20 Enero 2015
Por: Alejandro Bonada
A lo largo de la historia, Baja California no se ha caracterizado por ser un estado minero. Su extenso litoral, la diversidad de ecosistemas tales como el bosque, desierto, oasis y el privilegiado clima mediterráneo del noroeste de la península han sustentado las actividades humanas desde la época prehispánica.
Son pocos los proyectos que han intentado explotar los yacimientos minerales en el territorio. Para encontrar los casos más significativos es preciso remontarse a mediados del siglo XIX, en la época de la fiebre del oro en la cual varios exploradores y gambusinos de origen mexicano y estadounidense recorrieron la península para encontrar betas de oro.
Los planes se cristalizaron entre las décadas de 1870 y 1880, con los sitios de Real del Castillo y El Álamo, ambos el actual municipio de Ensenada. Aquel contexto respondía a los planes de colonización y activación económica del entonces Partido Norte de la Baja California.
Más de un siglo después se vuelve a retomar el interés por el sector minero en la entidad. No obstante, las circunstancias son totalmente otras. El 19 de enero del presente año, el periodista Antonio Heras de la Jornada publicó una nota titulada “Exigen aclarar concesión a Grupo México en Baja California”.
En dicho texto se maneja que la empresa liderada por Germán Larrea busca obtener una concesión en el poblado “El Arco” que se encuentra en el centro de la península, muy cerca de la frontera con Baja California Sur y de la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno. El propósito de Grupo México en la zona es explotar alrededor de 190 mil toneladas de cobre y 105 mil onzas de oro al año.
Son por demás sabidos los manejos turbios, inhumanos e insustentables de dicha empresa. Basta con recordar las lagunas de desechos tóxicos en Taxco, Guerrero; los tiraderos de plomo en Chihuahua y el abandono de 63 mineros en el desastre de Pasta de Conchos. Grupos ambientalistas y medios de comunicación han dado un seguimiento muy puntual a sus actividades, por lo cual sorprende que el Congreso del Estado pueda aprobar dicho proyecto en una zona de marcada fragilidad ambiental como lo es el Desierto Central.
Ante esta serie de eventos, parece que nuestros gobernantes terminan de entender que esta búsqueda frenética del progreso y la ganancia monetaria darán como resultado consecuencias ambientales irreversibles. Este crecimiento capitalista sin control pone en peligro la biodiversidad, la salud de los bajacalifornianos (Es pertinente recordar las grandes cantidades de agua que requieren las actividades mineras. Esto se complica en una entidad como la nuestra que carece de fuentes de agua dulce) y la economía de los lugares aledaños a las pretendidas minas a cielo abierto.
El sistema de gobierno está siendo rebasado por intereses monetarios, lo que evidencia el desinterés de los servidores públicos por la ciudadanía. Por ello, es necesario reflexionar acerca de la función representativa de los gobernantes. De seguir con el proyecto de Grupo México en El Arco, se corre el riesgo de dar cuenta abierta a los empresarios de nuestros recursos naturales.
Ayotzinapa, Tlatlaya, Guardería ABC, Río Sonora, Wirikuta, San Fernando, Coahuila, etc, etc tienen un común denominador: el sistema evidencia su crisis de representatividad al dar carta abierta a empresas para que exploten libremente y sin ningún castigo los recursos naturales de nuestro país.
Es necesario que como ciudadanos intervengamos en este tipo de decisiones no sólo en épocas electorales sino día a día, ya que los proyectos de despojo (como en el caso de los Kumiai en nuestro estado) se plantean sin importar la época del año. No sólo se trata de exigirles a nuestros gobernantes, es necesario exigirnos a nosotros mismos el cuidado y manejo de los recursos naturales.
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