A LAS ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN DEFENSA DEL AMBIENTE
31 de marzo, 2010
Estimados amigos y amigas
Acción Ecológica ha venido trabajando por más de veinte años en la defensa del ambiente y la naturaleza. Desde nuestros orígenes nos inclinamos por una opción cercana a los campesinos, indígenas, trabajadores, ligando los temas sociales con los ambientales.
En este camino nos hemos encontrado y también desencontrado con distintas personas y organizaciones que trabajan en estos temas, pues está claro que hay diversas posiciones y maneras de percibir el trabajo por la defensa del ambiente. Nuestras posiciones han intentado ser claras, incluso duras, dado que nuestra prioridad es el mantener coherencia con nuestros principios, incluso a riesgo de ser calificadas como intolerantes.
Creemos que el momento actual se caracteriza por la aplicación de políticas que promueven una mayor presión sobre la naturaleza, por nuevas y más duras amenazas para las comunidades locales y numerosos condicionamientos al trabajo que hacemos las organizaciones defensoras de la naturaleza y que trabajamos por un ambiente sano. Consideramos que ahora más que nunca debemos reflexionar sobre los puntos que nos acercan y debatir sobre aquellos que nos distancian.
Queremos con esta carta invitar a las organizaciones que trabajan en temas ambientales a discutir, reflexionar y tomar posición sobre varios temas que directa o indirectamente motivan la descalificación al trabajo ambiental y ecologista y en el plazo inmediato demandará nuestras posiciones. Los temas que sugerimos no son una agenda cerrada, pero quizás sí constituyan temas donde existan ausencias de debate o barreras por superar.
1.Las industrias extractivas son la principal fuente de deterioro ambiental local, nacional y global.
El control sobre recursos minerales y petroleros está amenazando y agrediendo a las últimas fronteras tanto de ecosistemas naturales como de territorios indígenas.
A pesar de que han aumentado las declaraciones y acuerdos relacionados con la conservación de la biodiversidad, sobre el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas, e incluso de las obligaciones que tienen los Estados para hacer frente a los impactos ambientales globales causados por este modelo extractivista, se mantienen y promocionan con fuerza política y leyes que refuerzan este modelo. Las empresas mineras y petroleras, tanto estatales como privadas, están presionando a los gobiernos y comunidades para expandir sus fronteras, y lograr flexibilizaciones legales y administrativas en todos los países para facilitar sus actividades. Un cambio importante sin embargo es el debilitamiento del derecho que tienen las comunidades y pueblos al consentimiento fundamentado frente a actividades que les puedan afectar a ellos, a sus tierras y territorios y a la naturaleza.
Las industrias extractivas son por esencia destructoras del ambiente y las comunidades locales normalmente se oponen a ellas. Allí surgen procesos cada vez más agresivos, en los que los Estados y los operadores privados despliegan formas de represión que desembocan en formas de criminalización de los defensores del ambiente.
Muchas empresas utilizan a ONG para facilitar su entrada a las zonas en donde quieren implantarse. A ellas se les encarga hacer estudios de línea base, talleres para identificar necesidades, procesos de información, se les entrega fondos para conservación o para proyectos de desarrollo local, entre otras estrategias. De esta manera, estas ONG facilitan la entrada de las empresas a zonas conflictivas.
Creemos que nuestra posición sobre este tema debe ser el repudio a la expansión de toda actividad extractiva, la afirmación de los derechos colectivos y la total independencia en relación con las industrias extractivas.
2. La mercantilización de la naturaleza es una perversa forma de romper con los defensores tradicionales de la naturaleza.
El proceso de expansión capitalista, en las últimas décadas ha desarrollado mecanismos legales para transformar en mercancías a las funciones de la naturaleza, a la información genética y a los conocimientos ligados a ella.
El cambio climático ha sido el telón de fondo ideal para convertir, a la capacidad de absorción de dióxido de carbono (CO2) que tienen las plantas o las algas del mar, en un nuevo mercado del carbono.
La mercantilización de la naturaleza supone transacciones que se materializan permitiendo que una empresa pueda ser la propietaria de las funciones que cumple la naturaleza, – por ejemplo a través de la venta de servicios ambientales-, enajenando el acceso que tienen los usuarios tradicionales a los ecosistemas, violando derechos fundamentales como el derecho al agua o a la soberanía alimentaria.
Basados en la lógica de este nuevo mercado, se justifican ahora proyectos que han sido condenados a nivel local, como son las plantaciones forestales en páramos y otros ecosistemas naturales, o la construcción de proyectos hidroeléctricos. Estos nefastos planes y proyectos están subsidiados por ejemplo a través del mercado de carbono, lo que les convierte en proyectos atractivos desde el punto de vista de la economía tradicional y crematística. Pero el problema es que los subsidios se respaldan en la enajenación de los derechos de propiedad colectiva y de uso de comunidades locales.
