La FIDH, su organización integrante ecuatoriana CEDHU, y MiningWatch Canadá, denuncian la falta de voluntad y acción del Punto Nacional de Contacto (PNC) canadiense responsable de administrarlas Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales, en el caso del proyecto Mirador, un proyecto minero a gran escala en la Amazonía Ecuatoriana.
El 25 de julio de 2013, la FIDH, la CEDHU y MiningWatch presentaron una queja ante el PNC Canadiense en representación de un grupo de pobladores campesinos e indígenas afectados por el primer contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador. Nuestras organizaciones denunciaron los impactos sobre los derechos humanos y de la naturaleza que CRCC-Tongguan de China a través de sus subsidiarias canadienses Corriente Resources y CRCC-Tongguan Investment y su subsidiaria ecuatoriana EcuaCorriente S.A. (ECSA) están generando en la Amazonía ecuatoriana.
El 28 de julio de este año, el PNC Canadiense publicó una evaluación inicial en relación a la queja presentada. En ésta anunció que no continuaría adelante con el caso argumentando que los alegatos no están suficientemente fundamentados.
“Tras un año de esperar una respuesta, desalienta que el PNC canadiense haya decidido cerrar el caso, sin dar una explicación detallada, a pesar que la información entregada fue extensiva. Tampoco solicitó más insumos”, afirmó Elsie Monge, Directora Ejecutiva de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos del Ecuador (CEDHU) y Vicepresidenta de la FIDH.
Parecería que la razón por la cual el PCN Canadiense cerró el caso es la negativa de la empresa a participar en un proceso de diálogo. En eso, el PCN negó el papel que podría jugar investigando los hechos denunciados y determinando si la empresa respecto a las directrices de la OCDE o no, como hacen ciertos PNC en otros países del mundo.
“Lamentablemente, la decisión de Canadá sobre este caso no sorprende, sino confirma una clara tendencia de obviar sus obligaciones en materia de derechos humanos en favor de promover y proteger las inversiones privadas. Esto implica graves costos para las comunidades en el Ecuador y en otras partes,” comentó Jen Moore para MiningWatch Canadá.
En un informe publicado en diciembre de 2010, la FIDH y la CEDHU habían denunciado, entre otras situaciones, la falta de consulta previa y de consentimiento previo, libre e informado; irregularidades de la empresa en cuanto a la adquisición de tierras campesinas; y el desplazamiento de sus tierras y hogares de docenas de familias.
“Deploramos que el Punto de Contacto Canadiense no haya reconocido las violaciones claras de las Líneas directrices de la OCDE, incluyendo las obligaciones de debida diligencia que tienen las empresas, además de negarse a reconocer el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas”, concluye Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.
Contactos:
Arthur Manet, FIDH – Federación Internacional de Derechos Humanos,+33 1 43 55 90 19, amanet@fidh.org (París)
José Carlos Thissen, FIDH – Federación Internacional de Derechos Humanos, +51 9541 31650, jcthissen@fidh.org (América Latina)
Elsie Monge, Directora Ejecutiva de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos del Ecuador (CEDHU) y Vicepresidenta de la FIDH, cedhu@cedhu.org, +(593) (02) 2580825
Jen Moore, Coordinadora del Programa con América Latina de Alerta Minera Canadá (MiningWatch Canadá), jen@miningwatch.ca, +1 (613) 569-3439