José Jorge Aldecoa DaviesSan Isidro, 1º de septiembre de 2009
Después de muchos años de lidiar con estos nefastos personajes, aprendí a conocerlos muy bien y hoy puedo decir que “les adivino el juego sin que me muestren las cartas”. Pero veamos el porqué de esta afirmación.
Todo comienza en el último cuarto del siglo pasado (en los años 70), cuando una de las principales entidades financieras internacionales de crédito, en un informe confidencial, les informa a sus inversores, que debido a una creciente presión social en los países del primer mundo, los gobiernos estaban cambiando las leyes de protección del medio ambiente, de tal modo que en muy poco tiempo, aquellas actividades que fueran contaminantes iban a tener que cerrar sus operaciones. Por lo tanto su recomendación fue: trasladar las operaciones contaminantes a países del tercer mundo, donde la legislación era mucho mas permisiva, las autoridades “permeables” a las necesidades de la empresas multinacionales y en el peor de los casos, dado que la expectativa de vida de esas regiones era mucho menores que en los países industrializados, era muy probable que la gente muriera entes de que la contaminación hiciera su daño y con ello se evitarían los juicios e indemnizaciones por tal motivo.
Para facilitar sus planes, los gobiernos del tercer mundo fueron “inducidos” a cambiar sus leyes para facilitar el arribo de los buitres transnacionales. Uno de los ejemplos mas elocuentes fueron las leyes mineras de toda Latinoamérica, que si hacemos un análisis comparativo de todas ellas, veremos que son un calco entre si y promulgadas en la misma época (principio de los 90`s),
¡OH casualidad!Simultáneamente, se estudiaron las reservas de minerales en toda la Cordillera de los Andes y se determinaron las zonas mineralizadas, donde era factible la instalación de emprendimientos mineros de gran envergadura.
Para lograrlo el Banco Mundial otorgó becas para estudiantes avanzados y profesionales jóvenes de las carreras de minas, geología y mineralogía, para que presentaran trabajos de exploración y prospección, con el compromiso de que los mismos deberían ser entregados a la institución otorgante de las becas (Banco Mundial, que a su vez se las hacía llegar a sus asociados, las empresas mineras).
Esto facilitó mucho el trabajo inicial de estos depredadores, que asentaron sus emprendimientos seguros de que “allí estaba el negocio”.Por su parte las empresas mineras trabajaron en conjunto, “repartiéndose la torta” y se delimitaron las áreas de acción de cada una. Asimismo prepararon un plan estratégico de penetración en los gobiernos de turno, las instituciones sociales, las escuelas, universidades y la publicidad local, para asegurarse la aceptación por parte de la población.Lo que no contaron fue, que en la zona de Esquel por una razón muy particular se había radicado (influenciados por una corriente de pensamiento post-hippie), una comunidad ecologista y muy educada (en su gran mayoría universitarios jóvenes provenientes de las principales ciudades del centro del país), que habían abandonado la comodidad urbana por una vida sana y en contacto con la naturaleza, donde criar sus hijos lejos de la contaminación de los grandes conglomerados industriales.
Cuando estos pobladores se enteraron de los planes de Meridian Gold para explotar una mina de oro a cielo abierto en el Cordón de Esquel, inmediatamente comenzaron a informar a toda la población sobre los peligros de tal emprendimiento (ubicado a escasos 7 Km. del centro de la ciudad) y lograron un consenso entre los habitantes de Esquel que se tradujo finalmente en una consulta popular, donde el resultado fue un 82% contra la instalación de la mina.
Este hecho histórico, generó una reacción inmediata de las empresas mineras que se reunieron en “cónclave secreto” para elaborar estrategias y planes de acción futuros, que impidieran la repetición de un “NO A LA MINA” como el de Esquel.
Este cónclave contó con el apoyo irrestricto de los gobiernos, tanto de la Nación como provinciales, que a partir de entonces unieron fuerzas para luchar contra las organizaciones civiles de autoconvocados, que comenzaron a surgir (es decir hacerse conocer porque ya existían) a lo largo de toda la cordillera argentina.
En nuestro país no solo se dictaron las leyes a medida de las necesidades de las multinacionales mineras, sino que, en un plan maestro pergeñado por la Barrick Gold, logró la promulgación de un “Acuerdo de Complementación Minera entre Argentina y Chile”, que establecía una franja de 340.835 km2 que va desde los 23º hasta los 57º de Latitud Sur y desde los 66º hasta los 72º de Longitud Oeste[1], donde las respectivas naciones cedían su territorio para que las empresas mineras pudieran operar libremente sin fronteras ni controles aduaneros, es decir con un total avasallamiento legal de las respectivas soberanías.
Afortunadamente, el 29 de agosto de 2000 –pocas horas antes que el Senado de Chile aprobara el Tratado que suponía la privatización de la Cordillera en beneficio de las transnacionales-, 13 senadores chilenos presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, los legisladores apelaron ante la justicia, que aunque no aceptó declararlo inconstitucional, limitó bastante sus alcances[2].
No obstante lo evidente de esta entrega, perpetrada en la década del 90 por el gobierno de Carlos Menem, ninguno de los presidentes que lo sucedieron, han derogado o limitado los alcances de estas normas, y lo que es peor, en el gobierno de Néstor Kirchner se ampliaron las ventajas, al dictar el Decreto 753/2004 que: “Deja sin efecto la obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de las divisas provenientes de la exportación de productos, que fuera prevista por los Artículos 1° del Decreto Nº 2581/64 y 10 del Decreto Nº 1555/86, correspondientes a las empresas mineras".
Como si todo esto no fuera suficiente, en estos momentos muchos de los ambientalistas están siendo perseguidos por la Justicia y acosados por las fuerzas de seguridad, en un intento de las autoridades por acallar la protesta popular en contra de la minería devastadora y contaminante.
Ahora bien, he podido observar, conversando con mis amigos ambientalistas de todo el continente, que los problemas apuntados en este artículo (excepto el tratado Argentino-Chileno), se repiten indefectiblemente por toda Latinoamérica, lo que me lleva a inferir que se trata de un plan maestro concebido en los países del primer mundo, para perpetrar el despojo sistemático de nuestros bienes comunes y de nuestra soberanía.
Solo trabajando juntos con todas nuestras fuerzas y con una voluntad mancomunada, podremos revertir esta situación degradante para nuestros pueblos.
¡DIOS NOS DE LA FUERZA Y LA FE PARA LOGRARLO!
José Jorge Aldecoa DaviesSan Isidro, 1º de septiembre de 2009
[1] De esta superficie, 180.165 km2 serían aportados por Chile -lo que representa el 25 % de su territorio- y Argentina sumaría 160.670 km2 (6 % de su suelo).[2] “El dictamen establecía que los tribunales chilenos quedaban impedidos de otorgar servidumbres mineras a yacimientos argentinos y, tal vez más relevante que eso, la Comisión Administradora del Tratado ya no tendría facultades jurisdiccionales, quitándole el carácter de “país virtual” al Área de Operaciones del Tratado. Es decir, a pesar de que se rechazaba la inconstitucionalidad en la forma y en el fondo, habíamos logrado gran parte de nuestros objetivos”