Por esto consideramos necesario tener una posición clara en torno a la mercantilización de la naturaleza y los distintos mecanismos para implementarla.
3. La privatización de áreas protegidas es una estrategia de control geopolítico
Existen grandes ONGs de conservación que, con o sin conocimiento, intervienen en el control territorial de zonas prioritarias, geopolíticamente hablando, (pues en ellas existen grandes cantidades de recursos minerales, agua y biodiversidad). Esto lo hacen a través de asumir la administración o manejo de áreas protegidas. Este es un proceso típicamente neoliberal pues se considera a los Estados incapaces y estas organizaciones transnacionales de la conservación se presentan como las instancias técnicas con la mayor capacidad para planificar y administrar estas zonas, llegando incluso a captar más recursos que muchos Estados para las mismas tareas.
Estas ONGs en muchas ocasiones tienen acuerdos con empresas y son las que pasan a determinar qué actividades se pueden hacer en estas zonas: bioprospección, extracción “sustentable de minerales y petróleo” control de acuíferos y asignación de derechos de uso de las fuentes de agua, proyectos de desarrollo u otros planes que no necesariamente responden a los objetivos de fortalecimiento y autodeterminación de las comunidades.
La forma de intervenir de estas nuevas “empresas de conservación” es a través de alianzas, con proyectos compartidos… Además intervienen en la formulación de legislación y en el diseño de políticas públicas de conservación, lo que les permite legalizar sus acciones.
El Fondo Ambiental Nacional es una instancia que administra muchos de estos fondos privados de conservación y en donde han ingresado incluso fondos de petroleras. Es allí donde se definen políticas ambientales en un claro ejercicio de privatización de la conservación. Las organizaciones defensoras del ambiente, y en general las ONGs no podemos ser parte de una estrategia de privatización o delegación de las funciones del Estado a sectores privados.
4. Los mecanismos tecnológicos y de mercado como instrumentos de gestión ambiental, son una forma de domesticar la lucha por la defensa de la naturaleza.
Una corriente cada vez más marcada lleva los temas ambientales al mundo del mercado. Las prácticas y actividades más destructivas pueden ser calificadas de “verdes” o de “sustentables”: la minería verde, el petroleo sustentable, la eco-gasolina.
Los temas ambientales han pasado a la jerga de la industria, despolitizándolos y proponiendo exclusivamente soluciones basadas en la tecnología, no necesariamente probada, o en el mercado.
Cuando se habla de impactos ambientales, no estamos solo frente a un tema de tecnologías limpias o sucias, sino de un modelo concentrador de capitales y recursos, que prioriza la exportación, o que sencillamente produce para impulsar una maquinaria industrial y mantener los centros de poder político y económico.
Se hace indispensable rescatar la defensa del ambiente como un ejercicio ético, político, cotidiano. En este sentido quienes trabajamos por el ambiente debemos ser un ejemplo de consecuencia práctica y teórica y debemos tener la capacidad de analizar y vincular los problemas ambientales de una manera más sistémica pero sobre todo ser conscientes de la necesidad de cambios profundos y no solo reformas.
5. La participación y la defensa de la naturaleza es un deber y un derecho
Hay diversas formas de participación comúnmente utilizadas por las organizaciones ambientales. Unas son de incidencia, otras de protesta, otras de apoyo a organizaciones que hacen resistencia. La participación es totalmente legítima, sin embargo esta opción está cada vez más condicionada, por una parte por el ejercicio de muchas instituciones que han desprestigiado al ambientalismo al auto arrogarse funciones, asignarse salarios altos, construir relaciones de dependencia, o sencillamente por un desprestigio proveniente de grupos de poder que se sienten amenazados porque la defensa ambiental adquiere cada vez más simpatía en la sociedad.
Parte de los procesos de descalificación es el pretender que solo pueden opinar quienes han ganado elecciones y que mantener posiciones criticas o detractoras de políticas o proyectos del gobierno es ser infantiles.
Es necesario por lo tanto mantener claridad en nuestras acciones, solidez en los principios y ratificar los compromisos con las causas de la naturaleza, igualmente guardar distancia con los agresores de la misma. Pero también reivindicar el derecho de actuar como defensor de la naturaleza, pues cada vez se necesitan más esfuerzos para defenderla . Ante la criminalización de los defensores de la naturaleza es imperativo juntar más voces y manos para defendernos y defender la naturaleza a quien nos debemos.
En este sentido es necesario posicionarse en torno al Decreto 982 que condiciona la existencia de las ONGs al cumplimiento del plan de desarrollo y a las políticas de Estado, independientemente de la defensa de la naturaleza, los derechos y el ambiente.