En la víspera, la Provincia emitió un rimbombante comunicado, en el que informó que multó a la minera por más de 20 millones de pesos, tras que se detectaran «serias falencias en materia de Seguridad e Higiene». La empresa niega que sea así y confirmó a TiempoSur que la justicia nunca dio lugar a las sanciones. El Gobierno y la premura por demostrar que controla y recauda.
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A través de un parte de prensa, el gobierno hizo conocer que la Secretaria de Trabajo multó a la empresa Minera Oroplata SA, Goldcorp, por la suma de $22.356.000. Lo curioso fue que estas multas databan del año 2013, pero no serian las primeras, ya que la Provincia viene sancionando a la minera de capitales canadienses desde 2012, por un monto que en la actualidad supera los 50 millones de pesos, aunque jamás cobró un centavo.
Ayer, el Gerente de Sustentabilidad de la operadora Eduardo García de las Longas dialogó con TiempoFM, donde denunció que, en realidad, mantienen un litigio con la Justicia debido a la forma en la que esta realiza el cálculo y que, en efecto, la Justicia ordinaria de Caleta Olivia dio la razón a la empresa, ante todos los planteos del Gobierno.
«Esta es la quinta multa que nos hacen porque esto empezó en el año 2012, son inspecciones que se hacen aquí con equipos grandes de trabajo ateniéndose a parámetros sin aceptar explicaciones» dijo García de las Longas aseverando que «nosotros estamos objetivamente rechazado y planteado ante la justicia la irracionalidad de los valores que se están planteando y hemos tenido fallos favorables de la justicia»
El referente de la minera explicó que «vos no podes llegar a un edifico donde hay tres matafuegos, uno esta con dos días de vencido y aplicar una multa de un modulo de 100 pesos y multiplicarlo por 3.200 empleados que hay en la totalidad del proyecto» ya que la ley dice que la multa «se aplica en función de la cantidad de empleados de ese edificio».
Asimismo, ejemplificó que otro de los puntos que en el comunicado del Gobierno se calificaron como «graves» fue «haber encontrado una botella de gaseosa y restos de comida en una oficina y decir que esto no esta habilitado como comedor» o que se los multe por la falta de botiquines cuando «nosotros decimos que no queremos que la gente se cure sola porque tenemos un servicio medico que esta las 24 horas, queremos que la gente vaya ahí y sea medicada con un profesional y se reporte el incidente, son criterios y normas nuestras» se defendió.
Lo cierto es que, si bien la idea del gobierno parece haber sido la de difundir que se habia encarado un proceso de mayor presión a las empresas, en el marco de un fuerte déficit estructural de las cuentas publicas, hasta el momento Goldcorp «no ha pagado ninguna multa y la justicia nos esta dando la razón a nosotros»
«No entiendo porque insisten en calcular de una forma equivocada, discutimos entre partes pero hay un tercero que es la justicia que nos esta dando la razón a nosotros» insistió García de las Longas, quien aseveró que «vamos a seguir por la vía judicial porque estamos seguros que no nos corresponde estas multas» que, en total representan unos «55 millones de pesos».
Por otra parte, el referente de la minera desmintió los términos del comunicado del Gobierno en cuanto a la detección de «serias falencias» explicando que si esto fuese así, UOCRA y AOMA «ya nos hubieran parado mil veces». Incluso «hemos pasado las 5 millones de horas hombres sin un accidente de trabajo».
Goldcorp es una de las mineras que actualmente paga bajo protesto el impuesto inmobiliario minero. «Nosotros consideramos a todas luces que no es aplicable a empresas que tienen estabilidad fiscal, estamos llevando el caso a la justicia nacional y estamos pagando bajo protesto por las reservas que tenemos declaradas» dijo García de las Longas, quien se rió al ser consultado si acaso no relacionaba esta posición con la sucesión de multas: «Quiero creer que no» lanzó.
El apuro de la administración provincial, por obtener recursos frescos en un marco de déficit estructural llevó al ejecutivo a establecer una pelea judicial con las mineras, que se niegan a aceptar un impuesto que grave la renta y no las ganancias.
Sin embargo, no fue hasta que TiempoSur reveló en junio que existía un borrador en el que el Gobierno había avanzado conjuntamente con las empresas para desestimar el tributo, que el Ejecutivo se vio en la obligación de volver a hablar del tema.
Pero durante este tiempo, la Provincia no cumplió con denunciar a las empresas que no pagan y así, el tema se fue diluyendo y hoy, el estado provincial no percibe ni la cuarta parte de lo que había proyectado por año (150 millones de pesos)
Solo tres mineras pagan, y lo hacen bajo protesto. Una de ellas es Goldcorp.
Precisamente el miércoles, este diario entrevistó a Alberto Carlocchia, gerente general del Proyecto Don Nicolás, emplazado en Perito Moreno, quien sostuvo que el Impuesto Inmobiliario Minero es regresivo y que «les pega» a todas las empresas por igual, sin mediar ganancias.