Para inicios del 2014 los departamentos de Arequipa, Apurímac y Cajamarca concentraban más del 60% de la cartera de inversiones mineras en el Perú; que ascienden a 60 mil millones de dólares en total. Más de doce proyectos mineros a gran escala (Conga, Michiquillay, Cerro verde, Constancia, Las Bambas, entre varios otros) planean instalar sus tajos a cielo abierto, relaveras, depósitos, campamentos y demás; en varias de las cuencas y subcuencas de dichos departamentos, en lo alto de las montañas de la sierra peruana. Para lograrlo, muchos de ellos ya tienen armados gigantescos campamentos, permisos, es decir todo listo para empezar a funcionar. O más bien, casi listo.
Como parte de los trámites administrativos, las empresas titulares deberán solicitar a las oficinas competentes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a nivel local* los títulos habilitantes (licencias) para hacer uso del agua superficial y subterránea de las zonas a explotar. Aquí la punta del iceberg de un largo y difícil camino que cruza los destinos de empresas mineras, comunidades campesinas, productores agrarios, autoridades locales y en general, de miles de personas a nivel nacional.
Para evaluar el otorgamiento de derechos de agua a las empresas mineras, la autoridad competente deberá realizar cálculos y proyecciones sobre la disponibilidad de agua de las cuencas y/o subcuencas donde se realizará la operación. El problema está en que sobre las mismas, no hay información oficial actualizada cierta. Muchas veces lo único con lo que se cuenta son los balances hídricos realizados por las propia empresas. Ningún estudio independiente al que pueda recurrir la autoridad. Juez y parte, la desconfianza de la población resulta además de legítima, natural.
En palabras de la propia Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la ANA**, la ausencia de información hídrica oficial es tal, que los técnicos se ven obligados a realizar estas evaluaciones con un alto margen de error, 20% en promedio. Peor aún, los datos desactualizados, interpolados y con un margen de error muy alto se encuentran principalmente en la sierra, precisamente donde se encuentran asentados varios de los más importantes proyectos mineros del Perú.
Una reciente investigación del diario La República así lo advierte: esta situación tiene serias consecuencias a nivel nacional, por ejemplo en el impacto en lo que cobra el Estado por el uso del agua. “A menos agua registrada en las cuencas, el cobro que realiza la ANA debe ser más elevado, según las normas. Pero ante la falta de una adecuada medición, los montos son risibles. Para una actividad tan rentable como la minería, el pago oscila entre 0,0900 y 0,2700 céntimos por metro cúbico de aguas superficiales y subterráneas, según el decreto supremo 017-2013-Minagri.”*** Tampoco existe un control permanente sobre los volúmenes de agua que se usan: el mecanismo está diseñado para que las empresas reporten estas cantidades mediante declaración jurada y es a partir de ello que se establece lo que deben pagar.
Si a ello le agregamos además, que al momento de conceder el agua para uso de las empresas mineras, las autoridades peruanas desconocen los usos y derechos preexistentes de las comunidades campesinas que han habitado durante siglos esos territorios andinos, la situación se torna insostenible. La ley peruana reconoce el carácter imprescriptible y prevalente de los derechos de agua de las comunidades campesinas; no obstante en la práctica, estos están lejos de ser tomados en cuenta por las autoridades competentes al momento de realizar sus cálculos y evaluaciones sobre el agua en el país.
Ya a nivel local, esta situación genera graves consecuencias que están en la base de varios conflictos por el agua en el país. Recordemos que la lucha de los Guardianes de las Lagunas de Conga o la desconfianza de los arequipeños ante Cerro verde, tenían en su base varias de las críticas que ahora solo comprueban estas recientes investigaciones.
Sin el énfasis necesario en producir información cierta y transparente sobre nuestros recursos hídricos y su aprovechamiento, que genere procesos de evaluación adecuados; poco es lo que pueden hacer las autoridades competentes para revertir la desconfianza -legítima- de la población. Poco entonces es lo que se puede hacer en cualquier intento de dar solución a los conflictos actuales o de prevenir aquellos que están por venir.
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* La Autoridad Nacional del Agua, ANA en Perú, actúa a través de sus órganos desconcentrados Autoridad Administrativa.
** En palabras del ingeniero Humberto Cruz, Director de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la ANA.
*** Para esta interesante investigación del diario La República, la periodista Milagros Salazar utilizó entre sus fuentes, un reciente estudio elaborado por Ruth Preciado ingeniera agrícola de la Universidad Agraria La Molina.