Esta incursión policial evidencia que el Estado ecuatoriano lejos de ser garante de los derechos humanos es generador de un ambiente de represión y violencia. La acción policial propicia un clima de criminalización al Pueblo Shuar, implanta el miedo a la persecución, refuerza el racismo contra las comunidades amenazadas por el proyecto Mirador.
Expresamos nuestro más enérgico repudio al nuevo atropello cometido contra el Pueblo Shuar, y particularmente contra la familia de José Tendetza, a través del allanamiento realizado por la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía y Criminalística del Cantón Yantzaza, a la vivienda de José Tendetza, cuyo crimen aún no ha sido esclarecido. El allanamiento fue realizado bajo la excusa de una supuesta búsqueda de armas y se dio frente a varios familiares, incluso niños, sin mostrar respeto alguno por el dolor de todos ellos por la reciente pérdida.
No podemos dejar de ver este nuevo atropello como parte de la violencia generada por la instalación del Proyecto Mirador en el territorio Shuar. Con estas acciones se busca garantizar la seguridad jurídica de la empresa minera y del proyecto a costa de vulnerar los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza, así como los tratados internacionales que protegen los derechos de los Pueblos Indígenas y que han sido ratificados por el Estado ecuatoriano.
Contrariamente, la empresa minera Ecuacorriente ha permanecido intocada pese a las graves irregularidades legales constatadas por la Contraloría General de la Nación, en el Informe General a la Gestión del Ministerio del Ambiente y otras instituciones relacionadas con los proyectos Mirador y Panantza-San Carlos, que indican que Mirador no cumplió con el Mandato Minero, por tanto, las concesiones son de hecho inválidas y deben ser devueltas al Estado.
Como madres, hijas, hermanas, abuelas, compañeras, e Hijas del Maíz, defensoras de los derechos sociales y de la naturaleza, hacemos un llamado a la sociedad ecuatoriana a reflexionar y estar vigilante sobre la escalada de violencia desatada en la zona del proyecto Mirador, para ejercer el derecho a repudiar este tipo de hechos que han cobrado la vida de habitantes ancestrales de nuestro Ecuador.