Uno de los temas más relevantes de este período han sido las declaraciones de diversos funcionarios que han realizado una evaluación sobre la situación actual de los procesos de formalización de los mineros ilegales en la región.
Lo que se ha identificado son serios atrasos en los procesos y algunos hechos que limitan las acciones del Ministerio Público.
A continuación, las principales ocurrencias de este período:
REGISTRO DE OCURRENCIAS
01.07.13 PiuraLuis Atkins, hermano del presidente regional de Piura, se encuentra en proceso administrativo para obtener una concesión minera en un terreno de mil hectáreas en el distrito Ayabaca y provincia del mismo nombre.
La concesión se dará en sociedad con Jamber Leonel Borjas Burneo, hermano de la actual Gerente de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad – Pro Rural (Piura), según se desprende del trámite ante la Dirección de Concesiones Mineras del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet).Luis Atkins y Jamber Borjas Burneo
02.07.13 PiuraTras el cuestionamiento sobre su hermano Luis, el Presidente Regional de Piura, Javier Atkins, aseguró que él se encuentra distanciado de su pariente en temas políticos.
Señaló que cualquier ciudadano puede presentar un petitorio minero y que en este caso el petitorio no ha sido presentado en Piura sino en Lima.
Señaló que él sigue apostando por el desarrollo agrícola, ganadero y turístico de la región Piura, sobre todo en Ayabaca.Javier Atkins, Presidente Regional de Piura
04.07.13Ciudad de PiuraAlfredo Guzmán Zegarra, Director Regional de Energía y Minas, explicó que desde abril del año pasado, se inició a nivel nacional el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, el cual terminará en abril del 2014. Señaló que transcurrido más de un año, los mineros han avanzado poco en el proceso, ya que el Estado otorgó varias ampliaciones de plazo para cumplir con los requisitos.Alfredo Guzmán Zegarra Director Regional de Energía y Minas
08.07.13PiuraSilvia Rumiche Rochabrún, fiscal especializada en materia ambiental de Piura, señaló que se viene coordinando la primera operación de interdicción contra la minería ilegal en la región. Sostuvo que, cuando se haga este primer operativo –si el sector Energía y Minas, fundamenta la gravedad de la afectación al medio ambiente- tendrá un efecto disuasivo y producirá desaliento para la ilegalidad.Silvia Rumiche Rochabrún, Fiscal especializada en materia ambiental de Piura
08.08.13 PiuraAl cierre del 2013, la Municipalidad Provincial de Piura sufriría un déficit estimado en 13 millones de soles debido al recorte de canon y Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), afectando la ejecución de obras y el desembolso a los distritos.>Municipalidad Provincial de Piura
12.08.13 Las exportaciones regionales, exceptuando Lima y Callao, sumaron US$ 13.098 millones en el primer semestre del año, informó el Área de Inteligencia Comercial de la Asociación de Exportadores (ADEX).
Según la Gerencia de Estudios Económicos del gremio exportador, las cifras regionales a junio muestran que las regiones que tiene mayor crecimiento son Piura (10%) e Ica (5,2%) que destacan por tener una mayor diversificación de productos.Asociación de Exportadores (ADEX)
ALGUNOS ELEMENTOS PARA EL ANALISIS:
Un hecho que ha hecho noticia fue que el hermano del Presidente Regional de Piura, y el hermano de una funcionaria de dicho gobierno regional hayan solicitado en sociedad, el otorgamiento de concesiones mineras a INGEMMET en el distrito y la provincia de Ayabaca. Según la ley de Minería, no habría impedimento legal para que Luis Atkins adquiera dichos derechos mineros ya que, en el caso de las autoridades políticas estarían impedidas las personas que desempeñan esos cargos, sus cónyuges o parientes dependientes económicamente de ellas. Ante lo ocurrido, el Presidente Regional de Piura, Javier Atkins, se pronunció con mucha claridad señalando que el procedimiento se sigue en Lima, que no está bajo la competencia del gobierno regional y que él tiene una visión distinta a la de su hermano sobre el desarrollo de Piura y en particular de Ayabaca, apostando por un desarrollo agrícola, ganadero y turístico.
