El caso Doe Run Perú SRL servirá para enseñar en las facultades de Derecho cómo se engaña de manera eficiente a un país subdesarrollado. Ira Rennert, empresario norteamericano billetudo, poco escrupuloso y propenso a contaminar el ambiente, se adjudicó en 1997 –mediante una cadena de empresas ubicadas en paraísos financieros– las acciones de una sociedad propietaria del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza.
Le compró las acciones al Estado peruano con un préstamo que terminó debiendo Doe Run Perú SRL. Aumentó el capital de esta con una transferencia que entró al banco peruano por la mañana y regresó al banco norteamericano por la tarde del mismo día. Violentó todas las normas ambientales, no obstante que el Estado le extendió una y otra vez el plazo para cumplir el PAMA. Por último, dejó de pagarle a todos sus acreedores. Había invertido en total US$ 2 millones de su bolsillo y se había llevado algunos cientos de millones de la sociedad. El asunto terminó en Indecopi.
La Junta de Acreedores de Doe Run Perú SRL tomó el control de la sociedad. Los acreedores más importantes son el Estado peruano, al que se le deben US$ 170 millones por el PAMA incumplido, y Doe Run Cayman Ltd, al que se le «deben» US$ 140 millones por el crédito fraudulento con el que compró sus propias acciones.
Hay un juicio penal que va a cumplir tres años y que, como un resorte, sube y baja por todas las instancias judiciales sin que hasta el momento haya podido tomársele a Rennert su declaración instructiva. La discusión está en que él quiere declarar en su lujosa mansión de los Hamptons y no en el Perú. El delito se llama «falsa declaración en procedimiento administrativo», cometido cuando se presentó en Indecopi con su crédito fraudulento de US$ 140 millones a nombre de Doe Run Cayman Ltd.
Hay también un juicio contencioso-administrativo en el que Ira Rennert pretende invalidar el crédito de US$ 170 millones del Estado y está a punto de ganarlo. El próximo jueves dirimirá el empate de dos contra dos un vocal que se llama Luis Alejandro Lévano Vergara.
Si Rennert gana, saca al Estado Peruano de la Junta de Acreedores de Doe Run, se convierte con su crédito fraudulento en el mayor acreedor y retoma el control del Complejo Metalúrgico de La Oroya y la Mina Cobriza; pero esta vez con la protección que tiene una Junta de Acreedores en un procedimiento concursal, es decir, sin posibilidad de que se le embargue ni se le obligue a cumplir obligaciones ambientales ni de ninguna otra índole. Estamos al borde de convertirnos en el hazmerreír de los ambientes empresariales a nivel internacional.
Por último y aquí está la tercera pista del circo, hay un arbitraje en el CIADI (Washington) que, si Rennert recupera La Oroya, le permitiría cobrarle al Estado Peruano US$ 800 millones por la «arbitrariedad con que este lo ha tratado» y «los daños y perjuicios que le ha causado».
Lo curioso es que en todos estos casos nuestro Estado no se ha defendido. Es el demandado, pero brillan por su ausencia los procuradores en las salas de audiencia. Los juzgados parecieran estar en algún lugar, fuera del Perú, donde no hay quién nos defienda.
* Narrador, poeta, ensayista y politólogo nacido en Žatec, República Checa, en 1947. Es Bachiller en letras por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.