Modificaciones. Los manifestantes colocaron mantas con sus peticiones afuera del recinto parlamentario.
La senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iris Vianey Mendoza acompañada de representantes de organizaciones no gubernamentales defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, llevaron a cabo un mitin a las afueras de la Cámara alta, en demanda de una nueva ley minera.
En el lugar estuvieron presentes integrantes del Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, Movimiento de Pueblos de Morelos, Movimiento de Pueblos y Ciudadanía Unida Contra la Minera Esperanza Silver, Fundar y Pro San Luis Ecológico, quienes anunciaron que presentarán su iniciativa de nueva ley minera a la Cámara alta esta semana.
Vianey Mendoza señaló que la propuesta busca que se elabore un nuevo marco jurídico para regular la minería en México que se garantice el respeto y futuro de las comunidades que se ven impactadas por la explotación de las minas en nuestro país.
Llegó la hora de cambiar el rumbo actual del marco jurídico “que nos conduce al precipicio y a la ruina del país”, es momento, dijo, de meter en cintura o regular la actividad minera del país, en especial la conocida como megaminería no puede esperar más, porque el tamaño creciente de su control político sobre el territorio, destruye el control formal municipal, estatal y nacional, porque su impacto contaminante se extiende más allá de lo que se ve, abarca la atmósfera las tierras de cultivo los acuíferos y fuentes de agua de las que depende la vida”.
Ante ello, dijo la senadora perredista, se propone contemplar la participación vinculante de la población sobre toda decisión que permita actividades mineras, a fin de crear una “licencia social” a través de la cual, sea la sociedad la que defina la entrega o no de concesiones para la exploración minera.
Es urgente modificar ley minera con cambios sustanciales, para que deje esta actividad deje de ser preferente por encima de cualquier otra, como se establece hoy en el artículo 26 de la reglamentación vigente.
También se establece un capítulo sobre los derechos de las poblaciones indígenas al goce preferencial del territorio y de los recursos naturales frente a las actividades mineras, y se separan las concesiones de exploración de las referentes a la explotación y el beneficio minero.
Se busca también anular las cláusulas de confidencialidad que hoy en día permite ocultar información que deben entregar las empresas mineras al Estado, y la Secretaría de Economía, con lo que deberán hacer pública la información que posean.
En materia de cuidado al medio ambiente, se deberán establecer límites que normen que no pueden entregarse una concesión —áreas naturales protegidas, monumentos históricos y áreas definidas como estratégicas para la economía y cultura de los pueblos—, así como en qué condiciones no se puede entregar una concesión.