Otro tema a resaltar es lo poco que se ha avanzado en la formalización de los mineros artesanales. Solo tres de ellos, en la ampliación realizada de los plazos, han presentado el instrumento de gestión ambiental que se les exige para obtener la autorización necesaria para operar legalmente. La ampliación se realizó de febrero a octubre.
De otro lado, el que no se realicen los operativos de interdicción es otro de los problemas. La Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) responsabiliza a la Fiscalía Especializada en materia Ambiental, señalando que ha trasladado la documentación necesaria y ésta señala que tiene problemas de información, la misma que se la debe proporcionar la DREM.
Al parecer, algunos mineros artesanales habrían iniciado el proceso de formalización para protegerse de cualquier intervención del Estado y seguir operando, ya que poco esfuerzo está haciendo para cumplir con las exigencias que se le han planteado. En estos casos, la Fiscalía Especializada en material Ambiental de Piura, según lo declarado por su representante, no tendría muy claro cómo proceder.
Nos parece necesario que se haga un balance de la aplicación de los decretos legislativos que dio el actual gobierno para hacer frente a la minería informal e ilegal. En esa evaluación deberían participar los actores involucrados en su aplicación. Pero además, insistimos en la necesidad de tener una mirada más amplia de la complejidad de esta problemática, que permita salidas integrales y de largo plazo.
Uno de los principales problemas es que se han dado varias ampliaciones de plazo, que retrasan el proceso y provoca que los mineros no se preocupen por avanzar en cumplir con los requisitos para la formalización. Algunos funcionarios consideran que un camino para generar incentivos para acogerse al proceso es la interdicción. “Los que están en proceso de formalización los desmotiva el hecho de que estén trabajando junto con gente ilegal y no les pasa nada. Creo que la única herramienta para motivarlos es la interdicción en el más corto tiempo posible, antes de que venza el plazo para presentar los Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) para que se preocupen”.
Según Alfredo Guzmán, Director Regional de Energía y Minas de Piura, la interdicción está en manos del Ministerio Público, pero hasta ahora no lo han hecho pese a que la DREM la viene solicitando en varias oportunidades. Señaló que han enviado documentos para que se intervenga en Suyo, Sapillica y Las Lomas, donde se ha identificado muchos ilegales. Refiere que es necesario que se haga la interdicción, porque hay mucha indiferencia de los mineros para seguir con el proceso de formalización. Precisó que en octubre vence la ampliación para que entreguen los IGAC, pero hasta ahora solo se han presentado tres de estos documentos, uno de Suyo y dos de Las Lomas, que corresponden a actividades de beneficio, es decir donde se procesa el mineral, pero ninguno de actividad de extracción.
Sostuvo además, que el primer plazo venció en febrero pero no se presentó ningún IGAC, que ante ello se amplió hasta octubre y de los cerca de cuarenta documentos que deben recibir solo se presentaron tres, pese a que se les brinda el asesoramiento necesario. Señaló también que existen otros tres en evaluación, que aún no han sido presentados y que corresponden a actividades de extracción de las zonas de Cuchicorral, Jambur y Anchalay. “A octubre de este año deberíamos tener aproximadamente entre treinta a cuarenta IGAC, solo estamos en tres, menos del 10%, siempre les manifestamos a los mineros esta preocupación para que los entreguen. Esperemos que este plazo hasta octubre sea indefectible, pero depende del Ministerio de Energía y Minas”, agregó.
Las declaraciones de los funcionarios nos permiten sacar algunas conclusiones sobre la situación actual del proceso de formalización de los mineros artesanales en Piura:
•Las ampliaciones de los plazos han sido una limitante para que más mineros se acojan al proceso de formalización.
•Son pocos los mineros que han presentado el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC).
•Algunos mineros están usando el proceso de formalización para protegerse de las acciones del Estado. Es decir que se acogen al proceso pero no se preocupan en cumplir con los requisitos exigidos.
•La interdicción es vista como un mecanismo para incentivar a acogerse al proceso de formalización y cumplir además con todas sus exigencias.
•Si bien la interdicción es importante, sino se brindan alternativas a los mineros artesanales, es muy probable que lo que se consiga sea exacerbar conflictos antes que brindar una solución al problema.