Marco Arana.
Las metas de crecimiento económico señaladas por el gobierno descansan principalmente en el crecimiento de las inversiones en industrias extractivas. Para los próximos cinco años, solo en el sector minero, se prevé inversiones de aproximadamente 12 mil millones de dólares.
De producirse este volumen de inversiones, sin que mejore la gestión ambiental del Estado, vastos sectores poblacionales verán vulnerado su derecho a vivir en un medio ambiente saludable. Hay que decirlo claramente: las actuales políticas ambientales y los marcos jurídicos que regulan las actividades extractivas no están garantizando el derecho que tenemos a vivir en un medio ambiente saludable, tal como lo consagra nuestra Constitución.
Para comenzar, todos los permisos para el inicio de nuevos proyectos que las autoridades limeñas están dando actualmente se hacen sin que en las regiones existan planes de ordenamiento territorial, según los cuales debiera saberse dónde sí y dónde no realizar tales o cuales actividades.
Lo que ocurre es que si bien el Estado ha procurado desarrollar legislación e instrumentos de gestión pública ambiental (1990: Código del Medioambiente; 1992: creación del CONAM; 2005: Nueva Ley General del Ambiente, NLGA, y un sinnúmero de normas dispersas), han sido los grupos económicos vinculados a las industrias extractivas los que han presionado para que estos instrumentos sean limitados, débiles o inaplicables. Recuérdese que cuando en 2005 el Congreso aprobó la NLGA , fueron las cartas de la SNM dirigidas a los congresistas las que decían: "Esta ley desincentivará la inversión privada y paralizaría la actividad económica en el país…"
Ciertamente, estos lobbies surtieron efecto y el Ejecutivo terminó observando la ley quitándosele la exigibilidad de guiarse por límites máximos permisibles de la OMS cuando no hubiera LMP nacionales, y modificando el artículo que abría el derecho para las comunidades impactadas de presentar denuncia contra las actividades que contaminaran y pusieran en peligro su salud.
De ahora en adelante, si alguien quiere denunciar a una empresa por contaminación deberá presentar los estudios técnicos que lo demuestren. En esto, los empresarios peruanos no quisieron imitar la legislación chilena (tan admirada) que sí prevé que las comunidades puedan denunciar sin necesidad de aportar pruebas.
Ante el desafío de promover actividades industriales ambientalmente reguladas y adecuadamente fiscalizadas, en el Perú se optó por la exigencia ambiental mínima, débil, declarativa, subordinada a una visión economicista del desarrollo.
Por eso, es tarea urgente la reforma del Estado en materia de gestión ambiental pública. El Perú es un país riquísimo en recursos naturales, y por ello requiere de políticas y de instrumentos de gestión ambiental que garanticen verdaderamente el derecho a la salud y la sostenibilidad de sus ecosistemas.
Por esta razón, la reforma del Estado en materia ambiental debiera tener en cuenta que el desarrollo no solo es crecimiento económico en el corto plazo, sino acceso a la justicia social y ambiental para todos sus ciudadanos.