Boletin virtual 125, septiembre 2009
Doe Run Perú (DRP) se salió con la suya. La semana pasada el Congreso de la República acordó otorgarle una nueva ampliación de nada menos que 30 meses para que pueda cumplir con su programa de inversiones ambientales. Sorprendentemente, la ampliación del plazo fue aprobada por 85 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
Nuestras autoridades nuevamente han vuelto a ceder a las presiones de la empresa.
No debemos olvidar que el 26 de mayo de 2006 el Ministerio de Energía y Minas con Resolución Ministerial 257-2006-MEM/DM, le otorgó a Doe Run un plazo de prórroga excepcional para cumplir con su PAMA, que se vencía en octubre de este año. Ahora nuevamente se le otorga un plazo similar a una empresa en la que ya nadie cree y que ha mostrado con creces que no tiene voluntad de cumplir con sus compromisos ambientales y tampoco con los financieros.
Las idas y vueltas del gobierno peruano han sido realmente sorprendentes y muestran el escaso compromiso con una verdadera política ambiental. El presidente García, con bombos y platillos, anunció la conformación de una comisión multisectorial integrada por representantes de los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, de Osinergmin, del gobierno regional de Junín y de los trabajadores de Doe Run. Esta comisión, después de unas semanas de trabajo, llegó al acuerdo de otorgarle a DRP una nueva prórroga de 20 meses.
Pese a que en un primer momento el gobierno señaló que no darían marcha atrás, sin embargo, luego que DRP rechazó la propuesta y el trabajo de la comisión fue dejado de lado: el Poder Ejecutivo transfirió al Congreso de la República la responsabilidad de aprobar un proyecto de ley que como se ha señalado le extiende el plazo por 30 meses. Además, DRP se ha dado el lujo de anunciar que no pondrá como garantía el 100 de sus acciones; solo están dispuestos a poner como garantía la mina de Cobriza.
¿El problema está resuelto? Por supuesto que no. Hasta los propios representantes de la Sociedad Nacional de Minería no creen que al final de este nuevo plazo DRP cumpla con el país y sobre todo con la población de La Oroya.
DRP solo ha tenido como aliados a sus trabajadores, que por el temor a no perder sus puestos de trabajo y frente a las evidentes presiones de la empresa, la han respaldado con bloqueos de carretera y disturbios que presentan el saldo de la muerte de un policía. Sin embargo, es evidente que esta alianza descansa sobre bases poco sólidas y DRP es el aliado menos recomendable para cualquiera, incluidos los trabajadores.
La situación es lamentable. Se está sentando nuevamente un pésimo precedente ya que se premia el incumplimiento y las peores prácticas ambientales y sociales que se puedan observar en la actualidad. Y por supuesto, se posterga una vez más la solución a los graves problemas de salud que enfrenta la población de La Oroya que vive expuesta a niveles de contaminación alarmantes.
Finalmente, no debemos dejar de señalar que en este caso se ha dado una ley con nombre propio, vulnerando preceptos constitucionales. Sin duda, el caso seguirá generando una fuerte controversia y habrá que ver como se “resuelve” el tema financiero ya que no debemos olvidar que DRP tiene una larga lista de acreedores.