Gregorio Mesa Cuadros es de esos abogados que no solo no se han dejado tentar por los salarios jugosos que ofrecen las compañías mineras que con tanto ímpetu arriban a Colombia, sino que en todos los eventos académicos donde le dan cabida advierte sobre las repercusiones de eso que el presidente Juan Manuel Santos ha dado en llamar la “Locomotora minera”.
Conferencista en el Coloquio Internacional “La protección del medio ambiente: un reto para el Derecho”, realizado el 23 de agosto por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia) con el respaldo del Icetex, Mesa Cuadros aceptó este diálogo sobre un debate que sigue candente. Él es doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (España), su tesis sobre derechos ambientales en perspectiva de integralidad fue calificada sobresaliente cum laude y se desempeña como profesor en los universidades Nacional, Rosario y Javeriana.
¿Si todo ‘está bien’ y la minería es la ‘salvación’ como aseguran sus impulsores, para qué seguir hablando de protección del medio ambiente y de defender el agua?Justamente hay que seguir discutiendo y hablando de esos temas porque no hay tal conservación del ambiente y no hay tal protección de los derechos. En mi perspectiva lo que existe es la ‘indignidad ambiental’, que no es más que la indignidad de un grupo significativo de seres humanos afectados por esas formas de producción basadas en explotación intensiva de lo que llaman recursos naturales, sin ningún límite y sin ninguna consideración ni con los derechos de los seres humanos, ni con los derechos del ambiente y la naturaleza.
Las empresas mineras se gastan una ‘guaca’ en publicidad promocionando las ventajas de su negocio y hablando de ‘minería sostenible’. Juan Pablo Ruiz Soto, columnista de El Espectador así como magíster en teoría económica y en asuntos ambientales, afirma que “la minería sostenible no existe”. ¿Son compatibles esos dos términos?
Es posible la sostenibilidad en la minería, pero dependiendo del tipo o la concepción de la minería que uno tenga. Hay una concepción que considera que es compatible la extracción minera y la conservación. En particular considero que es posible pero en casos totalmente excepcionales. El primer criterio para que haya sostenibilidad en la minería sería una minería que use muy poquito la naturaleza, por ejemplo que saque muy pocos elementos de la naturaleza. Y en segundo lugar, que además de eso lo haga con tal cuidado que eso que haga no use elementos contaminantes. Es imposible hablar de minería sostenible si lo que sacamos de la naturaleza es millones de toneladas de tierra, para extraer solo unos gramos de oro, y además le incorporemos cianuro, mercurio y los demás elementos. Eso en estricto sentido se trabaja en el Derecho Ambiental desde el ‘Principio de responsabilidad compartida pero diferenciada’ y el ‘Principio de responsabilidad de la cuna a la tumba’.
¿Qué significa eso?
Que lo que haga con la naturaleza, yo como empresa, como particular o como Estado soy responsable desde el momento en cuando incorporo algo en el ambiente, hasta cuando ese producto deja de producir impactos ambientales negativos. Entonces si incorporo cianuro y mercurio en el páramo de Santurbán, seguramente los impactos ambientales negativos, la degradación del suelo y de las aguas va a tardar miles de años, ¿entonces quién paga y quién compensa eso?
El concepto de la sostenibilidad tiene que ver con la permanencia en el tiempo, así que la minería no puede ser sostenible si los impactos ambientales negativos se suceden en el tiempo; salvo que uno sea depredador y contaminador, entonces hablará de minería sostenible. ¿Qué significará la minería sostenible para el contaminador y el depredador? Significa que la contaminación y la depredación se sostienen en el largo plazo, pero en lo ambiental es todo lo contrario, es que eso no suceda. Por eso el principio básico en Derecho Ambiental es la prevención más que la precaución y más que tener que pagar por la contaminación o tratar de volver las cosas al estado anterior porque habrá determinados asuntos que no se pueden hacer.
¿Será que a los legisladores colombianos les falta al menos tomar un diplomado en el asunto o es tan complejo que lo mejor es tener fe ciega en el Gobierno y en las empresas mineras y sus gremios aliados?
Habría como tres niveles que uno podría trabajar. En todo caso es necesario precisar conceptualmente de qué se está hablando. Yo tengo claro que el legislador sabe y conoce de qué está hablando, pero unas charlas que puedan dar otras visiones del mundo no sobran. Los seres humanos hablamos y decimos las cosas desde el lugar y la visión que nosotros tenemos. Eso lo llamo Teorías del Derecho. Entonces es distinta la teoría que tiene la empresa Eco Oro (antes Greystar), de la teoría que manejan los campesinos en el páramo de Santurbán o de los bumangueses que necesitan del agua que viene de Santurbán para poder sobrevivir. Entonces cada quien tiene su visión del mundo y ve el ambiente de manera distinta; lo interesante es poner a dialogar esas múltiples visiones.
El primer elemento es formación e información para precisar de qué se está hablando. El segundo es que los legisladores, en el lugar que sea, no siempre son los que dicen ser los que hacen las normas. En Derecho a eso lo llamamos el legislador material. No siempre el legislador material coincide con el legislador formal. En Colombia el legislador formal es el Congreso ordinariamente, y extraordinariamente el Ejecutivo –el Gobierno Nacional o los gobiernos territoriales–, pero desconocemos que hay un legislador material. Es decir, quién materialmente y de verdad hace las reglas, incluyendo las normas ambientales.
