 millones USD, aduciendo las pérdidas de ganancias previstas de la explotación que nunca se concretizó.
El proceso de arbitraje en el que está inmerso El Salvador se conoce como solución de Controversias entre Inversores y Estados (SCIE) y en el caso de El Salvador ha sido remitido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
Los tribunales sobre SCIE presentan numerosos inconvenientes y tienen bastante mala reputación. Unos términos vagamente definidos en los tratados bilaterales [5] han permitido a inversores extranjeros cuestionar diversas políticas, incluyendo regulaciones medioambientales y licencias de explotación minera, salarios mínimos, restructuración de la deuda soberana, medidas energéticas, cuestiones comunitarias e indígenas, e incluso decisiones de tribunales nacionales. En la práctica, esto permite a las corporaciones demandar a los Gobiernos cuando los representantes electos sitúan los derechos humanos y el interés público por encima de las inversiones privadas.
Para alcanzar objetivos públicos declarados a nivel internacional, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Programa de Trabajo Decente, los Gobiernos deben contar con poderes para promover la sostenibilidad, la inclusión y la igualdad. Los inversores extranjeros o nacionales deberían recurrir a los mismos procedimientos legales disponibles para el resto de los ciudadanos.
El mayor movimiento global democrático del mundo manifiesta su solidaridad con el pueblo de El Salvador, en contra del trato injusto y discriminatorio al que se ven sometidos sus valiosos recursos hídricos y su futuro.
Exhortamos al Gobierno a denunciar cualquier tratado que establezca procedimientos de SCIE.
Instamos a OceanaGold Co y a Pacific Rim Mining Co a retirar su demanda.
Notas:
[1] http://www.votb.org/elsalvador/factsheets/environment_factsheet.pdf
[2] http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/41723/ECCA-SINTESIS-102911.pdf pág. 15
[3] http://www.laprensagrafica.com/2014/06/18/arbitraje-con-pacific-rim-esta-por-terminar
[4]Sin embargo, desde 2012 el caso se está llevando a cabo bajo una disposición de la ley de protección de inversiones nacionales de El Salvador en lugar del CAFTA. La ley ha sido reformada recientemente de cara a excluir la disposición que permitió a Oceana mantener el caso.
[5] http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d6_en.pdf pages 6-7
Fuente: Confederación Sindical Internacional