El dictamen de la Ley General de Aguas, detenido en la Cámara de Diputados, permite a la industria minera explotar el recurso sin necesitad de concesión, alertó la especialista Elena Burns, integrante de la asociación civil Agua para Todos, Agua para la Vida.
El uso minero sin concesión es «aberrante», dijo. «No será contabilizado el uso del agua y no se va a poder ver si va a afectar a terceros».
Advirtió también que el artículo diez de la ley incorpora el uso de agua para la extracción de cualquier sustancia que se requiere en un proceso productivo. «Ahí está el hoyo para la autorización del uso de agua para el fracking».
Nathalie Seguin, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, aseguró que «los trasvases abren la posibilidad para que las empresas dedicadas a la fracturación hidráulica puedan utilizar grandes volúmenes de agua».
Con la aprobación del dictamen, agregó, pretenden multiplicar en todo el país proyectos como el Acueducto Monterrey VI y el Acueducto Independencia, dijo Seguin.
«Es un esquema que quieren implementar en todo el país, con el pretexto de abastecer de agua a las poblaciones que lo necesitan».
La Alianza Mexicana Contra el Fracking aseguró que en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde esta actividad ya se realiza el fracking, la disponibilidad de agua es limitada pues se trata de regiones con alto estrés hídrico, donde la demanda es mayor a la disponibilidad.
«La fracturación de un solo pozo (para la extracción de gas de lutitas) requiere entre nueve y 29 millones de litros de agua. Ello acarreará la disminución de la cantidad de agua disponible, lo que pondría en peligro los ecosistemas y el cumplimiento del derecho humano al agua y a la alimentación», asegura la asociación.
Alessia Kachadourian, investigadora que cursa un posgrado en hidrogeología, afirmó que el dictamen de ley consiente la contaminación porque «no permite el monitoreo social o académico para conocer los niveles de diversos compuestos».
El artículo 261 de la iniciativa indica que «la Comisión sancionará conforme a lo previsto por esta Ley realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación sin contar con el permiso correspondiente».
Con esta ley los legisladores pretenden que «no tengamos ningún derecho a cuestionar la mala administración del agua», aseguró la investigadora de la UNAM.
El priista Kamel Athie Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, es uno de los diputados que han defendido el dictamen al asegurar que no hay privatización en la iniciativa y que lo que pretenden es aplicar de manera más estricta suspensiones, clausuras, revocaciones y multas que irían de 200 a 50 mil días de salario mínimo.
Sin embargo, Nathalie Seguin, quien también es coordinadora de la Red Mexicana de Acción por el Agua (FANMex) aseguró que 50 mil salarios mínimos son insuficientes, porque «sabemos que la contaminación del Río Sonora se calculó en 20 mil millones de pesos».
Se trata, agregó, de una iniciativa que permite la privatización de los servicios de agua potable, con el concesionamiento de grandes cantidades de agua y los trasvases o acueductos que permitirán trasladar el agua de una región a otra para su almacenamiento.