La situación del complejo metalúrgico de La Oroya parece una historia de nunca acabar. Como se sabe, los actuales administradores anunciaron la paralización del complejo metalúrgico desde el 11 de julio hasta el 9 de agosto. El motivo ha sido la falta de acuerdos comerciales con los proveedores para la entrega de concentrados. Cabe señalar que los proveedores habían anunciado que no están dispuestos a asumir riesgos y entablar una relación comercial con Doe Run Perú (DRP) en un contexto de insolvencia.
Si bien la compañía ha informado que dicha medida no atenta contra la continuidad del negocio y que se llevará adelante el proceso de subasta internacional anunciado para fin de año, lo cierto es que la situación del complejo metalúrgico se torna cada vez más complicada y no se ve una salida en el corto plazo. Habrá que ver si realmente las operaciones se reanudarán el 9 de agosto.
Por otro lado, el pasado 1 de agosto la Corte Superior de Justicia de Lima falló a favor del Estado peruano en el proceso que Doe Run había interpuesto para evitar el pago de US$ 163 millones por no haber construido la planta de ácido sulfúrico que era parte del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
Finalmente, es importante comentar que ha sido presentada la Propuesta de Actualización del Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de la Cuenca Atmosférica de la Ciudad de La Oroya. Al respecto, varias organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en el Movimiento por la Salud de La Oroya, han presentado un conjunto de observaciones.
Estas instituciones señalan que los objetivos específicos del Plan, deberían proponerse implementar medidas urgentes y buscar “ser muy exigentes en su cumplimiento”. Estas acciones deben ser acompañadas de esfuerzos concretos en la mejora de las condiciones ambientales de los suelos y el agua en toda la cabecera de cuenca del río Mantaro.
Por otro lado, para establecer las medidas a futuro, deben incluirse en las proyecciones realizadas las estimaciones de los niveles de contaminación que pudiera producir el complejo metalúrgico en sus distintos niveles de operación, sobre todo después del periodo de receso productivo. Igualmente, debe establecerse claramente cómo y quién es el responsable de medir la evolución de los niveles de plomo en la sangre sobre una población con capacidad de inferencia en el total de la población.
El periodo propuesto de 5 años aparentemente es demasiado largo para implementar las acciones y corregir los niveles de contaminación ambiental y alcanzar los estándares primarios de la calidad del aire, en la cuenca de La Oroya. En el punto de Programa de Vigilancia Epidemiológica propuesto no aparecen las modalidades de participación de la sociedad civil u organizaciones civiles de afectados, que sería conveniente considerarlos.
Resulta muy importante la participación de la comunidad educativa y la comunidad de salud (instituciones/ organizaciones/ redes/ personas) en la propuesta para mejorar la calidad del aire y su consecuente mejoramiento de la salud de la población, dando preferente atención a los grupos más vulnerables. La participación ciudadana, tanto de las organizaciones como de los grupos de afectados y las personas en general, es clave en todo el proceso de diseño e implementación del Plan de Acción para mejorar la calidad del aire en La Oroya.
Se espera que estas sugerencias puedan ser tomadas en cuenta por las autoridades correspondientes y de esa manera se encare de manera seria y sostenida la problemática ambiental en toda la cuenca de La Oroya.
07 de agosto de 2014
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN