Una importante reunión, donde se abordaron mecanismos para enfrentar posibles nuevos focos de conflicto para la minería, especialmente en temas socioambientales y de judicialización de proyectos y operaciones, se concretó entre el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y los máximos representantes del Consejo Minero, encabezados por su presidente, Jean Paul Luksic, y su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino.
La cita se dio el jueves pasado en las nuevas dependencias del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), como parte de una instancia público-privada que surgió del trabajo que realizó el CNID junto al sector privado y que se tradujo en el documento «Minería. Una Plataforma de Futuro».
Según conocedores del encuentro, en la reunión se le transmitió a Aleuy la preocupación que existe en el sector por los nuevos focos de conflicto que se están abriendo para la industria.
En especial, aquellos relacionados con comunidades y que derivan en la Justicia, en especial después del caso de Pelambres y el reciente fallo que la obliga a demoler el tranque El Mauro, por la señal que se envía a la industria.
Esto, en el contexto que este sector ya había hecho ver a la autoridad el poco apoyo desplegado en casos de tomas de faenas, por conflictos laborales, o cortes de caminos, situación que se ha ido revirtiendo en el último tiempo.
Conocedores del encuentro, explican que la importancia que ha tomado este tópico, llevó a organizar este encuentro con el gobierno, aprovechando esta instancia que busca sumar a altos representantes del sector público en el debate de diversos temas de interés para esta actividad productiva.
Caminos del gobierno
Además de Luksic y Villarino, en la reunión estuvieron Francisco Costabal (Freeport McMoRan), Eduardo Flores (Barrick), David Baril (Teck), Diego Hernández y Francisco Veloso (Antofagasta Minerals), y Jorge Gómez (Collahuasi), según un comunicado de la Subsecretaría del Interior.
También estuvieron presentes Gonzalo Rivas (CNID) y el ex ministro Álvaro García, quien ha sido uno de los impulsores de esta instancia de diálogo permanente.
En el encuentro, Aleuy señaló que el gobierno está trabajando en una ruta larga y una corta para, de alguna manera, apoyar a la minería.
La primera -dicen quienes conocieron del encuentro- sería a través de lo que se está haciendo para concretar el trabajo de la comisión que elaboró las propuestas, relacionada al CNID.
La otra, de corto plazo, se refleja en el despliegue de fuerzas de orden y seguridad que ha habido en los últimos episodios, como los bloqueos de la ruta a Pelambres.
Otros asistentes a la reunión, agregan que la autoridad hizo explícito que seguirán cumpliendo esta función, aunque dijo que para ello las empresas deben usar los conductos territoriales locales.
Pelambres: evaluación ambiental de expansión partiría en 2016
Desde Londres, Antofagasta plc -matriz de Antofagasta Minerals (AMSA)- informó su desempeño financiero de 2014 y sus oportunidades de crecimiento en la minería del cobre. Las ganancias bajaron 7,5%, debido principalmente a una disminución de los ingresos por un menor precio del commodity. En producción, la empresa logró 704 mil toneladas de cobre, menor a 2013.
«Hemos consolidado lo que conseguimos en 2013, cuando obtuvimos una producción récord. Seguimos enfocados en el control de costos y productividad, en medio de un ambiente económico desafiante y precios de commodities a la baja», dijo Diego Hernández, CEO de Antofagasta plc.
Dentro de las oportunidades de crecimiento, en una presentación a inversionistas, informaron que sigue dentro de sus planes aumentar la capacidad de Los Pelambres, aumentando el rendimiento diario de la planta en 15%. De todos modos, antes de terminar la factibilidad del proyecto, AMSA señaló que primero tramitará el Estudio de Impacto Ambiental, el que debería ingresar a evaluación en 2016. Esto, porque el resultado de este trámite podía incidir en el estudio de factibilidad. Se estima que este proyecto tendría un costo cercano a US$ 1.200 millones, sin incluir la planta desaladora y el sistema de impulsión de agua de mar, que sumarían entre US$ 400 a US$ 900 millones.
Respecto a los conflictos que ha enfrentado Pelambres, Hernández dijo que intentarán mitigar la pérdida de 8.000 toneladas de cobre como resultado de las protestas en Salamanca y que se recurrirá a todas las instancias legales para revertir la decisión del juzgado de letras de Los Vilos, que les ordena demoler el tranque El Mauro.
Además, redujeron el capital necesario para llevar adelante Óxidos Encuentro, ahorrando US$ 156 millones.