Autoridad detectó que Mina Invierno no estaba cumpliendo con varios compromisos. Se descubrió un centro de acopio de carbón no informado.
La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) nuevamente formuló cargos contra una firma minera.
Esta vez fue en contra de Mina Invierno (Isla Riesco) -ligada a los grupos Angelini y Von Appen- por el incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Según la autoridad ambiental, el 26 de marzo el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Dirección General de Aguas (DGA) visitaron las instalaciones del yacimiento carbonífero ubicado en Magallanes. Ahí se detectaron una serie de irregularidades, las cuales, tras siete meses de investigación, dieron forma a los cargos presentados por la superintendencia.
Entre los incumplimientos figura: «Que las piscinas de decantación que tratan las aguas que se generan en el rajo, no están cumpliendo con su objetivo de abatir los sólidos suspendidos de las aguas, que luego son vertidas hacia el estero Chorrillo Invierno 2».
A esto se suma la existencia de un área de acopio temporal de carbón extraído no contemplada en la RCA del proyecto y la no actualización de la fase en la que se hallaba Mina Invierno.
«La compañía había informado que el proyecto asociado se encontraba en fase de construcción, en circunstancias de que ya estaba en su etapa de operación», dice la SMA.
Finalmente, la autoridad señala que la empresa omitió la presentación de los informes trimestrales con los resultados de los monitoreos semanales de sólidos suspendidos del agua que ingresa y que sale de las piscinas de decantación, establecidos en su RCA. Tampoco entregó los reportes semestrales relativos al «plan de vigilancia ambiental para alerta temprana de calidad de agua» y «plan de vigilancia ambiental para control de arrastre de sólidos».
Los cargos presentados por la autoridad fueron declarados como leves y graves. En el caso de estos últimos, la sanción puede ir desde la revocación de una RCA, clausura, o multa de hasta cinco mil unidades tributarias anuales (UTA).