La noticia de que la Dirección de Seguridad en Comunicaciones de Canadá (CSEC por sus siglas en inglés) espió comunicaciones del Ministerio de Minas de Brasil brinda una idea del punto hasta el cual el gobierno de Canadá está dispuesto a llegar en aras de las empresas. El escándalo en Brasil es consecuente con actividades de autoridades canadienses tanto en Canadá como a través del cuerpo diplomático en el resto del mundo, pero va un paso más allá. Demuestra que, además del apoyo político y comercial, el gobierno canadiense está dispuesto incluso a poner en riesgo importantes relaciones de comercio para darle ventaja a la industria canadiense.
Los informes de Glenn Greenwald, publicados con regularidad en el periódico británico The Guardian y los documentos obtenidos por el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Edward Snowden – actualmente exiliado en Rusia – han revelado que el espionaje de la CSEC va mucho más allá de rastrear el terrorismo, y entra decididamente en el rango de espionaje industrial. Otro informe de The Guardian publicado el día de hoy demuestra que la agencia consultaba regularmente con empresas canadienses mineras y de energía.
La embajada canadiense estima que alrededor de cincuenta empresas mineras canadienses tienen inversiones en Brasil, incluyendo empresas tales como Teck, Kinross Gold, IAMGold, Yamana Gold, Eldorado Gold, y Belo Sun entre otras. El total de la inversión extranjera directa de Canadá en Brasil es de $9,8 mil millones, monto mucho menor al de la inversión brasileña en Canadá, de $15,8 mil millones – de la cual una buena parte figura también en el sector minero vista la compra de INCO por Vale. De hecho, la firmeza del compromiso del gobierno con el sector minero canadiense a nivel internacional se contrasta extrañamente con su predisposición a vender recursos minerales canadienses e incluso algunas de las empresas más representativas como INCO, Falconbridge, y Alcan, sin siquiera poner ninguna condición real en la venta.
En sus actividades diplomáticas públicas de promoción de las empresas canadienses, en los últimos años el gobierno de Stephen Harper ha visitado con frecuencia a Brasil, emergente superpotencia regional. En particular, en enero del 2012, Ed Fast, Ministro de Comercio Internacional, anunció el Foro de Directores Ejecutivos Canadá-Brasil, donde los ejecutivos de empresas brasileñas y canadienses como los gigantes Vale y Kinross Gold Corporation se reúnen con ex políticos con buenos contactos como John Manley, ex Viceprimer Ministro del partido liberal, y actual director del Consejo Canadiense de Directores Ejecutivos.
En cuanto al tipo de información que la CSEC podría haber estado buscando en el Ministerio de Minas de Brasil, esto es difícil de determinar. Pero vale la pena resaltar que el código de minería de Brasil se viene debatiendo desde el 2008, y que se presentó un proyecto de ley en junio del corriente año que incluye la propuesta de duplicar al 4% las regalías de la minería. Si bien siguen siendo bajas, esto podría ser suficiente para incitar una ola de pánico en una industria que normalmente es adversa a impuestos y regalías, y que recientemente emitió exageradas amenazas de una limitación de inversiones en respuesta al 7,5% de regalías que se propone en México.
En general, estas noticias no son sorprendentes, dado el conocido apoyo cada vez más abierto e incondicional de la diplomacia canadiense a la industria minera del mismo país. Desde Grecia a México, y de Ecuador a las Filipinas, existen más de 12 casos en que embajadores canadienses han defendido abiertamente, sin ningún sentido crítico, los intereses de las empresas mineras canadienses que se ven confrontadas por la oposición de comunidades y decisiones no apreciadas de la administración pública.
Sin embargo, el primer ministro Harper y funcionarios del gobierno se rehúsan a comentar sobre las acusaciones de espionaje industrial en Brasil bajo el absurdo pretexto de que tienen algo que ver con la seguridad nacional. Incluso más extraño, es que el ex vicedirector del Servicio Canadiense de Inteligencia para la Seguridad, Ray Boisvert, incluso haya intentado afirmar que los documentos obtenidos son parte de cierto tipo de “escena ficticia de un juego de guerra”.
Pero las revelaciones son creíbles y preocupantes visto lo que ya se sabe sobre las operaciones a nivel nacional de los servicios secretos canadienses. El año pasado, el periodista independiente Tim Groves reveló que, desde el 2005, el gobierno canadiense y su servicio de inteligencia nacional le brindan información regularmente a empresas de energía, incluyendo acceso a ciertos informes clasificados. Esto agrava las preocupaciones ya existentes de que la policía nacional de Canadá (RCMP) y otras entidades espían a ambientalistas y líderes indígenas.
Conforme comunidades, trabajadores/as y organizaciones de la sociedad civil a lo largo y ancho del hemisferio le hacen frente a crecientes amenazas debido a su labor en pro del bienestar de las comunidades, del trabajo digno, y del medio ambiente, es una vergüenza ver hasta qué punto el gobierno canadiense está dispuesto a llegar, al servicio de intereses tan codiciosos.