Damien Kingsbury es Profesor y periodista del Centro de Ciudadanía, Desarrollo y Derechos Humanos de Melbourne, Australia. Arribó a El Salvador con el objetivo de realizar una investigación sobre el impacto socioeconómico de la minería en ese país. Sus indagaciones están vinculadas al proyecto minero Oceana Gold, de origen australiano, que compró el año pasado a Pacific Rim, por lo que ésta ha heredado la disputa mercantil en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), contra el Estado salvadoreño.
«La función del gobierno es representar los intereses de la ciudadanía y si no cumple, entonces, el Estado no tendría razón de ser, esa es la naturaleza de la república», dijo.
– ¿Cuál es su primera impresión con la población en la zona de explotación minera?
He observado a la empresa minera Ocean Gold y la población, y todavía existe violencia e intimidación, es una cultura de impunidad.
Con la firma de los Acuerdos de Paz existen muchas oportunidades de desarrollo y sería más fácil llegar a solucionar los problemas de una forma más pacífica.
– ¿Cuál es su opinión sobre el problema de la minería en el país?
El acceso al agua limpia es un derecho humano básico y cualquier actividad que influye o priva el derecho al agua es una contradicción a esta prerrogativa.
La calidad del agua en El Salvador es bien pobre y mucha gente tiene muchas dificultades en sus vidas para obtenerlas; si ellos contaran con agua potable podrían tener beneficios, porque –el agua- es la base de la vida.
Y veo positivo que las comunidades con sus campañas sociales, así como la intensión del gobierno por mejorar la calidad del agua y terminar con la minería en El Salvador.
– ¿Por qué Ocean Gold se encuentra interesada en el país?
Hay suficiente oro en El Salvador para que la minería sea viable a la empresa; pero existen dos problemas fundamentales: el primero, la minería no es ecológicamente y humanamente sostenible y esa es una realidad para El Salvador.
Y segundo, bajo las leyes que existen, el dinero que genera la minería no regresa directamente a la población, ni al gobierno, teniendo en cuenta que el oro pertenece a El Salvador.
Y, si fuera posible tener una minería ecológica y sostenible, el país explotado tendría que recibir la mayoría de las ganancias de lo extraído; y con ese dinero crear un fondo nacional que ayude a la población cuando los recursos ya no existan.
– ¿Es viable la minería en el país?
La geología, la densidad poblacional y la existente degradación del medioambiente determina el futuro de los proyectos de la minería, que provocarán que el problema del agua se convierta en una crisis e incluso más peligroso, le sería imposible a la gente sobrevivir.
Si la minería fuera viable, tendría que existir un arreglo diferente entre las empresas mineras y el Estado, de manera que el retorno del porcentaje de las ganancias para el Estado fueran mucho mayor; pero como ninguna de estas condiciones están en El Salvador, no existe una base racional para la aprobación de la minería.
– ¿Cuáles hallazgos ha encontrado en su investigación?
La premisa fundamental que estoy utilizando para escribir mi documento es que, El Salvador es un país que tiene demasiada dependencia con problemas exteriores de país y la presencia de un grupo de élites compradoras; que enfrenta la necesidad por la sobrevivencia y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. La competencia entre estos intereses por la población y la élite compradora de país será la premisa central de mi trabajo. La pregunta es cómo se manifiestan estas dos posiciones en las relaciones de explotación, el activismo social y la violencia que se ha generado, así como la corrupción.
Lo que espero es proponer algunas ideas de cómo se puede salir delante de todo este conflicto y sus diferencias.
– ¿Ocean Gold puede aplicar la minería verde en el país?
Definitivamente no existe la Minería Verde. En Australia, dónde está la sede de Ocean Gold, mucho de su producto interno bruto es por la explotación minera, y pese a que en Australia existe una de las mejores prácticas de minería, alrededor del mundo, aun así, tienen problemas.
Son problemas sociales, ambientales y económicos, y en los lugares en donde la compañía trata de ser sensitiva con los problemas de medioambiente reparando los daños, no lo han logrado. Nunca ha sido posible reponer la tierra a su estado original.
– ¿El TLC es un marco jurídico muy abierto, no previsto por la administración que lo ratificó?
Existe un debate muy grande sobre la dirección de la política económica en países como El Salvador, y no creo que existan respuestas absolutas sobre este tema.
Y cuando hay problemas que emergen a través de estos tratados, que crean peligros para la población, debería existir la capacidad dentro de estas normativas, para eliminar estas cláusulas en estas partes de los TLCS.
