En estos días la multinacional sacará con la fuerza del ESMAD a 64 familias Wayúu de terrenos que, según expertos, hacen parte de territorios ancestrales de los indígenas. La comunidad Wayúu, de Jamiche, ubicada en el área urbana del municipio de Barrancas, La Guajira, será expulsada de su territorio por la empresa de carbón Cerrejón. Pero los indígenas no tienen a donde ir.
Este es un capítulo más de la persecución que enfrentan las comunidades Wayúu en La Guajira, pues no es la primera vez que Cerrejón destierra a grupos de esta etnia. En el año 1989 fue también expulsado este mismo grupo con el pretexto de emprender un programa de vivienda obrera que nunca tuvo lugar.
«Nos amenazaron para que saliéramos y desocupáramos voluntariamente porque si no, sería la policía quien nos sacaría a la fuerza y meterían maquinarias para derrumbar nuestras humildes viviendas», relató Carmen Toro, representante de la comunidad, en el derecho de petición que fue efectuado a la Alcaldía (ver facsímil).
En aquel momento las familias firmaron un acta por medio de la cual el municipio de Barrancas se comprometió a darles viviendas a los indígenas. No obstante, esta promesa lleva más de 20 años sin cumplirse. Hace dos años regresaron al predio dichas familias y nuevamente van a ser sacadas de allí por la fuerza.
Tras la determinación de Cerrejón, la comunidad pidió ayuda al alcalde de Barrancas, Javith Figueroa, para evitar el desalojo, y este manifestó que si se resisten, ordenará que el ESMAD haga el destierro por la fuerza. Así mismo, en comunicación escrita, ratificó y apoyó la decisión de Cerrejón (ver anexo). Priman los intereses privados sobre los de una comunidad vulnerable a la que el Estado debería proteger.
En una reunión del pasado 12 de septiembre, donde estuvieron presentes las empresas productoras de Carbón del Cesar y La Guajira, las firmas compradoras de carbón de Alemania y los sindicatos mineros, los representantes de la comunidad pidieron que les fuera devuelta la tierra que hace parte legal de su zona de resguardo territorial para darle seguridad jurídica. El gerente de Cerrejón, Roberto Junguito, mostró su actitud de diálogo, sin embargo, posteriormente en otra reunión, sus subalternos dijeron que dialogarían siempre y cuando la comunidad se retirara del terreno.
Lo cierto es que mientras estas comunidades, sumidas en la miseria absoluta, no tienen adónde ir, Cerrejón seguirá adelante con el desalojo en tierras ancestrales de los propios Wayúu.
Hasta el momento aún se desconoce el uso que le darán a estas tierras que, antes de ser habitadas por los indígenas, eran utilizadas como botadero de basuras. Así lo indicó la Wayúu residente en esta comunidad, María Isabel Toro.
«Esta zona era usada para cometer incluso asesinatos, para meter drogas y hasta para tirar cadáveres», recalcó Toro, quien agregó que funcionarios de Cerrejón les mostró la querella policiva y exigió el desalojo alegando que eso es de su propiedad.
A pesar de que los habitantes de este territorio han puesto en conocimiento esta situación a la Alcaldía, la Procuraduría y a la Personería Municipal, aún no ha habido pronunciamiento de ninguna de estas instituciones.
«Este es un territorio ancestral que siempre hemos habitado, incluso acá tenemos nuestro cementerio, pero parece que prevalece el interés de una industria, antes que los derechos humanos», puntualizó la mujer Wayúu.
En la actualidad este terreno ha sido utilizado por las familias como zona de pastoreo y para exportar leña, actividades que permiten su subsistencia, dado que los programas alimentarios y ayudas del departamento raramente llegan.
Sobre esta situación, el abogado penalista David Teleki advirtió que los derechos fundamentales deben primar por encima de lo que se considera como las potestades del dueño de la propiedad. En este sentido, no solamente tienen derecho a una vivienda digna, sino a permanecer en su territorio ancestral.
Estos derechos están contenidos y establecidos no solo en la Constitución Política de Colombia, sino en tratados internacionales como el Pacto de Derechos económicos, Sociales y Culturales, la Estrategia Mundial para la Vivienda, aprobada por Naciones Unidas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que también hace referencia al desalojo forzoso.
En este contexto, agregó, «el desalojo de esta comunidad no solamente implicaría un desplazamiento, sino una alteración de sus condiciones de vida que pueden llevar a la extinción del grupo, máxime cuando debe ser protegida por tratarse de nuestro patrimonio cultural e inmaterial».
A juicio del abogado, evacuar esta comunidad demuestra la ineficacia e inoperancia del Estado Social de Derecho que se doblega ante empresas tan poderosas como estas, así como la falta de compromiso de los funcionarios que, teniendo esos instrumentos a su alcance, no protegen a las comunidades vulnerables.
Por esta razón, el jurista recomendó recurrir a una acción popular con medidas cautelares para protegerlos como grupo a costa de que el desalojo implicaría una afectación al derecho a la vida, vivienda y salud, entre otros.
Cabe resaltar que los Wayúu enfrentan problemas de desabastecimiento, desnutrición, poca cobertura en salud y falta de agua. Sobre esto último, el expresidente de la Organización Indígena de Colombia (ONIC), Armando Valbuena, señaló que el agua de su soberanía fue disminuida por los actos administrativos de las concesiones dadas por Corpoguajira, lo cual llevó a la desviación de los afluentes, la desaparición de las quebradas, manantiales y los caminos de aguas subterráneas, así como la destrucción de la flora y fauna.
A esto se suma que el Cerrejón acapara y utiliza millones de litros del Río Ranchería; sin embargo, curiosamente la cobertura de alcantarillado en todo el departamento ni siquiera es del 8 %.
La comunidad hoy pide que le sean respetados sus derechos. Armando Valbuena cuestiona ¿A quién se excluyó del desvío de las aguas de río Ranchería y sus afluentes en los últimos treinta años? ¿A quién se excluyó de las tierras ancestrales con la mina abierta más grande de Suramérica?
La nación indígena Wayúu es la más numerosa de Colombia y su zona de resguardo territorial es la más grande del país. No obstante, el abandono estatal y la persecución a la que está siendo sometida por fuerzas de todo tipo, principalmente Cerrejón y el crimen organizado, amenaza, según expertos, con su desaparición.