El coordinador de Fortalecimiento Político de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) Rafael Quispe señaló ayer que se lograron importantes avances en el anteproyecto de Ley de Consulta Previa que se debate con el Gobierno y organizaciones sociales. Uno de los más importantes es que el Gobierno ha aceptado que el 5 % del Impuesto Directo a los Hidrocarburos vaya al Fondo Indígena; en el mismo campo, piden la creación del Impuesto Directo a la Minería.
Según Quispe, a raíz de los conflictos en el Territorio Indígena Isiboro Sécure (Tipnis), como consecuencia de la falta de una ley marco de consulta, se comenzó a trabajar en forma ordenada para lograr un instrumento legal, con la participación de las organizaciones indígenas: el Consejo Nacional de Mallkus y Ayllus del Qollasuyo (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia, comunidades interculturales y la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.
Un avance es que en la Ley de Hidrocarburos se destine un 5 % del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que va al Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc).
“Sí esto va a existir en el tema de minería hemos planteado el 10 por ciento y esto está sujeto a definirse la participación directa en beneficio, no para los pueblos y naciones campesinas o comunidades interculturales, fuera de lo que pagan las regalías el IDH, esto sería el IDM, Impuesto Directo a la Minería”, dijo.
Rafael Quispe observó que en el debate el Gobierno, a la cabeza del ministro de Gobierno Carlos Romero, planteó que los indígenas y campesinos no intervengan en muchos temas, pero los indígenas observaron que en el caso del Tipnis, en plena consulta, se regalaron bombas de agua, generadores de luz, entro otros.
“Ahí es el acuerdo, cuando hayan consultas en un determinado pueblo y nación, el Estado no debe ingresar antes, durante y después porque eso sería de mala fe”, dijo.