Usualmente las normas ambientales no son hechas por aquellos que podrían tener un estándar más exigente en términos ambientales: que se haga con cuidado las cosas, que no se saque demasiado, que se cuide para el futuro, que se piense en otros… Sino usualmente quienes terminan haciendo las normas como legislador material son los principales y grandes grupos de interés. Hoy los principales y grandes grupos de interés son las empresas mineras. En últimas las grandes empresas nacionales y trasnacionales que quieren ahora con la idea del desarrollo, o del mal desarrollo, extraer ilimitadamente elementos de la naturaleza sin ningún control y usualmente sin ningún estándar o con estándares ambientales chiquiticos.
Entonces hay que saber cuál es el discurso de las empresas, y sobre todo mirar si esos discursos de ellos tienen o predican un estándar ambiental de verdad, no solo que se tiñan de verde como Eco Oro, que se cambia el nombre siendo Greystar, porque si me tiño de verde seguramente me pueden dar la licencia. Es saber efectivamente qué tan verde es ese tipo de argumentación y de conceptos que esgrimen las empresas.
También falta mucho de formación e información, no tanto del Estado y de las autoridades a la ciudadanía, sino especialmente hay que educar a nuestros servidores públicos y a nuestras empresas para recordarles que hay unos mínimos constitucionales ambientales que es necesario tener en cuenta. Si uno es coherente con el discurso del cuidado y la conservación, en el sentido de que no solamente es la generación actual la única que tiene derechos sino las generaciones futuras, eso es vital. Segundo, que no solo yo independientemente de mis vecinos es el único que tiene derechos, sino también ellos. Mis vecinos pueden estar no solamente al lado de mi finca, de mi casa, de mi calle, de mi barrio, sino también pueden estar mucho más lejos. Pensar la vecindad es pensar en una idea que en Derecho Ambiental se llama solidaridad, en el sentido de ser responsable por el presente y el futuro de nuestros más cercanos hasta nuestros más lejanos en el tiempo y en el espacio. Eso justamente indica que si mis afectaciones por sacar algo de la naturaleza llamado un mineral, yo soy responsable no solo por enriquecerme o por generar empleo, sino que también soy responsable por los impactos o efectos ambientales negativos. Es decir, no solo soy responsable por lo positivo o bueno, sino por lo negativo y por lo que afecte, y tendré que responder por eso.
¿Qué valor tiene la consulta popular llevada a cabo en el municipio de Piedras (Tolima), donde 2.971 habitantes –de 2.995 votos válidos– le dijeron NO a la exploración y explotación de oro?
En mi perspectiva teórica y práctica lo que ha decidido la ciudadanía en el municipio de Piedras no es más que el ejercicio básico del ser sujetos de derecho, ciudadanos. Han ejercido el poder que ejerce el constituyente primario. El pueblo se ha manifestado diciendo no y todos los demás, incluidos los legisladores, son poderes derivados. El poder principal, el poder constituyente es el pueblo, entonces si uno cree en la democracia y echa la ‘carreta’ de la democracia, tiene que ser coherente de si el criterio que toma una sociedad avanza en un estándar ambiental, esa es una muy buena decisión a tener en cuenta.
Porque también me pregunto: ¿Y qué pasaría en el evento en que el noventa o el noventa y cinco por ciento de un municipio –que podría suceder aquí en Santurbán– decida que lo que hay que hacer es autorizar la entrada de las empresas sin ninguna restricción, ‘porque se va a generar empleo, y vamos a ganar, y todos ricos y el mundo feliz’; entonces yo digo ¡no! Me interesa y me sirve la democracia, pero el concepto clave de la democracia no puede ser aséptico sino que debe pensar un estándar ambiental. La democracia no será democracia en un sentido material, si la comunidad en su momento toma una decisión contraria a la conservación de la vida, porque entonces tendríamos que aceptar lo que hizo (Adolfo) Hitler en su momento matando a los judíos y respaldado por los alemanes. Lo que distingue a una democracia, es cuando el gobierno del pueblo y para el pueblo está decidiendo sobre las formas de vivir dignamente y justamente una manera de vivir dignamente es con estándares ambientales significativos; sino pues estamos haciendo lo que siempre se ha hecho en la cultura humana y es depredar y contaminar unos pocos en contra del resto.
La gente de Piedras se manifestó porque puso en primer lugar la vida y el futuro. Esa gente no solamente se está expresando como ciudadanos, sino como seres humanos que están pensando el presente y el futuro. La decisión de Piedras involucra no solo a esa comunidad sino a los futuros seres humanos de Piedras, y de otros lugares de Colombia y del mundo, y ese es un muy buen ejemplo para el planeta. La democracia tiene mayor sentido cuando lo que defiende es la vida, y no la depredación y la contaminación. Me parece bastante curioso que algunos teóricos, políticos y empresas terminen defendiendo la contaminación y la depredación bajo el supuesto de que van a generar empleo. Por eso con mayor razón se requiere estudiar más, ser más crítico, y conocer, formar e informar adecuadamente.