La idea de la soberanía nacional es proteger el bienestar de los ciudadanos de un Estado y está bien que haya un debate para mejorar las políticas económicas; pero cuando una actividad como la minería tan claramente negativa, destructiva y sin beneficios para la mayoría de la población, se puede tener la posibilidad de hacer excepciones específicas dentro de los tratados comerciales.
En el Caso de El Salvador, que tiene una moratoria por la minería, es una oportunidad para aplicar leyes y cambios a la Constitución de la República, y asegurarse que las minerías extranjeras no vengan a robarse los recursos del país para su propio beneficio, a costa de los derechos de los habitantes.
– ¿Cómo se puede romper o modificar un TLC?
En el mundo globalizado, que incrementa su globalización económica cada día, es bien difícil para un país actuar de manera unilateral, especialmente cuando el país es pequeño y vulnerable como El Salvador.
La realidad es que hacer eso tendría un impacto muy alto y se lo hicieran tendría que ser planeado muy cuidadosamente, sino tendremos consecuencias peores.
Otro de los problemas es la falta de capacidad de construir alternativas que sean viables, es más fácil decir -esto está equivocado y deberíamos romperlo- pero las consecuencias que traerá esta decisión debe contar con actos que mitiguen esa consecuencia.
El Salvador no tiene abundancia de recursos naturales, como para utilizarlos para mitigar esos impactos, entonces, es muy difícil, no son como una pequeña Venezuela, porque no tienen petróleo, esto lleva a la necesidad de planear para el futuro.
– Si somos vulnerables y pobres ¿Cómo crear leyes que den protección al Estado, sin faltar a los compromisos económicos internacionales?
Es posible para una sociedad como El Salvador planear de manera sostenible a través del programa que ha sido desarrollado por su presidente actual, Salvador Sánchez Cerén, que le llama el «Buen Vivir».
La esencia del Buen Vivir es proveer de una nutrición adecuada, agua limpia, un sistema de salud y especialmente educación, para tratar de construir la sociedad desde su base de manera sostenible.
Algunos economistas conservadores afirman que invertir en educación es un gasto, pero existen evidencias que países pobres que pasaron a desarrollados, la inversión en educación que realizaron jugó un papel importante. La educación es inversión del futuro, y tiene un valor intrínseco y utilitario porque la gente es más productiva, mejora la calidad de vida y en ese sentido la educación es liberación.
– ¿Será responsable Ocean Gold con el Estado salvadoreño?
Ocean Gold tiene una responsabilidad pobre de responsabilidad ambiental y social en las Filipinas, y nosotros creemos que esta historia podría pasar en El Salvador, es muy difícil que la compañía haga esas prácticas que han sido violadas o negadas.
Lo menos que podría hacer Ocean Gold es un estudio de impacto ambiental que cumpliera con los estándares internacionales, porque el estudio del impacto ambiental presentado por la Pacific Rim fue inadecuado.
Estoy seguro que Ocean Gold dirá que es otra compañía, que ellos no tienen el historial de la Pacific Rim en El Salvador y si esto es correcto, pues que hagan un estudio de impacto ambiental, antes de septiembre 2014, en que ventile el caso. Estos casos legales se definen generalmente por términos técnicos y esos argumentos técnicos serán puestos por ambas partes.
Si yo estuviera asesorando al gobierno de El Salvador, probablemente buscaría llegar a una negociación fuera del sistema de cortes, que sería confidencial. Que le permita a la empresa retirarse con dignidad, bajando el costo de la demanda que el gobierno pagaría y que este antecedente no de ideas a otras compañías
Por supuesto, lo ideal sería ganar el caso, pero hay que ser realista con las posibilidades y a veces, una negociación es mejor que perder; es mejor el setenta por ciento de algo, que un cien por ciento de nada .
– ¿Cuál es el papel entonces para el movimiento social que está aplicando presión internacional en el tema?
El papel de los movimientos sociales es de proveer el corazón y espíritu de esa lucha, los activistas que son miembros del movimiento social puede contribuir con sus ideas, especialmente cuando un país necesita disponer de todos sus recursos humanos.
La idea fundamental es, si la comunidad posee una posición deberá aportar fuerza al gobierno con su planteamiento; recordemos la función del gobierno es representar los intereses de los ciudadanos y si el gobierno no cumple, el Estado no tendría razón de ser. La naturaleza de la república es el bien común.